El periodista Jaime Barrera fue liberado por sus captores en el municipio de Magdalena, a decenas de kilómetros de Guadalajara. No tuvo maltrato físico fuerte (unos tablazos ya al final, relató) y el móvil estuvo relacionado con su trabajo periodístico, según lo declarado ayer en diversos medios de comunicación.
Barrera es un periodista de larga trayectoria y de amplia visibilidad en Jalisco. Conduce el programa nocturno de Televisa (ahora N+) Jalisco y uno de radio a mediodía, además de escribir una columna en un diario local, en la que particularmente ha sido expositor de hechos relacionados con el crimen organizado y crítico constante de la indolencia de las estructuras federales, estatales y municipales de gobierno, infiltradas por aquel poder fáctico y con frecuencia sometidas a los intereses e instrucciones de esos grupos delincuenciales.
Según lo expresado por Barrera, quienes lo mantuvieron desaparecido durante casi 40 horas, o tal vez sólo alguno de ellos, le habrían preguntado sobre las motivaciones de sus escritos periodísticos y, al final, antes de decidir soltarlo, le habrían advertido que le bajara a sus críticas y que esta vez se podría retirar a su casa, aunque ya conocían su domicilio y el de su familia, así como sus movimientos.
El regreso con vida de Barrera distendió un ánimo social, no sólo periodístico, sumamente preocupado por los hechos. La satisfactoria resolución física del caso (es decir, afortunadamente no hubo consecuencias corporales, aunque se dejó instalado un mensaje de amedrentamiento al periodismo en general) generó, sin embargo, algunas especulaciones que fueron reforzadas por el gobernador Enrique Alfaro cuando planteó en una rueda de prensa que igual de importante es esclarecer los hechos. No solamente dar con los responsables, sino entender qué fue lo que pasó, porque evidentemente no fue un secuestro, no hubo petición de rescate; no fue un robo, porque no se robaron nada; no fue un intento de homicidio. Fue otra cosa y tenemos que entender qué fue.
Ayer se produjo una resolución judicial que, en apariencia, significa un triunfo para Aleatica, la reformulación de marca de OHL, la trasnacional española que en México hizo muchos negocios turbios, sobre todo en contubernio con Enrique Peña Nieto y su ya difunto secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.
El abogado Paulo Díez, quien ha sostenido una larga batalla jurídica respecto a la corrupta apropiación de las citadas empresas del Viaducto Bicentenario, posteó ayer al respecto: “la corrupta Aleatica ha perdido la guerra ganando una batalla. En su resolución, el juez de control federal Daniel Ramírez reconoció que la @FGR acreditó que el Viaducto Bicentenario sí es un bien propiedad de la nación, que es explotado SIN CONCESIÓN otorgada por la autoridad federal competente, lo que habría sido suficiente para vincular a proceso a los imputados, pero razones de pesos –perdón, quise decir, de peso– lo llevaron no sólo a no vincular, sino a sobreseer la causa penal. Aleatica no gana nada con la resolución; lo pierde todo. Por eso no está festejando y, por el contrario, ya prepara las apelaciones de los imputados. No hay que dejarse engañar por las apariencias. Ánimo, México, que vamos a derrotar a los corruptos”.
En este litigio se ha señalado la complicidad del actual secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, quien ha utilizado una burda mentira, según ha señalado Díez, que le ha servido a dicho miembro del gabinete obradorista “y a su socio @HLopezLeal para seguir beneficiando indebidamente a la corrupta Aleatica”. Pregunta Díez: “¿La @SICTmx ‘negoció’ con el @Edomex el sobreseimiento del procedimiento de sanción por la explotación ilegal del Viaducto Bicentenario?”.
Y, mientras dos policías guerrerenses ya están formalmente detenidos por su participación en el asesinato de un normalista, aunque el principal acusado sigue prófugo, ¡hasta mañana!