Uno de los hombres que hundió a Joaquín El Chapo Guzmán ha sido buscado otra vez para testificar en una corte de Estados Unidos, pero ahora contra Genaro García Luna, antiguo jefe de la Policía en México. Jesús El Rey Zambada ha sido elegido por la Fiscalía de Nueva York como uno de los principales testigos contra García Luna, la cara más visible de la guerra contra el narco que lanzó el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). Fueron los propios abogados del exfuncionario quienes hicieron el destape, tras presentar un documento para impedir que Zambada llegue al estrado. En el escrito, la defensa también desacreditó las acusaciones contra el exsecretario de Seguridad Pública por amenazar a la periodista Anabel Hernández, otra de las cartas principales que recientemente se habían jugado los fiscales en el caso.
El último memorándum presentado por la defensa hace un recorrido por la trayectoria profesional de García Luna y busca presentarlo como un “aliado” de Estados Unidos en el combate contra el tráfico de drogas. “Con apoyos financieros y logísticos de personal del Gobierno estadounidense, el señor García Luna pudo desarrollar una plataforma de inteligencia de clase mundial contra los carteles e intentar al principal enemigo público, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias El Chapo”, se lee en el escrito. “En 2010, con esta nueva plataforma, las autoridades mexicanas pudieron arrestar y extraditar al testigo principal de la Fiscalía contra García Luna, Jesús Zambada”, agregan sus abogados. El Rey es hermano menor de Ismael El Mayo Zambada, jefe histórico del cartel de Sinaloa junto a El Chapo y por quien Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares como recompensa.
Durante el juicio contra Guzmán en noviembre de 2018, El Rey fue el primer cooperante de la Fiscalía e hizo revelaciones explosivas sobre la colusión del crimen organizado y las autoridades de México, y apuntó directamente hacia García Luna. Zambada aseguró que pagó sobornos millonarios al entonces jefe de la Policía de México y agregó que buscó hacer lo mismo con un asesor del Gobierno de Ciudad de México durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador, actual presidente del país.
El Rey declaró ante el jurado en Brooklyn que hizo al menos dos pagos para garantizar la protección de su hermano, El Mayo, y evitar que fuera detenido. Según la versión de Zambada, el primer soborno fue entregado en un restaurante en 2005 y ascendía a tres millones de dólares. Entonces, García Luna dirigía la ahora extinta Agencia Federal de Investigaciones. El segundo soborno osciló entre tres y cinco millones de dólares y se produjo en 2007 cuando García Luna ya era secretario de Seguridad Pública. El capo dio a entender que la fuente del dinero era El Mayo y que el objetivo era que los cuerpos de seguridad evitaran “interferir en las operaciones de narcotráfico del cartel”, así como su arresto.
La narrativa que pretenden impulsar los abogados de García Luna es que estas acusaciones son una venganza por las acciones que tomó contra el Cartel de Sinaloa. “Las acusaciones de corrupción han persistido durante de décadas y a pesar de los fervientes intentos de sus oponentes, nunca se han concretado”, argumentan sus representantes legales.
En el documento, la defensa también destaca las buenas relaciones que tuvo el exfuncionario con políticos estadounidenses de alto perfil. “Durante su campaña para la presidencia de Estados Unidos, el senador John McCain se reunió con García Luna para reafirmar el apoyo del Gobierno de EE UU en la lucha contra los carteles”, se lee. “Funcionarios como Janet Napolitano [exgobernadora de Arizona y jefa de Seguridad Nacional durante el Gobierno de Barack Obama], Robert Muller [director del FBI entre 2001 y 2013], Eric Holder [exfiscal general de Estados Unidos] y Hillary Clinton viajaron a Ciudad de México para reunirse con García Luna”, señalan sus abogados, que subrayan también que congresistas del Partido Demócrata y Republicano dieron su visto bueno e impulsaron la estrategia de García Luna contra el narcotráfico.
