La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación defendió el actuar del juez Crescencio Contreras Martínez y advirtió que la solicitud de juicio político por parte del Gobierno Federal, atenta contra la independencia judicial en el país.
Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Gobernación presentó el martes una denuncia de juicio político en contra del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Tamaulipas, Crescencio Contreras Martínez, por presuntas actuaciones irregulares que han favorecido a integrantes de grupos criminales.
De acuerdo con Gobernación, Contreras Martínez ha estado involucrado en la liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de las 31 personas migrantes, así como con otros actos de delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho.
Tras los señalamientos, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación publicó un comunicado en el que señaló que la información brindada por Gobernación es inexacta, ya que la sentencia que emitió Contreras Martínez se encuadró a la localización de dos armas de fuego largas y a la presencia de clorhidrato de cocaína en un inmueble cateado, mas no por todos los actos ilícitos mencionados anteriormente.
Indicó que, si la resolución emitida por el juez resultó favorable al imputado, fue por una “deficiente” actuación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), quien no logró acreditar que la droga hallada tuviera fines comerciales ni que el investigado perteneciera a un grupo criminal.
Cabe aclarar que el único indicio encontrado en el domicilio cateado fue una licencia de conducir falsa a nombre del imputado, sin embargo, la FGR tampoco logró demostrar que habitaba en el inmueble.
“El juzgador actuó única y exclusivamente basándose en los datos de prueba que obran en autos, sin tomar en consideración criterios políticos ni presiones externas”, detalló la asociación en el comunicado.
Asimismo, recordó que es el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el responsable de vigilar y sancionar las actuaciones de las personas juzgadoras federales, mas no el Gobierno Federal, y rechazó que el juicio político se utilice con estos fines.
“La solicitud de juicio político no puede ser utilizada como un mecanismo al servicio del gobierno en turno para controlar o acechar al Poder Judicial, ello constituye un atentado a la garantía de independencia judicial de las personas juzgadoras”, concluyó.
