Nubes de tormenta en el caso Ayotzinapa, que avanza con firmeza hacia una pared de concreto. El noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes ha llegado con el bloqueo de las relaciones entre el Gobierno y las familias. La protesta de esta tarde, por nueve años sin respuesta, ha transcurrido sin incidentes y con la tozudez de quien insiste en saber qué les sucedió a los normalistas aquel 26 de septiembre de 2014. Es un aniversario complicado para la Administración de Andrés Manuel López Obrador después del fracaso de la última reunión entre las familias y Alejandro Encinas, presidente de la comisión presidencial que ha investigado el caso estos años, que tuvo lugar el lunes.
“Encinas nos ha leído una narrativa de dónde estamos en el caso, que se acerca más a la verdad histórica que a los nuevos hechos”, ha criticado Vidulfo Rosales, abogado de las familias, en referencia al relato sobre el ataque que armó el Gobierno anterior, dirigido por Enrique Peña Nieto (2012-2018). Esa versión establecía que el grupo criminal Guerreros Unidos, apoyado en policías locales, habría asesinado a los 43 en un basurero, habría quemado los cuerpos y luego habría arrojado los restos a un río. La comisión presidencial y la actual Fiscalía han desechado esta versión hasta ahora. Al parecer, las críticas de Rosales apuntan a que Encinas ha señalado que alguno de los 43 era parte de un grupo criminal, tesis sostenida durante la Administración anterior.
Rosales ha dicho que la junta ha sido “peor que la del miércoles”, en referencia al encuentro que las familias sostuvieron la semana pasada con el presidente, Andrés Manuel López Obrador. En la de este lunes, el mandatario no estaba.
En un comunicado divulgado este lunes por la noche, la Secretaría de Gobernación ha señalado que en la reunión de la tarde “se presentó una relatoría realizada por el Gobierno de México para formular una idea que, complementada y sustentada con pruebas, conduzca a un mayor acercamiento de lo que realmente sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014. Esta versión se aleja de la llamada verdad histórica”. La dependencia ha señalado igualmente que durante el encuentro “se planteó la entrega de los cinco discos que contienen todas las grabaciones proporcionadas por el Gobierno de Estados Unidos vinculadas directa e indirectamente con el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”.
En teoría, la reunión de este lunes debía servir para que el Gobierno diera cuentas de la búsqueda de los documentos de espionaje militar que reclaman las familias, oficios que reflejan conversaciones entre los perpetradores sobre el posible destino de los muchachos. En vez de eso, ha explicado Rosales, Encinas ha leído un informe parcialmente distinto del que desarrolló en dos reuniones la semana pasada. Luego, la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, ha leído una carta de López Obrador, que adjuntaba un informe firmado por el Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, que, según Rosales, “no da respuesta a la información que solicitamos”.
El abogado ha explicado que, en su mensaje a las familias, Sandoval se ha referido a las conversaciones interceptadas por el Ejército al grupo criminal, dos de las cuales son públicas desde octubre de 2021, encontradas por los investigadores en archivos militares. El general ha apuntado a la del 26 de septiembre de 2014, día del ataque contra los normalistas. En ella, uno de los presuntos operadores más importantes del grupo criminal Guerreros Unidos en la época, Gildardo López, alias El Gil, habla con un mando de la policía de Iguala sobre los muchachos. El mando le dice que tiene a 17 de los 43 en “la cueva”, presuntamente la comisaria de Barandilla, una instalación de la policía de Iguala. Gil dice que se los entregue. El otro contesta que se los entrega en la Brecha de Lobos, un paraje cercano a Iguala, lugar del ataque.
Ocurre que El Gil se ha convertido en testigo protegido de la actual administración de la Fiscalía General de la República para el caso Ayotzinapa. Y que, en sus declaraciones, ha apuntado a mandos militares, señalando su colaboración con Guerreros Unidos. No solo eso, El Gil, que aparece en las pesquisas bajo el nombre de Juan, ha apuntado que un grupo de los 43 habría pasado por uno de los batallones del Ejército que funcionaban en Iguala en la época del ataque. “El secretario de la Defensa refiere que le preguntemos a Gildardo López Astudillo”, ha dicho Rosales, en referencia al contenido de la conversación interceptada.
Pero las críticas más duras han sido para Encinas. “Él refiere que los estudiantes iban infiltrados, que había una disputa de bandos del crimen organizado, reduciendo la responsabilidad a la delincuencia, dejando por fuera al Ejército y las autoridades. Solo se le atribuye responsabilidad al capitán Crespo”, ha dicho Rosales, en referencia a un mando del Ejército, acusado de la desaparición forzada de los 43 y de delincuencia organizada, por su presunta colaboración con Guerreros Unidos. La tesis de la infiltración, defendida principalmente por la anterior administración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha sido muy criticada estos años por Rosales y el resto de abogados.
“Nosotros habíamos platicado con Encinas, nos había contado que contenía su informe, pero ahora incorpora elementos nuevos, más cercanos a la verdad histórica, que criminaliza a los estudiantes. Además, reduce todo a un tema regional, dejando por fuera la responsabilidad de las autoridades. Nosotros vamos a analizar qué hacemos, si continuamos el diálogo o no”, ha añadido Rosales. “En definitiva, no se está dando ninguna respuesta a la solicitud planteada”, ha zanjado.
Rosales y el resto de la comitiva se han visto sorprendidos por Encinas. La semana pasada, primero en una sesión el martes, y luego el miércoles, con López Obrador, el subsecretario de Derechos Humanos detalló a las familias de los 43 su nuevo informe sobre el caso, el segundo de la comisión estos años. “Es un trabajo más profesional que hace un buen recuento de todo lo que ha sido el proceso, incluyendo los hechos y la parte de la verdad histórica” dijo a EL PAÍS una de las personas presentes en la reunión.
La misma persona señaló que Encinas dejó de lado el paquete de más de 400 mensajes que integrantes de la red criminal de Iguala intercambiaron supuestamente durante y después de la embestida, entre el 26 de septiembre de 2014 y los días y semanas posteriores. Los mensajes, fotografías en realidad de las pantallas de los celulares donde supuestamente se recibieron, dibujaban el destino final de los normalistas. En uno de los casos, por ejemplo, se señalaba que el comandante de uno de los dos batallones del Ejército de Iguala en la época, José Rodríguez, había ordenado matar a un grupo de los 43, cautivos durante días desde el ataque.
La imposibilidad de comprobar la veracidad de los mensajes, que nada tienen que ver con el espionaje del Ejército o el monitoreo que hizo en la época la DEA a Guerreros Unidos, forzó a la comisión a desecharlos. Este lunes, sin embargo, Encinas ha retomado las capturas de pantalla, según ha explicado Rosales. “Hoy ha vuelto a aparecer con eso de los mensajes”, ha dicho. De momento no se sabe qué importancia da ahora Encinas a esas capturas de pantalla. Una de las personas presentes en la reunión de este lunes ha dicho que el documento que ha leído el subsecretario en una “narrativa elaborada en el gabinete de seguridad”, dejando de un lado la autoría de la propia comisión.
