La guerra en Ucrania puede tener efectos secundarios a más de 4.000 kilómetros. Desde hace unas semanas, Portugal asiste a una tormenta política por la gestión de la acogida de los refugiados en algunas cámaras municipales, que han delegado la asistencia en manos de ciudadanos rusos afincados en el país. El principal foco de la crisis está en Setúbal (123.000 habitantes), gobernada en minoría por la Coalición Democrática Unitaria (CDU), una alianza electoral del Partido Comunista Portugués y el Partido Los Verdes, que ha dejado parte de la tramitación de la acogida en manos de la Asociación de Inmigrantes de Países del Este (Edinstvo), fundada por Igor Jashin, expresidente del Centro Cultural Ruso en Portugal, según reveló el semanario Expresso.
Agentes de la Policía Judicial, que depende de la Fiscalía General del Estado, registraron el martes las dependencias municipales de Setúbal, donde se recibe a los desplazados de la guerra y donde Jashin y su esposa, Yulia Jashina, contratada por la Cámara Municipal de Setúbal antes de la invasión rusa, atendieron a unos 160 ucranios desde el inicio del conflicto. Varios desplazados aseguraron que les fotocopiaron sus documentos y les solicitaron información sobre ellos y los familiares que seguían en Ucrania. La prensa portuguesa señala que Jashin tiene buenas relaciones con el Kremlin. En 2014 defendió la anexión de la península de Crimea por Rusia y también fue el año que organizó en Lisboa un encuentro de emigrantes rusos en Europa.
En un comunicado enviado por la tarde, la Policía Judicial informó de que había hecho registros en la sede de la asociación Edinstvo, además de las oficinas de la línea de apoyo a refugiados de la Cámara Municipal de Setúbal. “Se investiga la práctica de delitos de utilización de datos de forma incompatible con la finalidad de la recogida, acceso indebido y desvío de datos previsto en la Ley de Protección de Datos Personales”, explica la nota.
La noticia saltó tras la alerta lanzada en una entrevista en abril por la embajadora de Ucrania en Portugal, Inna Ohnivets, sobre la infiltración de rusos en los programas de atención de refugiados de varias localidades. Portugal, el país europeo más alejado de Ucrania, ha recibido desde el inicio de la guerra a más de 34.000 personas, según datos del Servicio de Extranjeros y Fronteras. El presidente de la Asociación de Ucranios en Portugal, Pavlo Sadoka, considera que estas anomalías ocurren en varias ciudades lusas, además de Setúbal. Sadoka envió una carta a la Administración portuguesa informando de “conexiones sospechosas que podrían servir para recoger informaciones y datos personales, que luego serían facilitados a la Embajada rusa”.
El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, ha solicitado que se investigue a fondo en todo el país la red de acogida a refugiados para evitar que sus datos puedan acabar en manos indeseadas. Algunas investigaciones de la Administración están ya en marcha en diferentes organismos como la Comisión Nacional de Protección de Datos o el Servicio de Extranjeros y Fronteras, que tenía un acuerdo de colaboración con la asociación de Jashin que ahora se ha suspendido.
El presidente de la Cámara Municipal de Setúbal, André Martins, responsabilizó al Gobierno de lo ocurrido. “Si hay algo que no ha funcionado bien y, en concreto, si esta asociación es una de las consideradas proPutin, el Gobierno tendría que haber informado a la Cámara de Setúbal y a todas las cámaras [ayuntamientos] que tienen estos problemas. Le compete al Gobierno esclarecer esta situación”, señaló Martins en una entrevista al diario Público.
Presión sobre el Partido Comunista
La oposición en Setúbal, Partido Socialista (PS) y Partido Social Demócrata (PSD), ha señalado que no descarta presentar su renuncia en bloque para forzar la caída del Gobierno local (cinco representantes de la CDU frente a cuatro socialistas y dos del centro-derecha) y la celebración de nuevas elecciones municipales, aunque parece difícil que prospere esta vía tras el desacuerdo evidenciado en los últimos días entre ambas fuerzas. PS y PSD también han anunciado mociones de censura con algunas diferencias de criterio. Los socialistas proponen una comisión de investigación sobre la asistencia a los refugiados ucranios en Setúbal, mientras que el centroderecha reclama en su propuesta la dimisión de André Martins.
El asunto activó el recuerdo de lo ocurrido el año pasado en la Cámara Municipal de Lisboa, que presidía entonces el socialista Fernando Medina, actual ministro de Finanzas en el Gobierno de António Costa. La institución facilitó datos personales de los organizadores de una manifestación a favor del opositor ruso Alexéi Navalni a la Embajada de Rusia en Portugal. Tras una investigación, la Comisión de Protección de Datos concluyó que se habían cometido 225 infracciones, ya que se descubrió que se habían facilitado informaciones similares de manifestantes a las Embajadas de Angola, China, Irán y Arabia Saudí, entre otros países. La Cámara lisboeta fue condenada a pagar una multa de 1,25 millones de euros.
El episodio de los refugiados ucranios en Setúbal también ha aumentado la presión sobre el Partido Comunista Portugués (PCP), aislado desde que Rusia invadió Ucrania por su posición en este conflicto. Los diputados comunistas se ausentaron de la Asamblea de la República el pasado 21 de abril durante la intervención por videoconferencia del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, al que criticaron por sus referencias al 25 de abril de 1974, el golpe de Estado de los capitanes portugueses que tumbó una dictadura de 48 años. El PCP defiende que está en contra de la guerra, pero rehúsa utilizar la palabra “invasión” y es muy crítico con Zelenski, al que acusa de perseguir a comunistas en Ucrania e incorporar batallones neonazis al Ejército.
La radicalización de la campaña contra la posición del centenario Partido Comunista Portugués ha llevado al primer ministro, António Costa, a advertir de que no alentará en Portugal “un clima de caza de brujas”. “Está clara la profunda divergencia que el Gobierno mantiene con la posición del PCP respecto al conflicto en Ucrania, pero pasar de la divergencia a la ilegalización es algo absolutamente inconcebible en un Estado de derecho democrático y en un régimen democrático al que contribuyó mucho el PCP”, señaló el primer ministro.
