El segundo informe de la comisión presidencial que investiga el caso Ayotzinapa ignora la gran petición de las familias de los 43 normalistas estos meses, las decenas de documentos de espionaje militar que aportarían, a su juicio, información sobre el ataque y la desaparición de los estudiantes. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, señala nueve lugares cerca de Iguala como posible destino de los muchachos, todos apuntados en clave de hipótesis.
El informe cuenta 133 páginas e incorpora de manera velada el contenido de algunas de las capturas de pantalla que aparecían en el primer informe, presentadas en agosto del año pasado, luego rechazadas por otro de los equipos investigadores, el grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI). Las capturas de pantalla, inverificables según explicó el GIEI, recogían mensajes supuestamente intercambiados por decenas de presuntos delincuentes y sus familiares, parte de la órbita del grupo criminal que perpetró el ataque, Guerreros Unidos, y su red de aliados en las instituciones.
El presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, presenta oficialmente este segundo informe este miércoles. La aparición del documento ocurre horas después de que el Gobierno colgara en la página de la Secretaría de Gobernación otro texto, “Ayotzinapa. Narrativa de los hechos de acuerdo a la investigación realizada”, mucho más escueto. Según personas del entorno de Encinas, este último es parte del mismo documento, esto es, del segundo informe de la comisión. Comparados ambos, los textos se parecen, pero difieren. A diferencia del primero, además, la “Narrativa…” no incorpora los logos o el nombre de la comisión.
La confusión por la aparición medio simultánea de ambos documentos recuerda al advenimiento del primer informe de la comisión. Tras su presentación en agosto de 2022, el Gobierno trató de atajar las críticas por la falta de novedades en las pesquisas, matizando algunos de los datos aportados en una segunda presentación, días después. Así, Encinas informó a la segunda de que un general del Ejército había ordenado matar a seis de los 43 días después del ataque. El problema era que esa información se desprendía de los chats inverificables del informe, luego rechazados.
Igual que el año pasado, el enredo dura ahora una semana. Las familias de los 43 conocieron el contenido de este segundo informe el martes de la semana pasada, cuando Encinas les hizo una presentación privada. Entonces, las familias asumieron su contenido. Una persona que estuvo en la presentación dijo a este diario: “Es un trabajo más profesional que hace un buen recuento de todo lo que ha sido el proceso, incluyendo los hechos y la parte de la verdad histórica”. Encinas apenas mencionó los capturas de pantalla inverificables.
Pero todo ha cambiado desde el martes de la semana pasada. Las familias y el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron el miércoles en Palacio Nacional. La junta fue tensa. Las familias insistieron en los documentos de espionaje castrense, claves en las pesquisas, dicen, porque documentos hechos públicos por el estilo recogen conversaciones de integrantes de la red criminal de Iguala, del mismo día de los hechos, el 26 de septiembre de 2014, que tratan el destino de un grupo de al menos 17 estudiantes.
Conocedoras de las investigaciones del GIEI, las familias señalan que los documentos mencionados arriba aseguran la existencia de muchos más, cientos en realidad. El GIEI dice que estos documentos desconocidos podrían albergar nuevas conversaciones interceptadas y, por tanto, más datos del ataque y el destino final de los estudiantes. El miércoles, las familias insistieron en todo ello. Pero López Obrador se cerró en banda y asumió la postura del Ejército: estos documentos no existen.
El entuerto debía resolverse este lunes. El mandatario citó a las familias de nuevo en Palacio Nacional, mientras ganaba tiempo para preparar su jugada. Algunos pensaron que haría un último intento ante la Secretaría de la Defensa Nacional, señalando la necesidad de encontrar los documentos solicitados por el otro lado. No ocurrió así. Ausente López Obrador, Encinas y otros compañeros de gabinete se reunieron con las familias para leerles una “narrativa elaborada en el gabinete de seguridad”, según una persona presente en la reunión. Se trataba en realidad del documento que divulgó este martes el Gobierno, “Ayotzinapa. Narrativa de los hechos de acuerdo la investigación realizada”.
Fue esa nueva narrativa, nacida entre el martes pasado y el lunes, lo que levantó a las familias. Su abogado, Vidulfo Rosales, criticó esta nueva versión a la salida de Palacio el lunes. “Encinas refiere que los estudiantes iban infiltrados, que había una disputa de bandos del crimen organizado, reduciendo la responsabilidad a la delincuencia, dejando por fuera al Ejército y las autoridades”, dijo. Rosales también señaló que Encinas había dado, de repente, muchas más importancia a los chats rechazados del primer informe.
Comparados, la “Narrativa…” y el segundo informe de la comisión difieren en varios aspectos. En el primero, los autores incorporan con toda naturalidad -ya no de manera velada- chats inverificables del primer informe, como uno en que la esposa de un presunto integrante de Guerreros Unidos y encargado de sus comunicaciones, alias El Chino, habla con la hija del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. La hija dice que su papá está bien enojado y ordena que “recuperen la mercancía y chinguen a todos a discreción”. La mercancía sería droga, parte de los envíos de Guerreros Unidos al norte. Abarca, vinculado desde el principio al grupo criminal, habría ordenado el ataque, según este mensaje, señalado de inverificable.
