La elección de 2021, considerada la más grande en la historia del país, tendrá los reflectores encima debido a que habrá mayor presupuesto para subsidios que se entregan vía transferencias a la población a través de los programas sociales ‘estrella’ del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El gasto en subsidios que realizará el gobierno, principalmente en programas sociales bautizados como ‘del bienestar’, registra un repunte en 2021 respecto del último año electoral que fue en 2018, cuando se llevó a cabo la elección de la que resultó vencedor López Obrador.
En 2021 el gasto programable aprobado por el Congreso asciende a 4.618 billones de pesos, de los cuales, 457 mil 905 millones de pesos están etiquetados para subsidios, es decir, 10 por ciento de los recursos van a diferentes apoyos sociales, indica el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Ese gasto en apoyos sociales será mayor que el registrado en la última elección, la de 2018, año en que el gasto en subsidios representó 8.5 por ciento del gasto programable. Los datos indican que en ese año el gasto programable aprobado fue de 3.803 billones de pesos, de los cuales, 321 mil millones de pesos fueron para subsidios.
El gasto en subsidios en 2021 es similar al observado en la elección intermedia de 2015, que se realizó bajo el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
Ejercicio del gasto
Rodolfo de la Torre, director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, sostuvo que habrá que poner el foco en el ejercicio del gasto social porque, si bien la historia ha mostrado que cada que hay elecciones aumentan apoyos, este gobierno ha cambiado la política social enfatizando los subsidios, las transferencias monetarias directas, y opera con un censo y servidores de la nación que han sido cuestionados.
“En este sexenio hay menos programas sociales con reglas de operación y los programas que adoptaron Reglas de Operación por una serie de presiones, en realidad tienen reglas laxas y generales, y entre más generales son las reglas, más manipulables, además, el Censo del Bienestar sigue siendo un misterio”, sostuvo.
Alfredo Elizondo, coordinador de Gestión Social y Cooperación (GESOC), apuntó que lo que preocupa no es que aumente el gasto, ya que se entendería debido a que los programas sociales han sido el mecanismo del gobierno para impulsar la recuperación económica por la crisis del COVID-19, sino la falta de controles en los programas para evitar su uso discrecional.
“El problema es la ausencia de controles en varios de los programas y sobre todo la operación de una estructura como los servidores de la nación en donde hay muchas áreas de opacidad y hasta donde se puede identificar con controles casi nulos en la forma en que operan”, sostuvo.