El Viaducto Bicentenario estaría siendo explotado de manera ilegal, de acuerdo con una demanda que será solventada en tribunales.
Este jueves se llevará a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, la audiencia inicial solicitada por la FGR para formular imputación en contra de varios exservidores públicos del Gobierno del Estado de México y directivos (actuales y pasados) de Aleatica -antes OHL México-, por la explotación del Viaducto Bicentenario sin concesión otorgada por el Gobierno Federal, así como por los delitos de asociación delictuosa y usurpación de funciones públicas.
La carpeta de investigación judicializada se inició a partir de una denuncia presentada por Paulo Díez.
El Viaducto Bicentenario está construido sobre la autopista federal México-Querétaro, por lo que, según ha sido confirmado por los tribunales federales, por la FGR, por la SICT y por el propio Gobierno del Estado de México, el Viaducto Bicentenario es una vía general de comunicación sujeta exclusivamente a la jurisdicción y competencia de los poderes federales, y sólo podría ser explotada por un particular al amparo de una concesión otorgada por el Gobierno Federal.
Aleatica no cuenta con un título de concesión otorgado por el Gobierno Federal y, sin embargo, cobra una cuota de peaje por el uso del Viaducto Bicentenario, es decir, explota esa vía general de comunicación.
De acuerdo con el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, se sancionará con prisión de 2 a 12 años a quien explote un bien de la Nación sin concesión otorgada por la autoridad federal competente.
En este caso, la única autoridad competente es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes federal, por conducto de su titular.
La misma Ley prevé que las obras que se realicen en inmuebles federales sin concesión federal, se perderán en beneficio de la Federación, sin que proceda indemnización o compensación alguna.
De acuerdo con lo planteado por Paulo Díez, Aleatica ha podido explotar ilegalmente el Viaducto Bicentenario gracias a la participación activa de diversos servidores públicos, muchos de los cuales están citados a la audiencia de hoy.
En caso de que se confirme la comisión del delito, además de las penas de prisión que prevé la Ley, el Gobierno Federal recuperaría en beneficio de la Nación una vía general de comunicación que ha sido explotada por Aleatica durante más de 10 años, sin tener una concesión federal que se lo permita.
Además, por tratarse de un delito previsto en la Ley General de Bienes Nacionales, Aleatica no tendría derecho a recibir indemnización alguna, pues la recuperación del Viaducto Bicentenario no afectaría un derecho, sino que impediría que un particular se siga beneficiando sin derecho alguno de un bien que, por disposición de ley, le pertenece a la Nación.
