Los vecinos de la villa 1-11-14, uno de los barrios más castigados del empobrecido sur de la ciudad de Buenos Aires, corrieron a palazos a un grupo de ladrones el lunes por la noche. La banda de cinco asaltantes intentó saquear un pequeño almacén del barrio, pero los vecinos los frenaron. Después llegó la policía, que solo se llevó a un detenido: uno de los asaltantes que había sido atrapado por los vecinos, que estaban listos para cobrar justicia por mano propia. Las autoridades aún manejan varias hipótesis sobre el suceso –si fue fue un asalto organizado o un acto de intimidación rutinario de los grupos narco de la zona–, pero la historia es una entre decenas que estos días han revivido uno de los traumas nacionales: el miedo a los saqueos en medio de la crisis económica.
Los primeros asaltos se empezaron a reportar el fin de semana en provincias como Mendoza, en el oeste, Córdoba, centro, y Neuquén, sur, donde unas 40 personas fueron detenidas por las autoridades locales. El martes, el temor se trasladó a los alrededores de la capital. Buenos Aires no había registrado incidentes, pero los vídeos de otros asaltos difundidos como actuales y las noticias falsas ya habían podrido el ambiente. Muchos locales comerciales de la capital y sus alrededores echaron el cierre a mediodía, aunque la policía no registró ningún incidente hasta la tarde. En la provincia de Buenos Aires, el cinturón urbano de la ciudad donde vive un tercio de la población nacional, se registraron asaltos en al menos siete municipios al caer la noche. Unas 30 personas fueron detenidas. Este miércoles, tras una madrugada tensa, la cifra escaló a 94.
Argentina vive días de incertidumbre. A la crisis económica que mantiene al 40% de la población en la pobreza y la inflación en el 113% interanual, se ha sumado este mes el huracán de las primarias presidenciales. El domingo 13 de agosto, el ultraderechista Javier Milei se impuso como favorito para las presidenciales de octubre, relegando a un tercer lugar histórico al peronismo gobernante. Al día siguiente, llegó la resaca. El Gobierno devaluó el peso un 18% mientras la brecha entre la cotización oficial del dólar y la del mercado negro superaba el 100%, el Banco Central impuso una subida récord de tipos de interés de 20 puntos, hasta el 118%, y los comercios empezaron a trasladar el ajuste a los precios.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, ha apuntado este miércoles a “una campaña” organizada que empezó el fin de semana propagando “falsas denuncias” y “falsas imágenes”. No ha querido nombrar a ninguno, pero señaló a algunos políticos de la oposición de difundir la información falsa en redes sociales. La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, ha ido un paso más allá. “Esto es una operación armada por la gente de Javier Milei, que tiene como objetivo generar desestabilización, generar incertidumbre e ir contra la democracia”, dijo en una transmisión en directo el martes por la noche, tras cruzarse en redes sociales con el candidato ultra. “Es trágico volver a ver luego de 20 años las mismas imágenes de saqueos que veíamos en el 2001″, había escrito Milei, y Cerruti le respondió que los vídeos falsos los estaban difundiendo sus “seguidores o empleados”.
El Gobierno tomó distancia de esa acusación. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que todavía no tenía datos sobre “quién estaba detrás” de la difusión de informaciones falsas, pero el fantasma de los saqueos ya se había convertido en un arma de la campaña. Como Milei, la candidata de la derecha tradicional, Patricia Bullrich, aprovechó la situación para reflotar la agenda de mano dura contra la inseguridad que la aupó como la favorita de su partido para las presidenciales de octubre. “El Gobierno tiene que ordenarse. Y si necesita algo más, porque esto se desborda, tendrá que llamar al Congreso y pedir medidas más drásticas”, dijo Patricia Bullrich. “Si se pierde el control, El Gobierno tiene que llamar al Estado de sitio”.
La última vez que hubo un Estado de sitio en Argentina fue en diciembre de 2001, durante los últimos días del Gobierno de Fernando de la Rúa. A principios de ese mes, el Gobierno había anunciado el corralito y las restricciones al retiro de divisas de los bancos que desató la crisis económica. El día 14 comenzaron los saqueos en algunas provincias, y el Estado de sitio fue declarado el 19. De la Rúa renunció dos días después, mientras la represión policial a las protestas dejaba 39 muertos en las calles.
Ningún otro político ha querido especular con esa posibilidad. El peronismo, salvo por los funcionarios a cargo de controlar la situación en las calles, se ha mantenido en silencio. El presidente Alberto Fernández se ha limitado a difundir la información oficial en su cuenta de Twitter y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, no habla desde que emitió su voto en las primarias el pasado 13 de agosto. El candidato del Gobierno a la presidencia, el ministro de Economía, Sergio Massa, tampoco se ha pronunciado. Único hombre fuerte de un Gobierno que termina en diciembre, Massa está ocupado en otro frente: viajó estos días a Washington para reunirse con el Fondo Monetario Internacional. El directorio del organismo aprobó este miércoles el desembolso de 7.500 millones de dólares para pagar la deuda.
