El abogado de Bucaram, Alfredo Arboleda, afirmó horas antes que “se ha mantenido incomunicado al expresidente. Es una arbitrariedad. Está cumpliendo las medidas más drásticas, la presentación todos los días (ante el juez), le tienen vigilado, nos tienen vigilados, era innecesario” el operativo de captura.

QUITO.- El expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram fue detenido el miércoles en su casa en Guayaquil acusado de delincuencia organizada mientras la fiscalía investiga si tiene relación con la muerte de un israelita en una cárcel de Guayaquil, señaló la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

En una entrevista con radio WQ precisó que la investigación fiscal debe “determinar cuál es el grado de participación que existe o no en el delito que se investiga, el delito que se investiga … relacionado por la muerte de un ciudadano israelí que estaba privado de libertad en la Penitenciaría”.

Por su parte, la Fiscalía se limitó a decir en Twitter que a los apresados “se los investiga por presunta delincuencia organizada”.

El caso por el que se acusa a Bucaram involucra a dos ciudadanos israelíes detenidos en junio cuando transportaban casi 100 mil dólares utilizando documentos falsos para intentar pasar como miembros de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Uno de ellos, Shy Dahan, fue asesinado el 8 de agosto dentro de su celda, mientras que el otro resultó herido durante un supuesto ataque.

En los últimos días se difundió una presunta conversación entre Bucaram y Dahan en la que se escucha una voz, supuestamente del exmandatario, decir que “vamos a tratar de arreglar las cosas que van mal” y luego a Dahan que le pregunta si nadie va a tratar de matarlo y le responde “nada de eso”.

La embajada de Israel en esta capital, en un comunicado dijo que su país “considera muy grave que un preso, ciudadano israelí, haya sido asesinado en la cárcel y este hecho se debe investigar muy a fondo”.

Héctor Gabriel Vanegas, abogado defensor de Oren Sheinman, el israelita que quedó herido, dijo más tarde a The Associated Press que su defendido “ha venido siendo víctima de constantes amenazas, desde su ingreso al centro carcelario, no únicamente de la persona que usted refiere (Bucaram), sino de él y de otras personas”.

Añadió que Sheinman “tiene información importante que puede ser conducente a esclarecer varias redes de corrupción en Ecuador y está presto … a poner información de las autoridades de justicia, toda la información siempre y cuando se garantice su seguridad, su integridad y su vida”. No dio más detalles.

El abogado de Bucaram, Alfredo Arboleda, afirmó horas antes que “se ha mantenido incomunicado al expresidente. Es una arbitrariedad. Está cumpliendo las medidas más drásticas, la presentación todos los días (ante el juez), le tienen vigilado, nos tienen vigilados, era innecesario” el operativo de captura.

El hijo de Bucaram, que lleva el mismo nombre, cuestionó en Twitter “cuál es la flagrancia que justifique este atropello? Si es indagación, porqué este procedimiento contra una persona adulta mayor, con problemas cardíacos y un grillete?”. En tanto, la esposa del exmandatario, María Rosa Pulley, expresó que “me estoy dando cuenta que no lo quieren preso, lo que quieren es matarlo”.

Bucaram, arrestado el 3 de junio por otros delitos y luego puesto en libertad, estaba siendo trasladado Quito, pero sufrió un quebranto de salud y fue internado en un hospital de Guayaquil. Un par de horas más tarde fue trasladado en una avioneta hacia la capital para afrontar una audiencia de formulación de cargos.

Al expresidente y a sus hijos Abdalá, Jacobo y Mishel -que se encuentran prófugos- se los investiga por la comercialización ilegal de insumos médicos en medio de la pandemia como pruebas de diagnóstico del COVID-19 y mascarillas.

Tales productos coincidían en marca y modelo con aquellos que estaban en hospitales estatales de Guayaquil y que fueron adquiridos con sustanciales sobreprecios a través de un intermediario detenido desde hace semanas.

Bucaram, quien solía llamarse “El loco que ama”, gobernó Ecuador entre agosto de 1996 y febrero de 1997, cuando fue depuesto de su cargo en medio de acusaciones de nepotismo y corrupción por “incapacidad mental para gobernar”. Se exilió por alrededor de dos décadas en Panamá mientras prescribían los procesos judiciales derivados de su breve paso por la presidencia.