Irán reconoció la semana pasada que mantiene detenida a la antropóloga iranofrancesa Fariba Abdelkhah, de quien sus familiares y colegas dejaron de tener noticias a principios de junio. La admisión se produjo después de que el Gobierno francés hiciera público el caso al no recibir una respuesta satisfactoria a sus gestiones diplomáticas. A falta de acusación formal y verosímil, el arresto de Abdelkhah se enmarca en una preocupante costumbre del régimen iraní de utilizar a ciudadanos con doble nacionalidad como moneda de cambio en sus problemas con la comunidad internacional. Al menos otras siete personas se hallan en la misma situación.

Abdelkhah, de 60 años, estaba en Irán investigando sobre el sistema clerical chií y las relaciones religiosas entre la República Islámica y sus vecinos Irak y Afganistán. No era su primera visita. Desde que en 1977 se fue a estudiar a Francia y se instaló en París, la ahora directora de investigación del Centro de Estudios Internacionales (CERI-SciencesPo) había realizado numerosas estancias en su país de nacimiento que han dado lugar a varios libros y artículos académicos.

“Su detención es absurda y escandalosa”, denuncia en un comunicado el Fondo de Análisis de las Sociedades Políticas, una asociación de investigadores franceses que forma parte de la red europea Reasopo de la que Abdelkhah es miembro fundador. “Sus actividades son estrictamente académicas, no tiene ningún vínculo con ninguna agencia de inteligencia y no realiza ninguna actividad política en Irán”, insiste el texto.

Sus colegas sugieren que la medida o bien pretende utilizarla como moneda de cambio, o bien es fruto de que “la libertad académica y de investigación se han vuelto intolerables para los operativos de seguridad en Irán”. Ambas cosas parecen ser ciertas en el clima de creciente represión que denuncian los activistas sociales iraníes. Desde que Estados Unidos abandonó del acuerdo nuclear el año pasado y reinstauró sus sanciones contra la República Islámica, los sectores más inmovilistas del régimen están ganando terreno.

Francia lidera los esfuerzos europeos para intentar salvar ese pacto. De ahí que algunos analistas vean en la detención de Abdelkhah, que ya fue interrogada por los servicios secretos iraníes durante la presidencia de Mahmud Ahmadineyad, un intento de sabotear su mediación. En cualquier caso, el asunto constituye un nuevo obstáculo para la diplomacia.

No se trata, sin embargo, de un fenómeno nuevo. Irán, que no reconoce la doble nacionalidad, tiene una larga historia de detenciones de ciudadanos con un segundo pasaporte a los que acusa de espionaje para su país de adopción. En la actualidad, están en esa situación la iranobritánica Nazanin Zaghari-Ratcliffe (detenida en 2016 y condenada a cinco años por “intentar derribar al régimen”) y por lo menos media docena de iranoestadounidenses. En el pasado, algunos analistas han interpretado que los ultras buscaban sabotear los intentos de mejorar las relaciones con Occidente.

“Por un lado, envían el mensaje a los iraníes con doble nacionalidad de que no somos bienvenidos en Irán; por otro, el régimen considera que [los detenidos] son útiles como capital político en negociaciones internacionales”, declara a EL PAÍS Jason Rezaian, un periodista iranoestadounidense encarcelado entre julio de 2014 y enero de 2016 bajo falsas acusaciones de espionaje. Rezaian, que recogió sus 544 días de cautiverio en el libro Prisoner (aún por publicar en español), atribuye la mayoría de esos arrestos a la Guardia Revolucionaria (los Pasdarán).

Irán siempre ha negado que los binacionales sean un medio de presión para alcanzar acuerdos internacionales. Sin embargo, y pesar de no reconocerles el segundo pasaporte (lo que impide la atención consular), no ha tenido empacho en intercambiarlos por iraníes detenidos en otros países. Tal fue el caso de Rezaian y otros tres iranoestadounidenses que quedaron en libertad a cambio de siete iraníes (seis de ellos también estadounidenses) detenidos en EE UU por vulneración de las sanciones contra Teherán, en vísperas de que estas se levantaran en enero de 2016. El propio ministro iraní de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, volvió a poner esa posibilidad sobre la mesa sin el menor pudor el pasado abril, cuando Washington aceleró su estrategia de máxima presión hacia Irán.

Rezaian defiende la movilización de la opinión pública. “Una vez que el nombre aparece en los medios, no hay vuelta de hoja. Antes de que eso ocurra, quienes les detienen pueden hacer literalmente lo que quieren con sus rehenes”, explica convencido de que en última instancia son los gobiernos de los países de acogida los que tienen que ser presionados. “No podemos esperar que, por arte de magia, el régimen iraní haga lo correcto y libere a personas inocentes a las que ha detenido como aval”, argumenta.

Así lo entendía Abdelkhah, la investigadora ahora detenida, quien en 2009 se movilizó tras el arresto de la doctoranda francesa Clotilde Reiss e incluso escribió una carta abierta al entonces presidente Ahmadinejad reclamando su libertad. Esta se produjo diez meses más tarde, pero sólo después de que París rechazara la extradición de un ingeniero iraní a EE UU, donde estaba acusado de adquirir material de uso militar bajo embargo, y le permitiera regresar a Irán.

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