El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho sentir su ruptura con la Suprema Corte de Justicia con un sencillo gesto de ausencia en un acto protocolario. El mandatario ha decidido no invitar a la presidenta de la Corte y titular del Poder Judicial, Norma Piña, a los festejos conmemorativos de las gestas independentistas de México, realizados del 13 al 16 de septiembre. López Obrador no ha invitado tampoco a la representación del Congreso federal. La presencia conjunta de los titulares del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial en esos eventos solía simbolizar el equilibrio entre los tres Poderes de la Unión, producto de las luchas por la soberanía nacional y la democracia. López Obrador ha roto así una añeja tradición presidencial, una que él mismo, de hecho, siguió en los primeros años de su Administración, cuando la Suprema Corte era encabezada por Arturo Zaldívar, un juez cercano a su causa. Ahora, el mandatario sostiene una fuerte pugna con la ministra Piña —relevo de Zaldívar— y los jueces federales, a los que acusa de actuar en contra de su Gobierno y de proteger a delincuentes.
El presidente lo ha reconocido así abiertamente. El miércoles, cuando en el país se conmemora la defensa del Castillo de Chapultepec ante la invasión estadounidense, López Obrador fue cuestionado en su conferencia mañanera sobre por qué la representante del Poder Judicial no había sido convocada a la ceremonia del 13 de septiembre. “Es que ya han cambiado las cosas. No tenemos buenas relaciones —es notorio, es de dominio público— con el Poder Judicial, porque se han dedicado a actuar en contra de la transformación”, ha dicho el mandatario. “Nosotros consideramos, aunque se opine distinto, que están en contra del pueblo y que son representantes de la oligarquía, de la minoría corrupta, rapaz, son como representantes de la delincuencia de cuello blanco y en algunos casos también de la otra delincuencia; no todos, pero sí predominan”, ha agregado.
El evento en el Castillo de Chapultepec estuvo encabezado únicamente por López Obrador y sus secretarios. El Poder Ejecutivo en solitario. Una portavoz de la Suprema Corte ha confirmado a este periódico que la ministra Piña tampoco fue convocada al Grito de Independencia —que marca el inicio de la lucha contra el imperio español—, a celebrarse el viernes, ni al desfile militar, programado el sábado. El Poder Judicial no ha emitido un posicionamiento público sobre el inusual gesto del mandatario.
López Obrador tampoco ha invitado a las ceremonias protocolarias a la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, del PRI, ni a la presidenta de la Cámara de Senadores, Ana Lilia Rivera, de Morena, el partido oficialista. “Me quedé vestida y alborotada, porque sí quería ir a celebrar con el pueblo, con la gente, los días tan importantes para la nación”, declaró la diputada Guerra tras enterarse del vacío en su caso.
Este jueves, Reforma ha publicado una serie de fotos históricas que muestran, en años pasados, a una pluralidad de funcionarios y políticos apostados en el balcón de Palacio Nacional, desde donde se encabezan los eventos del 15 y 16 de septiembre. En una imagen de 2004, el presidente Vicente Fox, del PAN, aparece flanqueado por los secretarios de su gabinete, los representantes del Congreso y el entonces titular del Supremo, Mariano Azuela. En una foto de 2010, Felipe Calderón (PAN) comparte asiento con el ministro Guillermo Ortiz, en una época también de turbulencias entre el Ejecutivo y el Judicial. En una imagen de 2014, Enrique Peña Nieto (PRI) dirige el acto oficial cerca del ministro Juan Silva Meza.
El propio López Obrador había atendido la tradición protocolaria los primeros años de su Gobierno, cuando el presidente del Supremo era el ministro Zaldívar, a quien el mandatario le ha expresado afecto y gratitud. Fueron años dorados para la relación institucional entre el Ejecutivo y el Judicial. Zaldívar supo anclarse en el discurso obradorista de la austeridad en el gasto público, la justicia para los pobres y la crítica a la corrupción. El buen diálogo entre el ministro y López Obrador se transformó en los hechos en una apertura de puertas desde y hacia Palacio Nacional. Cuando Zaldívar dejó la presidencia de la Corte, muy pronto López Obrador resintió su ausencia, y la relación con el Poder Judicial se vino a pique.
El mandatario ha acusado a la nueva presidenta del Supremo, la ministra Piña, de consentir la mala conducta de los jueces y de permitir que estos actúen en contra de los intereses de la nación para favorecer a unos cuantos. También la ha señalado de no hacer lo suficiente por combatir la corrupción de jueces y por eliminar los privilegios de la casta judicial. En una de las acusaciones más duras, López Obrador afirmó que los jueces federales intentaban dar “un golpe de Estado técnico”, por aprobar recursos en contra de las obras prioritarias del Gobierno y por atarle de manos.
Las críticas del presidente contra la ministra han devenido descalificaciones personales. “Apenas llegó la nueva presidenta, se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”, dijo en marzo. En lo que pareció el culmen de las tensiones, López Obrador ha adelantado que antes de que concluya su sexenio, en septiembre de 2024, enviará al Congreso una reforma constitucional para destituir a los ministros de la Corte y permitir que los nuevos integrantes sean elegidos por el voto directo de los ciudadanos. El presidente ha depositado sus esperanzas en ese último recurso. “Ojalá ya haya una reforma. Yo no veo más que una renovación tajante”, dijo en agosto. Por lo pronto, el titular del Ejecutivo ha asegurado un sitio privilegiado para él y los suyos en los balcones de Palacio Nacional, ante un vasto Zócalo donde se reúnen miles para gritar el 15 de septiembre que viva México y vivan los héroes de les dieron un país para todos.
