Víctor Escobar, el primer colombiano en acceder al derecho a la eutanasia sin sufrir una enfermedad terminal, en Cali, el 6 de enero de 2022. IVAN VALENCIA (AP)

La Corte Constitucional ha vuelto a marcar un avance histórico en Colombia al legalizar el suicidio médicamente asistido. Una sentencia del tribunal equipara esta práctica con la eutanasia y la despenaliza, abriendo la puerta a un nuevo mecanismo para que los colombianos ejerzan su derecho a morir dignamente. La principal diferencia entre el suicidio asistido y la eutanasia es que en el primero es el paciente quien lleva a cabo la acción de acabar con su vida.

Lucas Correa Montoya, director de investigaciones del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB) y experto que ha presentado la demanda ante la Corte, explica que “a diferencia de la eutanasia, donde un profesional de la medicina es quien causa la muerte de la persona, por medio del suicidio médicamente asistido el profesional de la medicina simplemente presta una ayuda o asistencia para que la persona sea quien cause su muerte”. La demanda interpuesta por DescLAB convierte a Colombia en el primer país latinoamericano en permitir el suicidio médicamente asistido. “Este procedimiento se suma a los que ya existen y son plenamente legales en Colombia: la eutanasia, la adecuación del esfuerzo terapéutico y los cuidados paliativos”, explica Correa.

La Corte, con una votación de seis a favor y tres en contra, decidió legalizar este procedimiento y suprimir un artículo del Código Penal que establecía penas de entre 32 y 108 meses de prisión para quien “eficazmente” consiguiera inducir a otro al suicidio o le prestara ayuda. El objetivo de DescLab no es que el suicidio asistido sea practicado por cualquier persona en cualquier caso, sino que la Corte sentencie que “cuando un profesional de la medicina preste una ayuda para que otra persona ponga fin a su vida bajo ciertas condiciones, no recibirá un castigo penal”, dice Correa.

El suicidio médicamente asistido solo se podrá realizar cuando el paciente haya manifestado su consentimiento libre, informado e inequívoco tras sufrir una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable, debidamente diagnosticada, o cuando la persona esté sometida a dolores físicos y psíquicos incompatibles con su idea de dignidad. En todos los casos, debe ser acompañado por un profesional sanitario.

La sentencia llega justo cuando se cumplen 25 años de la despenalización de la eutanasia en Colombia, en 1997. A partir de este miércoles, ambos mecanismos son reconocidos como parte del derecho fundamental a morir dignamente. “El reto será crear una regulación que elimine las barreras de acceso para este nuevo mecanismo y que quien lo decida así pueda ejercer su derecho a una muerte médicamente asistida, ya sea a través de la eutanasia o el suicidio médicamente asistido” afirmó la demandante Camila Jaramillo Salazar, investigadora de DescLAB.

El país se suma con esta decisión a otros como Suiza, Países Bajos, Canadá y España. Aunque Colombia fue el primer país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia, solo se han realizado 178 procedimientos desde abril de 2015 hasta el 15 de octubre de 2021, según el Ministerio de Salud.

Uno de los casos más emblemáticos ha sido el de Martha Sepúlveda, una mujer de 51 años que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Sepúlveda tenía todo listo para ser la primera persona con una enfermedad no en fase terminal en acceder a ese derecho en el país andino, pero en el último minuto un comité médico canceló un procedimiento a pesar de que ya estaba autorizado. Un par de meses, la mujer, después una batalla judicial, logró la autorización.

El abogado Luis Giraldo lucha todos los días en casos de clientes que muchas veces mueren antes de conseguir que su sistema de salud les de autorización para una muerte digna. En este momento, Óscar, de 30 años, está en Cali esperando que le aprueben la eutanasia que solicitó hace semanas. Tiene un tumor en el tallo cerebral que le produce dolores en todo el cuerpo. Giraldo espera que la decisión de la Corte tenga resultados reales en la vida de las personas que quieren morir dignamente.

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