Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cuartoscuro.

El Senador Alfonso Durazo no la tiene fácil. Para él será creada la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y su más importante compromiso será frenar la ola de inseguridad que se vive y se respira en el país. Disminuir la estadística de homicidios dolosos, contener la narco guerra, combatir a los cárteles de la droga, recuperar los territorios tomados por los criminales organizados, reordenar el sistema penitenciario, coordinarse con estados y municipios y además, prevenir los delitos, proveer seguridad.

No es cualquier cosa el tamaño del compromiso, dado que México atraviesa por una crisis de inseguridad que tiene sumidos estados completos como Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Baja California, además de afectar ciudades turísticas como Acapulco, Cancún, en su momento Los Cabos.

En los últimos dos sexenios, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña, la inseguridad ha ido a la alza. Si el panista concluyó su sexenio con una cifra record arriba de los 121 mil ejecutados productos de las vendettas y guerras del narcotráfico, el priísta que prometió un México en paz concluirá su sexenio con un número arriba de las 150 mil fatalidades. Y de una administración a la otra, México pasó de contar con unas 20 organizaciones criminales, a más de 200.

La guerra contra los cárteles que inició Calderón no la continuó Peña, y ahora Andrés Manuel López Obrador está comprometido a disminuir no solo el número de homicidios –a la mitad en tres años, dijo- sino las estructuras criminales que con el trasiego de la droga, los secuestros, la extorsiones y el narcomenudeo, han hecho de México uno de los países con más muertos.

Mientras Felipe Calderón concentró sus esfuerzos en “acabar” con los grandes objetivos, los capos de la droga, y Enrique Peña le apostó a coordinar esfuerzos en los 50 municipios más violentos del país, ninguna de las dos estrategias tuvieron resultados completamente óptimos. Si bien es cierto la captura de los jefes de cárteles tambaleó por un momento a las organizaciones criminales, la división interna en las mismas al luchar por el poder criminal, esas escisiones trajeron al País más organizaciones criminales. Y dedicar los esfuerzos a determinados municipios, hizo que los criminales migraran a otros menos vigilados pero igual de redituables.

Actualmente aparte de los cárteles impunemente tradicionales como el cártel de Sinaloa, el del Golfo, los Arellano Félix, se han sumado otros como el Cártel Jalisco Nueva Generación, y en entidades específicas denominaciones particulares dan nombre criminal a las mafias locales. Cada vez más, y más violentas.

Hace unos días el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, daría a conocer su plan de seguridad. Pero el tiempo le alcanzó y el anuncio fue pospuesto. No así la reunión que sostuvo con quienes serán los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Armada de México, y el futuro Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Además de otros integrantes de lo que será el equipo de seguridad del próximo gobierno federal.

Aunque en campaña el presidente electo le apostó a la cultura, la educación, el deporte, la recuperación de los campos agrícolas y el desarrollo urbano para combatir la inseguridad con oportunidades a la población ahora cautiva en las redes del narcotráfico y la criminalidad organizada –para ellos es la amnistía prometida-, hace unos días circuló un documento que da cuenta de las reformas que se harán a la ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Legisladores consultados dicen que será antes del 27 de noviembre cuando el documento será puesto a disposición del Poder Legislativo para su análisis y aprobación, el texto retrata mayormente la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; además claro, las encomiendas que ha dado el presidente electo tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como las compras consolidadas del gobierno federal y el control de todas las oficialías mayores que mutarían a unidades de administración y finanzas, así como el cambio de nombre de Sagarpa a solo Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social, o el de SEDESOL a Secretaría de Bienestar, y las modificaciones a las delegaciones federales así como a las facultades de Gobernación.

Enrique Peña Nieto, el todavía presidente constitucional de México (aunque no lo parezca), eliminó la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y las tareas de seguridad que recaían sobre el titular de esa dependencia, las llevó a la facultad de la Secretaría de Gobernación, mayormente.

En la propuesta de reforma a la ley orgánica de la administración pública federal, esas facultades, y otras, estarán en la esfera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que, ha adelantado López Obrador, titulará Alfonso Durazo.

Por ejemplo, será oficialmente auxiliar del Poder Judicial de la Federación y de la Fiscalía General de la República y otras dependencias, para “la investigación y persecución de los delitos en cuyo caso los cuerpos de policía que actúen en su auxilio estarán bajo el mando y conducción del Ministerio Público, y disponer de la fuerza pública en términos de las disposiciones legales aplicables”.

Junto a la Secretaría de Gobernación, la de Seguridad Pública y Protección Ciudadana proveerá la información sobre las personas desaparecidas en el País, la cual harán pública para que interesados puedan aportar datos para localización. Será la SSPC la encargada de “ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema penitenciario federal y de justicia para adolescentes”.

Además, la secretaría de Durazo, será la dependencia donde se basara el sistema de información y registro de datos “en materia criminal”, la cual deberá utilizar para realizar las estrategias para la prevención del delito.

El todavía Senador por Sonora será el responsable también de la coordinación de tareas y de corporaciones policiacas, tendrá facultades de investigación y de sistematización de la información de seguridad pública. En ese contexto, será Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional. Al tiempo que se le faculta para “establecer y operar un sistema de investigación e información, que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, así como contribuir, en lo que corresponda al Ejecutivo de la Unión”.

De acuerdo al documento, el CISEN (Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional) no desaparece, sino que cambia de nombre; una vez aprobada la propuesta será el Centro Nacional de Inteligencia, y dejará la esfera de Gobernación para enmarcarse en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Desde la misma SSPC se coordinarán con gobiernos de los estados, municipios y dependencias federales, “las políticas y programas de protección civil del Ejecutivo”, y también Durazo presidirá “el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el de Seguridad Nacional en ausencia del presidente de la República”. Además la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.

A grandes rasgos, las reformas que propondrán del equipo de López Obrador para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, contribuirán a crear una súper secretaría para Durazo, que concentrará labores que tenía la Secretaría de Seguridad Pública Federal y otras que estaban en la influencia de la Secretaría de Gobernación, como esa de mandar al pronto ex CISEN, ahora CNI a Seguridad. Por primera ocasión desde su creación en el segundo lustro de la década de los ochenta, la inteligencia nacional saldrá de Gobernación.

Con estos cambios, con la creación de una Secretaría de Seguridad, Alfonso Durazo no la tendrá fácil. Estará obligado a dar resultados, los cuales no se han tenido de manera óptima en los últimos dos sexenios. Y como que ya va siendo hora.

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