La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha rechazado este miércoles los polémicos alegatos del Estado colombiano en el caso de la periodista Jineth Bedoya, quien fue secuestrada, torturada y violada por paramilitares en el año 2000 mientras realizaba una investigación en la cárcel La Modelo de Bogotá. El lunes, Colombia se había retirado de la audiencia pública virtual y optó por recusar a los magistrados encargados de determinar su responsabilidad en el contexto de sus obligaciones internacionales con las mujeres periodistas.
El tribunal resolvió declarar improcedente la recusación contra cinco de los seis jueces, así como la solicitud de nulidad de todo lo actuado y de excluir del expediente internacional las preguntas que molestaron a los representantes del Estado colombiano. También declaró que corresponde que la Corte IDH –con sus magistrados– continúe con el conocimiento del caso “hasta su conclusión”.
El inicio de la audiencia fue recibido con expectativa, pero había quedado en suspenso después de la acción sin precedentes de Colombia, que alegó que las preguntas indicaban prejuzgamiento y tildó de sesgados a los jueces. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que acompaña el caso, consideró que “la actitud del Estado demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia”, y que su actuación hacía parte de una estrategia para “deslegitimar a la Corte IDH” y resultaba en un nuevo intento de silenciar a Jineth Bedoya.
“El Gobierno de Iván Duque debería avergonzarse de lo que hizo ante la Corte IDH en el caso de Jineth Bedoya”, reaccionó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas. “Yo llevo 25 años litigando ante la Corte IDH y esto es insólito, nos sorprende que el Estado de Colombia haga lo que no hicieron gobiernos realmente autoritarios como el Gobierno de Fujimori en Perú, el de Ortega en Nicaragua, el de Maduro en Venezuela”, le dijo al periódico El Tiempo Viviana Krsticevic, la abogada de Bedoya y directora Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Antes de que se conociera la resolución, Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, hizo pública una carta en la que invitaba a Jineth Bedoya a que “nos sentemos a dialogar y busquemos una solución amistosa”. En su respuesta, Bedoya, acompañada por la FLIP y el CEJIL, señaló que la publicación de esa “comunicación privada, por medio de diferentes redes sociales, constituye un acto de hostigamiento y de litigio malicioso, que desde ningún punto de vista responde a la solemnidad y la dignidad del proceso”.
La hoy subeditora del periódico El Tiempo ha buscado justicia por 20 años y en el camino ha liderado la campaña No es hora de callar, con el propósito de que las víctimas denuncien a sus agresores, hasta convertirse en una de las principales voces contra la violencia sexual en América Latina. Cuando era periodista de El Espectador fue secuestrada, torturada y violada por paramilitares el 25 de mayo de 2000, mientras realizaba una investigación en la cárcel La Modelo, en Bogotá. El año pasado fue reconocida con el Premio Mundial a la Libertad de Prensa de la Unesco.
El lunes relató durante la audiencia que ha seguido recibiendo incesantes amenazas hasta hoy y que agentes de la policía fueron quienes le sugirieron entrevistarse en la cárcel La Modelo con jefes paramilitares, la trampa que ocasionó su secuestro. También declaró sobre la revictimización que debió afrontar debido a que la Fiscalía la llamó en 12 ocasiones a declarar sobre la agresión sexual.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió su caso a la Corte IDH en 2019 por considerar que el Estado colombiano incumplió las recomendaciones que le había hecho de investigar lo ocurrido y adoptar medidas de no repetición, protección, prevención y reparación de los daños. Para la Comisión, el Estado conocía el riesgo que corría Bedoya, pero no actuó para protegerla.
