Todo indica que Mario Aburto Martínez pronto estará libre. Lo más lejos que debería quedar su liberación sería el 23 de marzo del año próximo, cuando se cumplirán 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en tiempos en que tal postulación significaba un triunfo electoral asegurado.
Tres décadas sería la máxima sanción aplicable a Aburto conforme a la legislación penal correspondiente a Baja California, donde sucedieron los hechos. Pero el aparato federal, controlado entonces por Carlos Salinas de Gortari como presidente, cometió una serie de abusos de poder que terminó condenando al presunto asesino solitario a 45 años de cárcel, conforme al código penal federal.
Ahora, un tribunal colegiado ha declarado inválida la sentencia federal (45 años) y ha ordenado que se emita una nueva resolución, en la jurisdicción de Baja California (30 años). No se trata necesariamente de reponer el proceso o de intentar una declaratoria de inocencia. Pero, conforme a lo que ha planteado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra, la revisión de la pena significaría un paso más para lograr la verdad y la justicia en un caso que (…) está plagado de irregularidades, omisiones, encubrimientos y que, tarde o temprano, deberán ser plenamente esclarecidos.
La CNDH de Piedra Ibarra realizó investigaciones consignadas en la Recomendación 48VG/2021, que ha establecido que hubo graves fallas en la defensa jurídica del caso Aburto y en el actuar de jueces y funcionarios de anteriores administraciones de la CNDH, con torturas, fabricación de pruebas, vicios y fallas procesales continuas.
En su documento (DGDDH/037/2023) del pasado domingo, al conocerse la resolución del tribunal colegiado, la CNDH señaló en varias ocasiones que las violaciones a los derechos humanos no se circunscriben a Aburto y su familia, pues afectan a todo el pueblo mexicano (…) al negársele el derecho a la verdad.
El posicionamiento de la CNDH va más allá del punto específico de Aburto y familiares y habrá de verse el alcance judicial que pudiera generar. ¿Quiénes son responsables de tan elaborada maquinación que usó gran cantidad de recursos públicos, fiscalías especiales, informes voluminosos y declaraciones mediáticas al por mayor, pero encubrieron el fondo del asunto?
Faltan varias fases de un proceso judicial confeccionado para servir al interés encubridor de un poder criminal, en cuya cúspide estuvieron el presidente Salinas de Gortari y su hermano Raúl, acompañados de programadamente fallidos fiscales especiales (varios, desde la matriz carpicista de los investigadores jurídicos de la UNAM) y procuradores e investigadores policiacos torcidos.
El presidente López Obrador ofreció a Mario Aburto la protección del gobierno federal en caso de que se decida a contar la verdad de los hechos que vivió o en los que fue involucrado. La CNDH de Piedra Ibarra asegura que persistirá en que se esclarezca lo sucedido en Lomas Taurinas.
En la cerrada pelea política y electoral que sostienen los poderes Ejecutivo y Judicial, ayer la mayoría de Morena y sus aliados en una comisión de la Cámara de Diputados dejó todo listo para que en el pleno de San Lázaro se formalice el retiro de fideicomisos del Poder Judicial que, dijo el morenista Hamlet Almaguer, es una pena de muerte a los privilegios del Poder Judicial de la Federación.
Y, mientras Claudia Sheinbaum cumple este domingo con una visita a Villahermosa, Tabasco, que pospuso más de 20 días atrás, todo en medio de la nunca explicada ausencia de Adán Augusto López en las actividades de la virtual candidata presidencial (semanas atrás se dijo que AA sería presidente de Morena o coordinador nacional de la campaña claudista y ahora se dice que será enlace en las nueve entidades en que habrá relevo de gobernantes, incluyendo el feudo Tabasco), ¡hasta mañana!
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