Elementos de seguridad inspeccionan el sitio de una conferencia de Omar García Harfuch, el 25 de septiembre. DANIEL AUGUSTO (CUARTOSCURO)

Las campañas electorales plantean en México un nuevo escenario para la violencia y el país anda sumido ya en un proceso adelantado donde los candidatos se van perfilando para las elecciones de junio de 2024, de nuevo las más grandes de la historia por el número de cargos en juego. El Gobierno ha anunciado que las dos aspirantes presidenciales, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, contarán con protección del Ejército en los meses que siguen.

El país lleva un mes de terror desenfrenado, con cadáveres que aparecen por cualquier parte, secuestros, torturas, quema de vehículos, narcobloqueos, ejecuciones. El cómputo total de víctimas mortales superará este sexenio las cifras conocidas, como ha reconocido el propio Gobierno. Pero la campaña añade intereses distintos que no siempre se explican por la presencia del narco, aunque los asesinatos se hagan pasar en ocasiones por ajustes de cuentas entre los cárteles. La violencia en el seno de los partidos o por las diferencias entre ellos se dirimen a balazos en no pocas ocasiones, por no hablar del propio día de los comicios. En las elecciones intermedias de 2021 se contaron 101 homicidios políticos y un número mayor de delitos, entre los que se incluyen cuatro candidatos secuestrados cuyo paradero aún se desconoce, según la organización Noria Research.

El parteaguas en el país norteamericano fue el asesinato a tiros de Luis Donaldo Colosio un 23 de marzo de 1994 en Tijuana, cuando se dirigía a su camioneta tras participar en un mitin. Por aquel entonces la seguridad era escasa, la proporcionaba el partido, pero también la violencia era infinitamente menor. Del caso Colosio todavía se desconoce quién estuvo detrás del crimen, aunque el agresor fue detenido. La tendencia a acusar al narco como agresor genérico, es ahora tan acusada, que esa expresión se ha vaciado de contenido. Basta imitar el modo de operar del crimen organizado, las armas, las balas, para que la investigación no vaya más allá. Pero a veces, se trata de fuego amigo.

Las organizaciones que se dedican a contar y a medir la incidencia de la violencia en México normalmente recurren a las noticias de la prensa para su estadística y se quejan de que la protección, que debe solicitarla el candidato que sienta que la precisa, concluye el día de las votaciones, cuando el riesgo muchas veces se extiende más allá de esa fecha, tanto si el objetivo ganó como si perdió en las urnas, porque, a veces, lo que se dirime a balazos son cuestiones sin caducidad.

“Recurrir como explicación para estos crímenes al narco es muy deficitario. Hay que determinar si el botín que buscan los asesinos es el puesto de elección al que se concurre o el propio candidato, porque, en algunos casos, el peligro no se acaba con las urnas”, dice María Teresa Martínez Trujillo, profesora del Tecnológico de Monterrey y responsable de estudios en el Programa para México y Centroamérica de Noria Research. Esta especialista en violencias señala el caso de Italia: cuando algún municipio está en peligro “desaparecen el municipio, que se reparte entre otras demarcaciones electorales” y así evitan situaciones criminales, algo que en México tendría sentido, dice, porque son esos territorios los codiciados para negocios ilícitos, por ejemplo.

La mayor parte de la violencia que se ejerce en México en tiempos de elecciones se da en municipios rurales, “un alcalde de un pueblo pequeño está más en riesgo que un candidato presidencial”, una estadística que viene certificándose sexenio tras sexenio. Y la protección policial que a veces se les ofrece no es de su agrado, más bien desconfían de ella. Pasa con muchos crímenes de otra índole. Los gobiernos no desconocen esta circunstancia, razón por la cual desde los noventa se vienen implementando diferentes protocolos de resguardo para estos candidatos. “En tiempos del presidente Felipe Calderón [2006-2012, cuando la violencia arreciaba como nunca] se establecieron las mesas de distensión política, que se organizaban en aquellos territorios donde se veían venir los conflictos, que pueden ser variados, comunitarios, por tierras o por la propia candidatura”, pone como ejemplo Martínez Trujillo.

Los mexicanos no solo conviven con la violencia diaria, unas 100 muertes de promedio, sino que están muy acostumbrados al crimen electoral. Casi podría decirse que este tiempo de tensiones políticas es solo una nube de humo para desenfundar la pistola. Asesinatos por razón de género también ocurren en estos periodos “cuando el agresor es compañero de partido de la mujer asesinada. En esos casos la explicación del narco también es recurrente”, dice la especialista, “el tipo de arma y el modus operandi te dan el juicio y la sentencia cuando ni siquiera se conoce el móvil ni el autor”.

En esta campaña no se teme especialmente por las aspirantes a la presidencia, dos mujeres cuya trayectoria no está estrechamente vinculada con la lucha contra la narcoviolencia, pero un candidato, que aún no se sabe si será el definitivo, ha puesto en guardia a medio país. Se trata de Omar García Harfuch, que acaba de dejar su cargo al frente de la policía capitalina para postularse en su partido, Morena, a la jefatura de la Ciudad de México. Ante la televisión, y todavía en el proceso interno de primarias que se resolverán con una encuesta, la ciudadanía contiene el aliento cuando se le ve dándose un baño de masas en cualquier hotel de la capital, rodeado de seguidores que le apapachan. Tienen razones para ello: García Harfuch sufrió en 2020 un atentado que dejó su coche echo un colador. Él encajó tres tiros de los 400 que se dispararon aquella mañana cuando se dirigía al trabajo y desde entonces vivió prácticamente acuartelado. Hasta hoy.

“Sería ingenuo pensar que ande por la calle sin protección. Él es policía, no solo conoce los mecanismos para resguardarse, también en su equipo deben estar muy al tanto de ellos. Seguro sabe qué barrios, qué calles son las peligrosas y cuándo ese peligro es mayor”, sostiene Martínez Trujillo, quien afirma que la Inteligencia policial tendrá perfectamente mapeado cada metro por el que se mueva. Pero la prensa le pregunta por ello, si visitará los enclaves más calientes de la capital, como el barrio Tepito, por ejemplo, donde se asienta con poderío una de las mafias criminales. El policía, favorito en las encuestas para ser el candidato de Morena, de momento, dice que se “siente seguro, muy tranquilo en los eventos” en los que participa. Se le ha visto custodiado por un grupo de agentes desarmados y él afirma que no ha solicitado seguridad especial para estas semanas.

Nunca se sabe de dónde saldrá la bala ni a qué delirios responda la agresión, pero cada candidato en México conoce sus riesgos, sus debilidades y fortalezas, si el enemigo es el narco o anida entre sus propias filas porque quiere ocupar su espacio. Todo es posible.

A los protocolos federales, algunos Estados han ido sumando los suyos propios, pero justo aquellos más violentos no han implementado esas medidas extraordinarias, según la organización Noria Research. Cita los casos de Veracruz, Michoacán, Estado de México o Puebla. Estos no son, desde luego, los únicos peligrosos. La candidata de la oposición al Gobierno, Xóchitl Gálvez, se puso a citar aquellos Estados en los que consideraba que podría ser necesaria la protección del Ejército para ella y se dio cuenta rápido de que la lista era enorme. México atraviesa horas terribles de violencia y puestos a contar, más vale hacerlo con las pocas islas de paz.