La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha anunciado este jueves que se han bloqueado las cuentas de 79 personas vinculadas a una red de clonación de tarjetas en los cajeros de la Riviera Maya. El director de la UIF, Santiago Nieto, ha informado en sus redes sociales que los sospechosos son rumanos y mexicanos que operaban en la zona turística de Cancún, Quintana Roo, y que estaban siendo investigados en la Operación Caribe. El modus operandi de la red es similar a la organización desmantelada en 2019 que durante cinco años robó 240 millones de dólares anuales gracias a la instalación de dispositivos en cajeros automáticos de la costa mexicana.
La Operación Caribe incluye la colaboración de Gabinete de Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) además de la UIF. Con la colaboración entre las instituciones se consiguió identificar a los sospechosos y bloquear hasta 79 cuentas de mexicanos y rumanos de una red criminal con centro de operaciones en Cancún. Sin embargo, la red se ha expandido a otras zonas turísticas como Puerto Vallarta, los Cabos o la Riviera Nayarita.
La UIF ha detallado que la organización criminal se dedica a alterar cajeros automáticos en hoteles turísticos de la Riviera Maya. Los criminales instalan dispositivos en las máquinas para sustraer los datos de las tarjetas bancarias de los visitantes que las usan para extraer efectivo. Con los datos robados consiguen duplicar las tarjetas y sustraer dinero de las cuentas de los turistas operando bajo el nombre de empresas fachada de la misma organización criminal. El modus operandi imita a la red criminal desmantelada en 2019, que durante cinco años alteró los cajeros automáticos de los principales destinos turísticos de México y recaudó 240 millones de dólares anuales antes de ser disuelta
Las investigaciones se centraron en estudiar el movimiento de dinero internacional de las cuentas. Se analizaron un total de 277 operaciones bancarias inusuales de montos de hasta 337,5 millones pesos (unos 16,5 millones de dólares) y se analizaron otros 520 reportes de operaciones relevantes por más de 125,5 millones de pesos (algo más de 6 millones de dólares) en transferencias internacionales. Además, la red emitió 1.834 cheques de más de 150 millones de pesos (7,36 millones de dólares) y recibió otros 700 por sumas similares.
El Gabinete de Seguridad proporcionó a la UIF varios informes de inteligencia elaborados durante meses. En ellos se detallaba la actividad de los principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados, así como de diversos servidores públicos que operan en las redes de corrupción que favorecían el duplicado de las tarjetas y el robo de sus datos. Con la ayuda del FBI se logró ubicar a un gran número de integrantes del grupo criminal, así como a sus mayores operadores financieros y empresas utilizadas en el blanqueo de capitales.
TENSIONES MÉXICO-RUMANÍA
La investigación ha levantado tensiones diplomáticas con Rumania. El ministro de Asuntos Exteriores rumano, Bogdan Aurescu, condenó abiertamente el pasado miércoles que el Gobierno mexicano retuviera a sus ciudadanos en el aeropuerto de Cancún alegando protocolo covid-19. Aurescu criticó la gestión del Gobierno mexicano en rueda de prensa por retener a más de 200 ciudadanos en la frontera y calificó la medida como “hostil y arbitraria”. “Es una situación que puede llevar a que México pierda turistas, dinero y credibilidad como destino de viaje”, sentenció. La embajada de Rumanía envío como jefe de misión al aeropuerto a Ionut Valcu, quien celebró en las redes sociales que finalmente los turistas pudieran pasar el control de la frontera e ingresar a México. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, respondió en su cuenta de Twitter: “A la orden, trabajamos con el apoyo de INAMI (Instituto Nacional de Migración) para que no se vuelva a repetir. Bienvenidos a México los rumanos siempre”. La UIF ha recalcado en un comunicado que sus acciones son el resultado del Gobierno de México para combatir a las organizaciones criminales que operan en el país para mermar su capacidad económica y limitar su margen de operación dentro del sistema financiero.
