Y como no celebrar los esfuerzos que legisladores como los encabezados por el Senador sin partido Emilio Álvarez Icaza Longoria, promueve con el aporte de periodistas del interior del país y de los conocidos como Rogelio Hernández López y Sara Lovera; cuando en nuestra entidad, más que avanzar se retrocede y se va en contra del activismo de la mayoría del gremio.
Y es que llama la atención que por más que hayan festinado desde la mayoría legislativa de Morena en la anterior legislatura y el actual Jefe del Ejecutivo, la nueva Ley de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, en unión de los “liderazgos” del gremio, ésta no tenga ni pies ni cabeza.
Por ejemplo: mientras a nivel nacional se lucha porque los organismos defensores de los y las periodistas se mantengan autónomos y no se conviertan en un apéndice de las Comisiones de Derechos Humanos, en Durango se festinó que ello haya sucedido.
De tal forma que será a partir del ya próximo 1 de enero 2022 que el decreto que contiene esta nueva Ley entrará en vigor, y con él un Mecanismo Estatal dependiente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que cederá al menos el 13% de su Presupuesto Anual de Egresos, que le asigne para el próximo año en El Congreso del Estado.
Y que de acuerdo con el histórico presupuestal de la CEDH podrían ser alrededor de 3.5 millones de pesos anuales, es decir que el mecanismo contaría aproximadamente con 280 mil pesos mensuales para hacer frente a la carga que le concede el decreto expedido el 27 de mayo de 2021.
Es una ley que ni siquiera puede considerarse espejo de la nacional, que de haberlo sido, sería lo mejor que le pudiera pasar al gremio.
Sin entrar en esta ocasión al fondo del contenido de la nueva Ley, establece una estructura dos veces. la integración del Mecanismo, en su Capítulo VIII dice que se integra por una Junta de Gobierno (Artículo 32), una Secretaria Ejecutiva y la participación de la CEDH.
Mientras que en el Capítulo IX que el Mecanismo estará integrado (Artículo 36) por: un representante de la Secretaría General de Gobierno, de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado. En este caso por el diputado priista Ricardo Pacheco, quien preside dicha comisión. Un representante por cada asociación de periodistas, un visitador de la CEDH y dos representantes de personas defensoras de derechos humanos.
Y aunque esta segunda mención de integración del Mecanismo Estatal recién creado, se antoja más que sean los miembros de la Junta de Gobierno, no es así, porque en un segundo Capítulo IX -si la Ley tiene dos capítulos IX- define a otros como los miembros de la Junta, distintos a los anteriores.
Pero además esta nueva ley, no define en ningún espacio de su contenido, quien de la nueva estructura tiene la obligación de establecer la comunicación con el mecanismo federal, a fin de que se cumpla con los tiempos y la protección que marca la norma federal.
Se les olvido al legislador y a los líderes de los comunicadores que participaron en su construcción, que los delitos cometidos contra periodistas son de competencia federal y no estatal.
Destaca también que a pesar de que Durango es la segunda entidad que eleva a rango constitucional la “Cláusula de Conciencia”, ni los parlamentarios ni los interesados conocen el significado de ésta, tan es así, que aunque le dedicaron una sección con cuatro artículos, en sus cinco párrafos nunca plasman el espíritu de la cláusula de conciencia.
Pero regresando a la iniciativa que promueve Álvarez Icaza, con esta se estaría haciendo frente a los problemas que la labor periodística padece, varias vulnerabilidades y un sin número de riesgos: dificultades y presiones, como las agobiantes cifras de asesinatos, desapariciones, amenazas y una extensa tipología de agravios, incertidumbre jurídica y laboral, escasez de capacitación continua, bajos salarios, ausencia de seguridad social, de atención a la salud, desempleo o en su defecto precariedad en el empleo, y que justifica el contenido de la iniciativa.
Misma que estaría protegiendo –de aprobarse- nueve derechos más para los y las periodistas y que se suman a los cuatro que tutela la constitución. La reforma en su mayoría impacta a la Ley Federal del Trabajo.
