Lo que ha hecho el INE es una transgresión democrática que lleva a la previa censura, prohibida en la Constitución de la Ciudad de México.
El 6 de julio pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral cometió el ataque más grande a la libertad de expresión de su historia, al aprobar unánimemente que para el proceso electoral que arranca en octubre, los programas de opinión, análisis y debate van a ser monitoreados. Esto significa, para efectos prácticos, que las consejeras y consejeros, violando dos artículos constitucionales y uno de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, votaron por la previa censura, colocaron un candado al pensamiento crítico, y pretenden imponer la ley electoral más regresiva y antidemocrática del continente. En síntesis, quieren asesinar la libertad de expresión.
El acuerdo que modifica un criterio seminal de 2014, fue presentado por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, 24 horas después de haber conversado con el vocero presidencial y jefe de la maquinaria de propaganda gubernamental, Jesús Ramírez Cuevas. No se sabe si, como se comentó en la prensa, Ramírez Cuevas le fue a dar instrucciones a Taddei, pero las sospechas tienen sustento.
Taddei es una persona ligada al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, presidente también del Consejo Nacional de Morena, que ha ido colocando a sus cercanos en el INE. Por el otro lado, la óptica: ¿un día después de hablar con el emisario del presidente Andrés Manuel López Obrador presenta el acuerdo? Ni las formas cuidó, más allá de que pudiera haber sido ese el tema de su encuentro la víspera. Pero si ella, por ignorancia, incompetencia o en acatamiento de una orden, trabajó el acuerdo y lo presentó ante el Consejo General, ¿en que estaban pensando sus miembros para aprobarlo sin objeción?
