Con el nombramiento de María Estela Ríos, la Consejería Jurídica de la Presidencia vuelve a su origen, una dependencia de alto rango pero con más importancia técnica que de operación política. Durante los últimos Gobiernos mexicanos, la figura del consejero llegó a convertirse casi en una especie de zar en la sombra, acaparando poderes de otras áreas como emisario clave del presidente. Así fueron también los casi tres años de andadura de Julio Scherer como uno de los hombres fuertes en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. El nombramiento este jueves de Ríos como sucesora supone un giro de timón en línea con la reestructuración general del Ejecutivo, enfocado en la concentración de poderes en el también recién nombrado secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de cara a la segunda parte del sexenio.
Abogada veterana, curtida durante décadas defendiendo a trabajadores dentro y fuera de los sindicatos antes de dar el salto a la Administración, el perfil de Ríos es marcadamente más técnico que político. “Es un cambio profundo en el estilo y el tipo de consejero. Scherer no se distingue por ser un abogado con experiencia en el derecho administrativo. Si no por ser una figura política ligada a López Obrador desde la etapa en el PRD y luego como coordinador de campaña. Ríos también está ligada al presidente, pero pesa más su carrera como abogada de izquierdas”, apunta Javier Martín Reyes, profesor de Derecho constitucional.
Su entrada en la Administración llegó de la mano de Cuauhtémoc Cárdenas, dirigente histórico de la izquierda mexicana, durante su mandato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. Con la llegada de López Obrador en el 2000 al poder en la capital, Ríos ocupó varios cargos en la Secretaría de Trabajo hasta ser nombrada consejera jurídica, el mismo puesto para el que ha sido ahora designada pero a nivel estatal. Colegas cercanos durante aquella época señalan que fueron seis años, todo el periodo de López Obrador, marcados por una eficiente gestión, pero con un perfil público bajo.
Una de las pocas ocasiones en que su labor saltó a los focos mediáticos fue por un tema tan menor como el conflicto sobre el cambio de horario de verano. La consejería de Ciudad de México interpuso una queja constitucional sobre el cambio de reloj, que derivó en un enfrentamiento con el Gobierno del entonces presidente Vicente Fox, enemigo declarado de López Obrador, que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia.
“Combativa pero no radical”
“Se trata de una abogada combativa, pero no radical”, apunta José Roldán, profesor de Derecho Administrativo del CIDE y conocedor de la carrera de Ríos. “Entiende muy bien el funcionamiento del sistema judicial y tiene una amplia experiencia como litigadora”. Durante su carrera como abogada lideró en la década de los ochenta numerosas demandas de los sindicatos metalúrgicos. En 1994, tras la entrada en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), asesoró a los trabajadores mexicanos de la multinacional Sony ante la oficina administrativa de Estados Unidos. Antes de entrar como funcionaria, fue presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, una institución histórica de defensa de los derechos humanos, que ha estado detrás, por ejemplo, de las víctimas de la guerra sucia en México.
De cara a su futura tarea dentro del Gobierno, Roldán apunta que “tendrá que enfocarse que atender los litigios que se han dado por el deficiente diseño jurídico de esta Administración, muy poco preocupada por el derecho”. La función original del consejero de la presidencia es trabajar como una especie de arquitecto jurídico para blindar las leyes y decretos a prueba de recursos y amparos en los tribunales. El paso de Scherer deja sin embargo un reguero de proyectos legislativos clave del Gobierno paralizados en los tribunales.
Destacan los recursos de inconstitucionalidad contra la ley que alumbró la Guardia Nacional o la ley que pone techo a las remuneraciones de los altos funcionarios. Además de la reforma eléctrica, estancada por un recurso judicial. Una de las prioridades para el final de sexenio será sacar adelante una reforma constitucional para dar la vuelta al mercado energético mexicano. La arquitectura jurídica de la reforma será otro de los grandes retos de Ríos.
“Hay mucho que hacer y la nueva consejera se enfocará en su trabajo jurídico”, añade el profesor de derecho administrativo, remarcado la distancia de Ríos con la refriega política. La etapa de Scherer ha estado marcada también por fuertes disputas dentro del Gabinete, en particular con la secretaría de Gobernación, la cartera orgánicamente al mando de la relación con el poder judicial. Las críticas por un exceso de intervencionismo también han surgido dentro del partido. En marzo, Porfirio Muñoz Ledo le acusó de liderar una campaña de presión con llamadas telefónicas a diputados para que votaran a favor de la polémica extensión de mandato de Arturo Zaldívar al frente del Supremo, impugnada también en el Constitucional.
La tarea de lobista entre los parlamentarios también fue una las señas de identidad del último consejero jurídico priista, Humberto Castillejos, uno de los espolones decisivos durante las reformas de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Su presencia era tan habitual en las reuniones de las comisiones parlamentarias que se ganó el apodo de senador 129.
