Samuel García ha ofrecido un inusual espectáculo de autodemolición política. Entrampado por sí mismo en busca de imponer un interino-guardaespaldas, terminó perdiendo la candidatura presidencial (que correspondía a una estrategia de división del voto opositor) y, en consonancia con lo que ha reiterado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podría complicar su estancia inmediata en la gubernatura de Nuevo León e, incluso, en un escenario rígido, ser sujeto a juicio por delitos relacionados con la usurpación de funciones.
García dio una escandalosa muestra de enredos jurídicos y políticos pero, sobre todo, de gran preocupación por el hecho de que un interino distinto a su partido e intereses hurgara en el control de los fondos públicos manejados durante la administración fosfo fosfo.
Recientemente, según ha detallado el periodista César Cepeda, la Auditoría Superior del estado de Nuevo León reportó inconsistencias por decenas de miles de pesos en el ejercicio presupuestal de esa entidad, e incluso señaló la necesidad de esclarecer gastos como los hechos por Mariana Rodríguez, la impulsora principal de la imagen política de su esposo, desde una oficina creada especialmente para ella, de denominación intencionalmente electoral: AMar.
Puesto a decidir entre servir al proyecto que buscaría desbancar a Xóchitl Gálvez del segundo lugar en la contienda presidencial, o proteger las hechuras en Nuevo León que sus opositores le investigarían no por ánimos justicieros, sino de guerras facciosas (tan corruptos y reprobables unos como otros), Samuel reculó y decidió recuperar la silla de gobierno a como diera lugar.
En esa desesperación volvió a cometer errores graves, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, a través del ministro Laynez, que el Congreso del estado tiene la facultad de nombrar al gobernador interino y que, en tanto no se resolviera el fondo del litigio, ninguna de las partes involucradas debería realizar movimientos o nombramientos, bajo ninguna denominación.
Sin embargo, Samuel retomó atropelladamente el poder gubernamental minutos después de que el interino, Luis Enrique Orozco (perteneciente al otro bando mafioso, el de PRI y PAN), se había presentado al palacio de gobierno para asumir la sustitución.
Ayer mismo, en jugada de desviación de la atención pública, García arguyó haber recibido una carta con supuestos requerimientos altamente corruptos del prianismo a cambio de aprobar el interinato deseado por la pareja fosfo fosfo. Una narrativa tan explícita y desproporcionada, de tramposos que dejan constancia escrita de sus pedimentos usualmente orales y no comprobables, llama a suspicacia.
La Corte ha reiterado su postura de que el gobernador en funciones es el ya nombrado por el Congreso (el citado Orozco), y aún falta ver si el aviso de reasunción es aprobado o rechazado por el mismo Congreso local y, en caso de que de manera categórica se sostenga el interinato semestral de Orozco, se abriría la puerta a procesos judiciales contra el usurpador García, que habría cometido delitos, entre otros el de usurpación de funciones.
Por otra parte, la renuncia de Samuel a la virtual candidatura presidencial deja a Movimiento Ciudadano en una situación complicada, pues carece de cuadros de cierta talla para retomar decorosamente la estafeta. El proyecto de diferenciación que Dante Delgado sostuvo (no aliarse con otros partidos; mantener carta propia) entra ahora en una fase de devaluación, en el que algunas voces internas insisten en el reavivamiento de relaciones con el frente xochitleco (Gálvez ya hizo algún guiño declarativo al respecto) y, desde luego, en la persistente incógnita respecto a Marcelo Ebrard, quien sigue esperando cumplimientos de presuntos entendimientos con Claudia Sheinbaum, sin decidirse aún a reconocerla plenamente como legítima ganadora de las encuestas internas.
Y, mientras Sheinbaum insiste en pripanizar su proyecto y ha incorporado a piezas evidentes de la clase política en algo llamado Encuentro con la sociedad civil, ¡hasta mañana!
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