La Fiscalía presentó una moción en junio para incluir como evidencia un esquema de sobornos encabezado por García Luna para obtener una cobertura mediática favorable durante su gestión, así como una serie de amenazas de muerte contra periodistas críticos. Los fiscales también acusaron al exfuncionario de intimidar a un testigo de su caso. “El acusado amenazó, acosó y sobornó a periodistas que estaban investigando sus crímenes e incluso después de su arresto, mostró la intención de manipular a testigos”, se lee en una solicitud para que las nuevas pruebas sean consideradas en el caso”, se lee en la solicitud. “Utilizó sus puestos públicos para ayudar al Cartel de Sinaloa a cambio de sobornos multimillonarios”, agrega. Las autoridades cifran en “decenas de millones de dólares” los pagos que el exsecretario recibió de la organización criminal entonces encabezada por El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada.
Los abogados de García Luna tacharon las nuevas pruebas presentadas por la Fiscalía como “irrelevantes”, “increíbles” e “indebidamente perjudiciales” para el caso y han dicho que no tienen relación con la investigación. García Luna fue arrestado en la ciudad texana de Dallas el 9 de diciembre de 2019 y enfrenta cinco cargos en el Estado de Nueva York. Tres delitos están relacionados con el tráfico de cocaína, otro más se le imputa por falsedad de declaraciones y otro por ser parte de una organización criminal. Su caso interpela a dos presidentes de la República emanados del conservador Partido Acción Nacional y rivales políticos de López Obrador: Vicente Fox (2000-2006) y Calderón (2006-2012).
En su argumentación, la defensa del exfuncionario ha criticado la política de seguridad del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y de López Obrador que, en su opinión, tomaron un enfoque “conciliador” hacia los carteles en vez de continuar con la estrategia de arrestar a sus líderes. “Por ejemplo, el presidente López Obrador apoyó la liberación del hijo de El Chapo cuando fue arrestado en 2019 [un episodio conocido en México como El Culiacanazo] y fue a reunirse con la madre de El Chapo en 2020″, reclaman los abogados.
La defensa también ha expuesto la identidad de la periodista que fue amenazada por García Luna desde la cárcel, de acuerdo con la Fiscalía. Se trata de Anabel Hernández, con más de 15 años de experiencia tras el rastro del narcotráfico en México. “Hernández empezó a escribir sobre García Luna en un libro publicado en 2007 y continuó su venganza personal contra él en la prensa durante años”, reclaman los abogados. “A pesar del hecho de que nunca se han conocido, la señora Hernández sigue afrimando que fue amenazada por García Luna”, agregan.
Los representantes legales también citan que “escribe chismes sin rigor”, una frase atribuida por ellos a Citlalli Hernández, la secretaria general de Morena, el partido gobernante, para desacreditar la credibilidad de la periodista. Y traen a colación las críticas contra el último libro de Hernández, Emma y las otras señoras del narco (Grijalbo), que tiene a Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, como protagonista, para atacarla. La estrategia es a dos bandas: evitar la posibilidad de que Anabel Hernández declare en el juicio y tumbar la teoría de que García Luna silenció a la prensa y eso le permitió delinquir sin consecuencias. “La propia Hernández admitió que no se guardó ninguna de sus historias por cualquier tipo de amenaza”, sostienen.
El contrataque de García Luna se zanja en casi 20 páginas. La Fiscalía afirma que tenía nexos con el narco, la defensa revira que tenía el respaldo de políticos de Estados Unidos. Los fiscales lo acusan de amenazar y sobornar a periodistas, sus abogados lo presentan como un mártir, atacado por enfrentarse a los carteles. La Justicia estadounidense apuesta por El Rey una vez más para otro caso de alto perfil en México, el exjefe de la Policía busca frenar ese testimonio y acusa múltiples “vendettas”. La decisión está en manos del juez. Y en última instancia, de un jurado, a menos de que García Luna llegue a un acuerdo para evitar ir a juicio.
