Entre la oleada de disgustos que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dio al Gobierno de Joe Biden en junio pasado, hubo una sentencia relevante a su favor. Los jueces dictaminaron que el presidente tenía capacidad para poner fin al programa migratorio del anterior presidente, Donald Trump, conocido como Quédate en México. Este lunes, otra decisión judicial ha despejado el camino y el Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado que procederá a retirar de forma ordenada el programa.
Los Protocolos de Protección al Migrante (PPM) son el burocrático nombre de un programa que obliga a la mayoría de los solicitantes de asilo a esperar la resolución de su caso en campamentos para inmigrantes en México. La iniciativa fue instaurada por Donald Trump y Joe Biden prometió terminar con ella yen la campaña que le aupó a la presidencia.
Biden acordó suprimir esa política tras asumir la presidencia. Sin embargo, el Estado de Texas impugnó la decisión y un juez de distrito exigió en agosto de ese mismo año volver a aplicar esos protocolos. El caso llegó al Supremo, que dio la razón al Gobierno de Biden el pasado 30 de junio, y tras ello el juez de distrito ha retirado su orden este lunes.
Poco después de conocerse esa nueva resolución, el DHS ha expresado su satisfacción. “El DHS se ha comprometido a poner fin a la aplicación de los MPP ordenada por el tribunal de una manera rápida y ordenada. Las personas ya no están siendo inscritas en el MPP, y quienes actualmente se encuentran en el MPP en México serán dados de baja cuando regresen a su próxima cita con el tribunal. Las personas que se den de baja del MPP continuarán su proceso de expulsión en Estados Unidos”, ha señalado en un comunicado. Varios miles de migrantes obligados hasta ahora a esperar en México podrán, por tanto, entrar en Estados Unidos para tramitar sus solicitudes de asilo.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, sostiene que el programa Quédate en México “tiene defectos endémicos, impone costes humanos injustificables y desvía recursos y personal de otros esfuerzos prioritarios para asegurar la frontera”.
Biden trató de dejar de aplicar también el llamado Título 42, que permite a las autoridades fronterizas expulsar a los inmigrantes sin darles la oportunidad de solicitar asilo para limitar la propagación del covid. Sin embargo, otra orden judicial de mayo, forzó a Biden a seguir aplicándolo.
La inmigración se ha convertido en eje de la batalla política en Estados Unidos. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abott, ha estado enviando miles de inmigrantes en autobús a Washington y, ahora también a Nueva York para tratar de presionar a la Casa Blanca.
Mientras, en el Partido Republicano se instala un discurso cada vez más incendiario contra la inmigración irregular, como se puso de manifiesto en el congreso conservador de la semana pasada en Dallas (Texas), en el que algunos pidieron un procesamiento político (impeachment) de Mayorkas.
El propio Trump encabezó ese discurso extremo: “Debemos detener la invasión en nuestra frontera sur. Nuestro país está siendo invadido como por una fuerza militar”, dijo en su intervención de clausura en referencia a la inmigración ilegal, a la que ligó una y otra vez con la delincuencia: “Vamos a pagar un precio muy alto durante muchos años en términos de terrorismo y crímenes”.
