La investigación de los fiscales de la Operación Influencer, el caso que llevó en noviembre pasado a la dimisión de António Costa como primer ministro de Portugal, ha vuelto a ser cuestionada por los jueces. El Tribunal de Relaçao de Lisboa, la segunda instancia judicial ante la que habían presentado recursos dos de los detenidos, ha desmontado toda la arquitectura planteada por la Fiscalía para desencadenar una espectacular operación que llevó el pasado 7 de noviembre a cinco detenciones y 42 registros, incluida la residencia oficial del primer ministro en São Bento. Con todo, el mayor impacto de la Operación Influencer fue la caída de un Gobierno, que tenía mayoría absoluta, y el abrupto fin de una legislatura que estaba a mitad de camino porque el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, decidió que la única salida a la crisis desatada por la renuncia del primer ministro era la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas.
En una resolución de 366 páginas, los magistrados esparcen numerosas críticas hacia el trabajo de los fiscales que, en alguna ocasión, llega a ser tildado de “inepto”. Consideran que hasta los interrogatorios de los cinco detenidos en noviembre no había indicios de los delitos observados por la Fiscalía: tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y corrupción y minimizan las escuchas telefónicas como elementos probatorios. “Prueban que se dijeron aquellas frases y que fueron proferidas por las personas identificadas en las transcripciones. Pero no son hechos. Son medios de prueba. Y la sucesión de conclusiones y relaciones que el ministerio público extrae de ella no son ni una cosa ni otra”, exponen.
“El único hecho concreto protagonizado por el primer ministro fue la asistencia a un evento de presentación del proyecto [del centro de datos en Sines de la empresa Start Campus] el 23 de abril de 2021″, señalan los jueces en la resolución difundida por el diario Público. “De una relación de amistad con un miembro del Gobierno, además asumida de forma pública y reiterada por ambos protagonistas, ¿tiene que llegarse a la conclusión de que hubo tráfico de influencias, corrupción activa o pasiva o prevaricación?”, interpelan los magistrados. La relación estrecha desde sus tiempos de estudiantes de Derecho entre Costa y Diogo Lacerda Machado, que trabajaba para Start Campus en el momento de la detención, alimentó, para los fiscales, las sospechas de irregularidades en la tramitación de este proyecto.
El 7 de noviembre fueron detenidos el jefe de gabinete del primer ministro, Vítor Escária, uno de los mejores amigos de Costa, el abogado y consultor Diogo Lacerda Machado, el presidente de la Cámara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas, y dos administradores de la sociedad Start Campus, que promovía un gigantesco centro de datos en Sines. Además, en un comunicado, la Fiscalía anunció que el Tribunal Supremo había abierto una investigación para dilucidar el papel de Costa en la aprobación de los proyectos empresariales que estaban bajo sospecha. No acusaban al primer ministro de nada en concreto, pero señalaban que su nombre era citado en varias conversaciones telefónicas pinchadas a los detenidos y que esto debía ser aclarado. Nada más conocer esto, Costa presentó su renuncia como primer ministro para “preservar la dignidad de las instituciones democráticas”. “Estoy tranquilo con el juicio de mi conciencia, no ya respecto a actos ilícitos, sino incluso censurables”, dijo al anunciar su dimisión.
La Fiscalía mantuvo detenidos una semana a los cinco principales imputados, que salieron en libertad por decisión del juez de instrucción Nuno Dias Costa, al no considerarlos sospechosos de corrupción ni prevaricación —solo vio indicios de tráfico de influencias—. El ministerio público, que recurrió esta resolución del juez ante el Tribunal de Relaçao, incluso pedía prisión preventiva para Vítor Escária y el abogado Lacerda Machado. Los dos eran considerados las piezas principales de varios casos de corrupción, tráfico de influencias y prevaricación en proyectos empresariales relacionados con la explotación de litio y la construcción del centro de datos de Sines.
Ahora, la nueva resolución pincha aún más el trabajo de los fiscales, ya que retira las últimas medidas cautelares impuestas a Lacerda Machado y Escária, que a partir de ahora podrán salir del país. También se retira la fianza de 150.000 euros exigida al abogado. Asimismo, plantea que el papel del exministro de Infraestructuras y ex secretario de Estado de Energía, João Galamba, que no fue detenido, pero sí imputado por los fiscales de la Operación Influencer, está relacionado con su deseo de impulsar el proyecto de Start Campus en Sines.
Tras divulgarse la resolución del tribunal de Lisboa, el presidente de la República ha comentado que “comienza a ser más probable que haya un portugués en el Consejo Europeo el próximo otoño en Bruselas”. El anticipo electoral decidido por Rebelo de Sousa ha desatado una situación de inestabilidad política, ya que el nuevo Gobierno conservador carece de fuerza parlamentaria suficiente para sacar adelante en solitario sus iniciativas. Los comicios del pasado 10 de marzo, además, provocaron la subida espectacular de Chega, el partido de ultraderecha, que recibió más de un millón de votos y se ha convertido en una fuerza de gran peso en la Asamblea de la República con 50 diputados.
