
DURANGO, DGO.- Héctor David Flores Ávalos, uno de los funcionarios más cercanos al exgobernador José Rosas Aispuro Torres, aparece en un expediente radicado ante los jueces de Distrito especializados en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Durango.
La lista de acuerdos publicada el 15 de julio registra dos actuaciones —una incidental y otra principal— dentro de la causa penal J126/2026, ambas relacionadas con Flores Ávalos. El documento público no precisa el delito que dio origen al expediente ni establece si el exfuncionario figura como imputado, denunciante, víctima o representante legal.
La aparición de su nombre adquiere relevancia política por la posición que ocupó durante el gobierno de Aispuro Torres. Flores Ávalos fue secretario general de Gobierno entre septiembre de 2020 y diciembre de 2021, periodo en el que formó parte del núcleo de decisión de una administración que, al concluir en septiembre de 2022, dejó señalamientos por desvíos, adeudos a proveedores y otras irregularidades financieras.
En círculos políticos se ha sostenido que el actual gobierno estatal podría proceder contra antiguos integrantes de aquella administración por el quebranto financiero heredado. Hasta ahora, sin embargo, ninguna autoridad ha informado oficialmente que la causa J126/2026 esté relacionada con esos presuntos desfalcos, por lo que vincular ambos hechos constituye todavía una hipótesis y no una conclusión judicial.
Abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, Flores Ávalos llegó al Senado en 2015 como suplente de Aispuro Torres, después de que éste solicitó licencia para competir por la gubernatura. Más tarde se incorporó a su gabinete y, al final de 2021, dejó la Secretaría General de Gobierno para buscar la candidatura de la alianza PAN-PRI-PRD al gobierno de Durango.
El registro judicial abre ahora una nueva línea de seguimiento sobre uno de los personajes con mayor cercanía política y jurídica al exgobernador. El dato comprobable es que su nombre ya forma parte de una causa penal federal; lo que falta por establecer es el motivo del procedimiento, la calidad con la que interviene y si el expediente alcanza o no las responsabilidades derivadas del sexenio anterior.














