¿Qué sabemos del trabajo agrícola cuando el campo queda tan lejos? Gabriela Warkentin habla en este nuevo episodio de ‘Al habla… con Warkentin’ con varias jornaleras y la organización Proyecto Periplo sobre las malas condiciones de trabajo en el campo mexicano y al otro lado de la frontera, en Estados Unidos. “Tenemos que visibilizar lo que pasan mujeres del campo y promover la capacidad que tienen ellas de ser sus propios agentes de cambio”, dice Pamela Ríos, de la organización que forma parte de Fundación Avina y que impulsa la campaña #EllasHablan.

Según cifras oficiales, hay tres millones de personas trabajando en el campo mexicano, desplazadas de su lugar de origen. De ellas, el 12% son mujeres, es decir, unas 360.000 mujeres que solo son la punta del iceberg. Detrás del conteo de las organizaciones y el Gobierno, cientos de personas trabajan de manera irregular. Sin contratos, sin derechos. En 2021, unas 260.000 personas obtuvieron la visa H2A para trabajar en el campo de Estados Unidos. “Nos levantamos desde las 04.00 de la mañana y trabajamos hasta las 21.00 horas. No había agua y me enfermé de salmonelosis, pero no tenemos opciones y uno se tiene que arriesgar”, dice Rosaura Félix, una jornalera de San Luis Potosí que migra a EE UU para trabajar en la cosecha de blue berry. “Entramos al campo desde que somos niños”, asegura.

Yire García, trabajadora agrícola en el Valle de San Quintín (Baja California), es jornalera desde los 10 años. “Me despidieron por estar en embarazada”, cuenta. Su hija murió poco después de dar a luz “yo creo que fue por los químicos usados en el campo, ojalá las leyes nos protegiera del acoso y del abuso laboral”, afirma la joven. “Si una exige sus derechos, el patrón nos manda golpear”, dice un testimonio recogido por Proyecto Periplo.

Hermelinda Santiago Ríos, de Guerrero, migra a los Estados del norte de México para trabajar. “He sido maltratada, explotada, humillada, perdí a mi mamá y a mi hermano y no tuve el respaldo de las autoridades para poder enterrarlos”, se lamenta la mujer. “Necesitamos que se mejoren las condiciones en las que vivimos, que nos pongan agua y que podamos ir al baño en condiciones dignas”, añade en su intervención.

Mientras tanto, el Estado mexicano tiene que asumir su responsabilidad y hacer que se cumplan las obligaciones de seguridad laboral y social recogidas en el tratado de libre comercio con EE UU y Canadá (T-MEC). Por su parte, la sociedad, como consumidores, “deben responder y saber qué hay detrás de los productos”, dice Pamela Ríos. “Cosechamos muchas toneladas al día para ganar 200 pesos”, dice Hermelinda Santiago.

“Volteen a ver nuestro trabajo”, pide Yire García. “Si nosotros no trabajáramos, en las mesas no habrían alimentos que comer”, afirma la jornalera.

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