Es necesario fortalecer al Coneval para evitar que se vulnere su autonomía o se cambien la metodología de medición de la pobreza y los mecanismos de evaluación de programas sociales sin los consensos suficientes o violando el marco legal de la institución, consideraron expertos luego de la destitución de Gonzalo Hernández Licona al frente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Roberto Vélez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), señaló que ante la coyuntura que vive Coneval, “más que nunca su autonomía constitucional debe verse plasmada en una legislación reglamentaria. El país requiere de una institucionalización del Coneval que garantice mantener su solidez y autonomía técnica”.
En el 2004 se creó el Coneval y en 2014 se legisló para elevar a rango constitucional su autonomía, la personalidad jurídica y patrimonio propio.
Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social con Equidad en el CEEY, apuntó que el Legislativo aprobó la autonomía de Coneval, pero solo la Cámara de Diputados pasó la Ley reglamentaria y quedó pendiente de legislar en el Senado. “Sí hay un vacío jurídico y limbo legal en el que ha estado operando Coneval desde hace al menos tres años, y eso es lo que lo hace vulnerable”, expuso Vélez.
Rogelio Gómez, coordinador de la organización Frente a la Pobreza, señaló que espera que “se respete la autonomía y se cuide la credibilidad de Coneval”.
De acuerdo con el propio organismo, a pesar de ser una instancia gubernamental al interior de la Secretaría de Bienestar, ha gozado de autonomía gracias a la integración de su máximo Órgano de Gobierno.
El Órgano de Gobierno está formado por seis consejeros, el titular de Bienestar y un representante de la Secretaría de Hacienda. Los consejeros son elegidos por convocatoria pública y deben cumplir requisitos técnicos como estar en activo, dedicados a temas de evaluación de programas sociales y al estudio y medición de la pobreza y con un perfil apartidista.
