Cables cruzados

Raymundo Riva Palacio | Estrictamente Personal

0
514

López Obrador quiere dejar la huella indeleble de que él logró, con la reforma electoral, la democratización del país, pero sus cables están cruzados.

La reforma electoral es vista por el presidente Andrés Manuel López Obrador como su gran legado. Tiene sus megaproyectos, su promesa incumplida de combatir la corrupción y su lucha perdida contra la pobreza, pero la reforma electoral, que no formaba parte de sus prioridades públicas al iniciar el sexenio, la terminó convirtiendo en una lucha personal y en el leitmotiv de lo que llama la cuarta transformación. Quiere dejar, dicen algunos de sus colaboradores, la huella indeleble de que él logró, con esta reforma, la democratización del país, pero sus cables están cruzados. La democratización está corriendo hacia atrás.

La democratización mexicana comenzó con la lucha de muchos cuando él escribía himnos para el PRI en Tabasco. Iba lenta, pero avanzaba. Se aceleró en el gobierno de Carlos Salinas, que desmanteló el corporativismo y el clientelismo, y realizó las primeras reformas de segunda generación por la necesidad de integración con Estados Unidos y Canadá. Las profundizó el gobierno de Ernesto Zedillo, que consumó la ciudadanización del entonces Instituto Federal Electoral, y prosiguió la construcción de órganos autónomos. Los siguientes gobiernos fueron más pausados, pero siguieron edificando contrapesos.

Todos esos gobiernos que López Obrador llama “neoliberales” y “conservadores” y acusa de saqueo y destrucción del país, de maneras diferentes fueron arquitectos para que López Obrador pudiera llegar a la Presidencia en elecciones legales, legítimas y con reglas de juego parejas. La democratización del país no comenzó con él. Todo lo contrario, fue un beneficiario del trabajo de muchos otros que hoy acusa, difama y hostiga. Su sueño de impulsar un modelo de organización social y política –que es lo que compone una democracia–, y dejarla como su gran legado histórico, va en sentido contrario a lo que piensa y a lo que cree, directo a la ignominia.

Regresó el corporativismo y el clientelismo como no se veía desde los 70 –la prueba, la contramarcha del 27 de noviembre–; ha ido demoliendo los contrapesos, haciendo a las instituciones autónomas víctimas de su colonización, y los órganos electorales, que se fueron reformando en el Congreso en buena medida por sus presiones tras perder dos elecciones presidenciales, los ha repudiado, buscando la forma de ajustarlos para revertir aquello por lo que se trabajó durante tantos años, y que el partido en el poder vuelva a controlar las elecciones. Pretende restaurar la hegemonía priista que acabó en 2000, 22 años después.

¿Qué ha hecho López Obrador por la democratización de México? Destruirla, e impulsar una reforma electoral violatoria de la Constitución. Para ello pretendió chantajear a la oposición para que lo respaldara en las cámaras, y cuando no lo logró, buscó una puerta en el callejón oscuro para incorporar algunos cambios en las leyes secundarias. Pero arbitrario y atrabiliario como es el régimen, volvió a injertar modificaciones que violaban la Carta Magna. El veterano columnista de Excélsior, Francisco Garfias, resumió con asombro y decepción lo que vivió estos últimos días en San Lázaro. “He visto muchas trapacerías en el Congreso desde que recorro los pasillos en las dos cámaras… ya más de tres décadas”, apuntó. “Pero lo que nunca había visto es tanto desaseo parlamentario acompañado de otro tanto de cinismo y abyección para complacer la voluntad de un hombre”.

La minuta de la reforma aprobada sin leer por los diputados oficialistas llegó al Senado, donde se encontraron 21 inconstitucionalidades, de las cuales el gobierno rechazó 15. Y se fue para adelante. López Obrador, un descreído de las leyes, dijo el martes que si la oposición veía inconstitucionalidades, la impugnaran en la Suprema Corte de Justicia, donde no llegarían a nada porque su reforma electoral se ajustó a lo que marca la Constitución. Según el análisis del Senado, las violaciones son flagrantes. Las consecuencias, nada menores.

Veintiún exconsejeros electorales, entre ellos tres expresidentes, entregaron esta semana una carta a la Mesa Directiva del Senado sobre las regresiones de la reforma lopezobradorista y el daño que causará a la democracia mexicana, que también son violatorias de la Constitución. Las 11 consejeras y consejeros del INE advirtieron ayer que la reforma lopezobradorista pone en riesgo la operación de los procesos electorales al pretender desaparecer las juntas ejecutivas distritales que instalan casillas, realizan el cómputo de votos y confeccionan el padrón electoral; reducir en 84.6 por ciento el Servicio Profesional Electoral, lo que impacta en la eficacia y eficiencia en los proceso electorales y la credencialización, y modificar la selección de las y los funcionarios de las mesas directivas de casilla, que reciben y cuentan los votos de sus vecinas y vecinos, impidiendo elecciones libres y auténticas.

La reforma modifica las reglas del juego democrático que se han ido construyendo desde los 90, debilitando al árbitro electoral y fortaleciendo a López Obrador y a su partido. No es cierto que esta reforma electoral sea un avance en la democratización del país, ni la verdadera democratización del país. El Presidente puede estar convencido de ello, pero, como en otros temas, tiene los cables cruzados. Su idea de la democracia está equivocada. Lo que está construyendo es un camino antidemocrático, que han hecho otros demócratas iliberales como él, que utilizaron las reglas de la democracia para destruirla, porque no creen en las instituciones, ni en las normas, ni en los contrapesos, ni en el Estado de derecho.

Este es el verdadero legado que dejará López Obrador, aunque aún no está nada escrito en definitiva. La reforma quedó inmersa en un intenso litigio parlamentario donde la votación del pleno la tenía asegurada Morena con sus aliados, el PT y el Verde, al necesitar sólo la mayoría simple. Hoy es todavía un forcejeo político por la falta de consenso nacional, pero si López Obrador impone su voluntad, porque el Presidente no va a dejar que suceda lo contrario, ni dará concesiones por lo pronto, irá a la Suprema Corte de Justicia. No le importa. La reforma es su legado histórico, como ha dicho a sus colaboradores, y no permitirá que nadie le arruine el sueño.