Una batalla en cada terreno. Andrés Manuel López Obrador ha optado por enfrentarse a todo lo que, en su opinión, representa el pasado reciente de México. El presidente del país acumula conflictos con el sector energético, el poder judicial y el movimiento feminista. En las últimas semanas, ha profundizado su pulso con vistas a las elecciones federales y locales de junio. Esta estrategia le permite, a pesar de las críticas, sostener un discurso de confrontación constante con sus adversarios y afinar su proyecto, la llamada cuarta transformación, que siempre ha tenido una base esencialmente ideológica y que ahora responde también a cálculos electorales a corto plazo.
“Todo es político”. Este es el mensaje que, día tras día y declinado de distintas formas, López Obrador transmite desde sus conferencias de prensa matutinas. Del combate contra la pandemia de coronavirus a la gestión de las materias primas, cualquier decisión del mandatario mexicano, que mantiene una aceptación del 65%, se enmarca en una lucha genérica contra la corrupción o lo que llama “el modelo neoliberal”. Su principal apuesta personal es ahora una reforma eléctrica que revierte el sistema existente y da la prioridad del suministro a una empresa del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), frente a la iniciativa privada. La medida es especialmente polémica porque desincentiva las inversiones, sobre todo en fuentes renovables, aunque es rentable en las urnas porque su principal argumento es el ahorro en las facturas de la luz.
La nueva ley entró en vigor la semana pasada. Horas después, un juez la congeló temporalmente al aceptar el recurso de un parque fotovoltaico. Pero lo que aparentemente es una simple revisión del sistema energético tiene una carga mucho más profunda. Por un lado, porque ha permitido al presidente redoblar la confrontación con la oposición, que carece de un liderazgo fuerte. Por otro, hacer lo propio con las empresas nacionales, extranjeras y españolas, su blanco favorito con Iberdrola a la cabeza. Y también porque le ha abierto la puerta a otras disputas. López Obrador desafió a la judicatura y el lunes pidió abiertamente una investigación del juez que frenó la reforma. La exigencia, una señal preocupante para un Estado de derecho, le costó las críticas del sector judicial por sobrepasar los principios de la separación de poderes. “No es solo lo jurídico, es lo político”, manifestó. Y advirtió de que hará lo mismo “en todos los casos”.
Aún no había salido de otra polémica por su apoyo total al candidato al Gobierno del Estado de Guerrero y exalcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, un viejo compañero de batallas políticas que afronta dos denuncias por violación y otras acusaciones de acoso sexual. El mandatario respondió a la indignación del movimiento feminista en vísperas del 8 de marzo blindando el Palacio Nacional, sede del Gobierno y residencia oficial, con unas vallas. Y se justificó enmarcando las reivindicaciones que acompañaban el Día Internacional de la Mujer en una estrategia de sus rivales. Esta semana, también se ha enfrentado a las críticas de los sindicatos de maestros al aplicar su plan de austeridad a la Secretaría de Educación Pública (SEP), que se traducirá en recortes y despidos. A esto se suma una estrategia muy cuestionada contra la covid-19. México se acerca a las 200.000 muertes, según datos oficiales. Los retrasos en la campaña de inmunización, como ocurre en otros países de América Latina, y la recepción de vacunas aumentan la inquietud.
Pese a todo, Morena, el partido que sostiene al Gobierno de López Obrador, afronta las elecciones de junio, que renovarán la Cámara de Diputados y 15 de las 32 entidades federativas del país, con unas proyecciones que lo sitúan muy por encima de sus competidores. Un promedio de las mediciones elaborado por la plataforma Oraculus atribuye un 48% de la los escaños esta formación, que con sus aliados del Partido del Trabajo superaría ampliamente la mayoría absoluta. Un estudio realizado por SIMO consulting para EL PAÍS recoge el malestar de la población con la actitud del presidente con el feminismo, pero a finales de febrero éste mantenía una elevada aceptación popular, un 65%.
En opinión de Santiago Rodríguez, politólogo y director de estudios de la firma, las razones giran en torno a un eje ideológico y también a un cálculo político. “Los derechos de las mujeres, los derechos humanos en general y el cambio climático son meros accesorios de la apuesta central de su Gobierno: la corrupción. En concreto, el enriquecimiento a partir del servicio público y, al menos discursivamente, la pobreza y desigualdad. Todo revestido de un manto nacionalista. Esta es la discusión que quiere tener, y le molesta que la gente quiera hablar de otras cosas”. Además, tiene “la tranquilidad de saber que no hay líderes que conviertan el descontento de estos sectores en votos para la oposición”. “En el peor de los casos, el descontento fluirá hacia el abstencionismo. Si el pastel se hace más pequeño, él confía en su núcleo duro bien movilizado. De ahí que la polarización política no sea una preocupación, sino hasta una estrategia”, continúa.
Para Paola Zavala Saeb, abogada y directora de la Organización Comunitaria por la Paz, el movimiento feminista tiene ahora muy pocas opciones en las urnas. Señala: “Los partidos políticos no han podido capitalizar el movimiento feminista; ni el PRI, ni el PAN ni el PRD. Lo que sí creo es que muchas mujeres no van a votar a Morena, pero no sé qué van a hacer”, señala. “Al presidente no le interesa el movimiento feminista, no le interesa hacer una transformación feminista”. Asimismo, resalta la decepción que eso supone: “me parece que el tema de los programas sociales directos ha sido muy importante en esta crisis, pero en unos años no van a ser suficientes. La luna de miel se acabó desde hace un año”. La respuesta del movimiento se definirá probablemente en la segunda mitad del sexenio.
El espejismo del gasto social
López Obrador se emplea a diario en defender un proyecto que califica de progresista, con constantes referencias a los sectores más vulnerables de la sociedad, pero también ha recibido críticas por no haber hecho lo suficiente. “Para algunos de sus partidarios de izquierda tradicional, la pobreza y la desigualdad son centrales en su agenda de gobierno. Sin embargo, no ha habido una línea de acción concreta y contundente hacia la redistribución de la riqueza”, mantiene Rodríguez. “El gasto social en porcentaje del PIB no se ha movido significativamente con este Gobierno respecto a los gobiernos pasados. Cambiaron los nombres de los programas y en algunos casos los destinatarios, pero el monto total no. La principal explicación de esto es que la recaudación fiscal sigue siendo muy baja”. En su opinión, “es ahí donde topa esta agenda, en la precaución de López Obrador de no tocar los intereses de los verdaderos millonarios de este país mediante una reforma fiscal progresiva”. Y a eso se añade que “México es de los pocos países de América Latina y el mundo que no aumentaron su gasto social de emergencia durante la pandemia”.
Precisamente, la semana pasada el presidente intentó tranquilizar a los grandes banqueros durante la convención del sector asegurando que no cambiará las reglas del juego. Ocurrió después de impulsar una reforma que revoluciona el sistema eléctrico y, días antes, retar al Poder Judicial. Esta es quizá la señal más preocupante de los últimos días. Tanto el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, como jueces y abogados reivindicaron la autonomía y la independencia de la judicatura, aunque el órgano de gobierno de la judicatura informó de que tramitará la investigación. A eso se suma que el mandatario acompañó esta petición de una serie de acusaciones sin pruebas. Entre ellas, una contra el expresidente de la Corte José Ramón Cossío, colaborador de este periódico, y redobló los ataques a la prensa crítica. En opinión de Cossío, México está “asistiendo a una disputa para saber qué tanto el presidente va a aceptar las decisiones judiciales”. La batalla acaba de comenzar.