Las diferencias no acaban ahí. En la “Narrativa…”, 100 páginas más corta que el informe, los señalamientos contra uno de los operadores de Guerreros Unidos en la época, Gildardo López Astudillo, alias El Gil, son constantes. Sobre todo, en los momentos en que el grupo criminal desaparece a los estudiantes. Convertido en testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) en 2019, El Gil ha acusado a militares de estar involucrados en el ataque contra los estudiantes. Incluso, llegó a decir que elementos del Ejército llevaron a un grupo a un cuartel en Iguala, antes de entregárselos de vuelta a Guerreros Unidos.
Lugares
A lo largo de 10 páginas, el segundo informe de la comisión acumula hasta nueve hipótesis del destino final de los muchachos. “Existe certeza”, reza el texto, “de que a los estudiantes se les separó al menos en tres grupos”. A una parte de los muchachos se los llevaron entre criminales y policías de Iguala y Cocula a la zona noroeste de Iguala, lugar del ataque, previo paso por una instalación de la policía, conocida en la zona como “barandilla”. Del resto no se sabe mucho más.
A partir de ahí, todo son hipótesis. El informe incorpora testimonios de testigos protegidos, policías, presuntos criminales y declaraciones obtenidas por el viejo equipo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para presentarlas. Una, por ejemplo, señala que un grupo acabó en una colonia en un cerro a las afueras de Iguala, conocida como Pueblo Viejo. Otra, que ese u otro grupo acabaron en Loma de Coyotes, un paraje algo al sur del anterior.
Una más señala Huitzuco y el camino que conduce al municipio, del lado contrario que los parajes anteriores. Los grupos de investigadores han evidenciado estos años la colaboración de la policía de Huitzuco con Guerreros Unidos. Agentes del municipio se llevaron a un grupo de estudiantes del otro escenario del ataque, el Palacio de Justicia. La comisión habla igualmente del Rancho de Los Tilos, una de las células de Guerreros Unidos, con fuerte presencia en Iguala y Huitzuco. El rancho en cuestión funcionaba en la salida norte de Iguala. Según testimonios recopilados por la comisión, esta célula deshacía a sus víctimas en ácido.
El informe señala también la barranca de la Carnicería, un paraje de Cocula, al sur de Iguala, donde los investigadores encontraron, en 2020 y 2021, restos de dos de los 43 normalistas desaparecidos, Jhosivani Guerrero y Christian Rodríguez. La comisión no explica cómo podrían haber llegado los restos de los muchachos allí. Ninguna de las otras hipótesis aparece como enlace entre la barranca y el resto de lugares enlistados. La comisión desecha, como hizo la última vez, la hipótesis del basurero de Cocula, central en la hipótesis del Gobierno anterior, presidido por Enrique Peña Nito (2012-2018), hoy señalada de montaje por los investigadores.
Chats
Más allá de las similitudes o diferencias entre el informe y la “Narrativa…”, ambos documentos retoman los chats rechazados de la primera entrega. En la página seis del informe, la comisión señala que preguntó “a LLC Meta Platforms Inc., empresa que desarrolló las aplicaciones de Whatsapp y de Facebook” si las capturas de pantalla de su primer informe eran compatibles con el diseño de Whatsapp “disponible en México entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015, para el sistema operativo Android”. La empresa contestó: “Nos es imposible, a través de capturas de pantalla o cualquier otra manera, validar la existencia o no de las comunicaciones”.
Pese a ello, el informe sigue: “Es decir, no se puede asegurar que los mensajes capturados sean ciertos o falsos. Si bien esto no permite su judicialización, su cruce y validación con información de distintas fuentes permitió abrir nuevas líneas de investigación”. Y añade que en noviembre de 2022, la comisión entregó a la Fiscalía un “análisis sobre los contenidos, personajes y las ubicaciones en tiempo, lugar y circunstancia de las capturas de pantalla, así como el análisis de coincidencias de 154 eventos relevantes identificados dentro de los mensajes con testimonios, documentos” y demás, para ver si podrían ser reales o no. En 99, la comisión señala que hay “al menos una referencia en los expedientes judiciales y las fuentes consultadas”.
Así, aunque no menciona directamente los chats, los incorpora indirectamente, como en la página 28, cuando habla de una supuesta conversación entre el capitán del Ejército José Martínez Crespo, acusado de delincuencia organizada y desaparición forzada de los 43, gracias a otras pruebas, y un integrante de Guerreros Unidos, “en la que refieren que, ‘en base municipal, no hallamos a nadir y los camiones los checamos a fondo”. El mensaje, supuestamente enviado a las 23.54, aludiría a la revisión de la instalación de barandillas de la Policía de Iguala, donde Crespo sí acude esa noche. El problema del mensaje, claro, es que es inverificable.
Hay más. Está el caso de un supuesto intercambio entre la esposa del Chino, mencionada arriba, y su primo, ya de noviembre de 2014, en que hablan de la operación limpieza de Guerreros Unidos, que, al parecer, trataba de borrar las huellas de la persecución y la desaparición de los estudiantes. “Me dijo este coche que secuestraron a un ingeniero, para que fuera a desenterrar todos los cuerpos que había ahí y que se los llevara (…) los iban a estar moviendo si era necesario”.
De nuevo, el intercambio es posible, pero inverificable. En su nuevo informe, la comisión incorpora estos mensajes cuando constatan alguna parte del relato de lo sucedido, señalada en otras pruebas. Ocurre, sin embargo, que los mensajes, obtenidos en los últimos años, lejos de apuntalar versiones conocidas, podrían apoyarse en ellas para tratar de inclinar la investigación de un lado u otro, y así controlar las consecuencias de las pesquisas.
