CIUDAD DE MÉXICO.- Datos personales de narradores, historiadores, ilustradores, poetas y funcionarios del Fondo de Cultura Económica (FCE), así como de periodistas y promotores culturales, fueron revelados por la Unidad de Transparencia, a través de una solicitud de información que ya es pública y cuyo folio se reserva por seguridad de los afectados, pese a que por ley se debe garantizar la protección de este tipo de información y el derecho a la privacidad.
Entre los personajes cuyos datos fueron expuestos destacan el historiador Adolfo Gilly, autor de La revolución interrumpida; escritores como Marco Antonio Campos, Francisco Hinojosa, Sergio Téllez Pon, Mónica Brozon y Fabio Morábito, ganador de premios como el Xavier Villaurrutia (2018).
También José Reveles, especialista en temas de derechos humanos en México y autor de El cártel incómodo; los ilustradores Valeria Gallo y Rafael Barajas, El Fisgón; la escritora la Silvia Molina, presidenta del Seminario de Cultura Mexicana; el gerente general del FCE, Guillermo Fernández, quien falleciera en junio pasado, y Marco Barrera-Bassols, coordinador de Vinculación Internacional del Fondo.
La información fue emitida por el FCE en respuesta a una solicitud respecto al uso de vehículos, interpuesta mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en la que un usuario pidió datos sobre las unidades utilizadas por la paraestatal, así como las características del transporte empleado.
Sin embargo, la institución dio a conocer bitácoras completas con nombres, domicilios particulares y laborales de decenas de personas a las que habitualmente envía mensajería, paquetería y kits de prensa. Además, pormenoriza trayectos seguidos para trasladar a colaboradores, autores del sello editorial y de su personal para asistir a conferencias, reuniones de trabajo y presentaciones, con su ubicación específica.
La relación de servicios de transportación terrestre otorgada por el Departamento de Servicios Generales del FCE incluye, a petición del solicitante de la información, la fecha del traslado y el usuario del vehículo; y aclara que los viajes fueron requeridos por áreas como el Departamento de Formación Lectora, la Dirección General, Comunicación Social y la Subgerencia de Gestión Editorial, entre otras.
Sin embargo, y sin que la solicitud de información lo requiriera, se aportó el nombre del destinatario o destino del viaje, especificando calle, número, colonia, alcaldía, código postal, ciudad, número interior o departamento e, incluso, si se encuentra frente a algún comercio reconocible o las calles entre las que está el domicilio y, en algunos casos, se añadió el teléfono particular del autor o funcionario.
Por ejemplo, se puede saber que, el 27 de marzo pasado, Ezra Alcázar, subgerente de Control de Gestión del FCE, solicitó que le fuera entregado un documento a la dramaturga Sabina Berman, en un departamento ubicado en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, y le ordenó al mensajero “esperar firma y regresar con el contrato firmado” (sic).
También que, el 29 de febrero de este año, la Dirección General solicitó un transporte para llevar a los autores Alberto Chimal y Raquel Castro al centro de Texcoco, a quienes recogió en un departamento de la alcaldía Álvaro Obregón.
El 30 de enero pasado, Rosa Pretelin, subgerente de Reimpresiones y Gestión de Derechos, solicitó la entrega de ejemplares al escritor Francisco Hinojosa, en un departamento de la alcaldía Cuauhtémoc, y a la autora de cuentos para niños Vivian Mansour, en una casa de
Coyoacán, entre muchos casos más.
Excélsior consultó la PNT para saber si existió alguna indicación por parte del Comité de Transparencia para omitir la información personal y detectó que sí realizó la Décima quinta sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del FCE 2020 para determinar si existía información confidencial. El documento sí registra la protección de ciertos datos, por ejemplo, las facturas que comprobarían los gastos, pero en ningún momento acordó la protección de información personal de los autores y colaboradores del FCE.
Dicha acta fue suscrita por Paco Ignacio Taibo II, director del FCE; Héctor Ignacio Mejía Alvarado, titular del Órgano Interno de Control; y Luis Enrique Miramontes Higuera, responsable del Área Coordinadora de Archivos.
VIOLAN LEY
La Constitución establece, en su artículo 16, el derecho de toda persona a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición al tratamiento de su información, conocidos como derechos ARCO. Dentro del derecho de oposición, los titulares pueden exigir que pare el uso de sus datos personales por alguna causa legítima, a fin de evitar daños a su persona.
Por su parte, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados indica que los responsables del manejo de información deben “establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales”.
Aclara que, ante una vulnerabilidad de la seguridad, el responsable debe analizar las causas por las cuales se presentó e implementar acciones preventivas y correctivas.
Asevera que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) podrá imponer sanciones como amonestaciones públicas o multas entre 150 hasta mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), esto es entre 13 mil 20 pesos y 130 mil pesos.
