Desde hace meses, los reflectores están puestos sobre el fútbol femenino colombiano. Con su participación en el Mundial 2023, en el que la selección se ubicó entre las ocho mejores del mundo, las jugadoras demostraron que podían llenar estadios, romper récords de audiencia y anotar goles de último minuto. Las declaraciones de varias de ellas —así como sus historias de esfuerzo y superación— pusieron el foco no solo en sus victorias, sino en el tema de la precariedad laboral. Este viernes el asunto trascendió lo mediático y entró en un nuevo terreno de juego: el legal. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio a conocer que abrió una investigación contra las directivas del fútbol por conductas que habrían derivado en malas condiciones laborales para las jugadoras.
Mediante la resolución 56062, del 20 de septiembre de 2023, la SIC, entidad encargada de proteger la libre competencia en Colombia, formuló un pliego de cargos contra la Federación Colombiana de Fútbol y la División Mayor del Fútbol Colombiano —más conocida como la Dimayor—, así como contra 29 clubes de fútbol, entre los que figuran los de mayor renombre y tradición, como Millonarios, Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, América de Cali, Deportivo Cali y Atlético Nacional. La SIC encontró que presuntamente hicieron un acuerdo que limita la libre competencia económica y viola los derechos en la contratación de algunas deportistas menores de 20 años.
Lo que señala la resolución es que habrían creado un sistema mediante el cual los equipos alinearon las condiciones laborales de las jugadoras en lugar de pujar entre ellos. Así, habrían generado “una tendencia a reconocer únicamente lo mínimo en relación con algunos aspectos laborales (…), como el salario y el término de duración, entre otros”. La competencia, que en el fútbol masculino permite que los equipos se disputen la contratación de los mejores jugadores con ofertas competitivas hasta llegar en ocasiones a salarios astronómicos, en el caso de las mujeres no se estaría aplicando.
Todos los empleadores de la liga de fútbol profesional colombiana, que son los equipos de fútbol, habrían acordado “una remuneración cercana al salario mínimo (unos 295 dólares), una vinculación de entre uno y cuatro meses y que solo se daría una vez al año. Y además habrían establecido unas limitaciones para obtener ingresos adicionales mediante la explotación de sus derechos de imagen”, indicó Francisco Melo, superintendente delegado para la protección de la competencia, este viernes en una rueda de prensa.
Muchas de las jugadoras, de hecho, deben tener otros trabajos para poder mantenerse mientras siguen entrenando. Catalina Usme, delantera y máxima goleadora histórica de selección Colombia, “trabajó de mesera, haciendo inventario, dando clases de fútbol, lo que necesitara para poder sostenerse. Renunciaba cuando había convocatorias de selección o torneos, y al otro día de que se acababan, salía a buscar trabajo. Todo ese esfuerzo para poder seguir jugando”, contó su hermano a EL PAÍS. Al término del Mundial, ella dejó clara su insatisfacción con las condiciones laborales: “Colombia puede ser potencia, pero quiero que les demos mejores condiciones a esas niñas para que vengan y ganen un Mundial”.
La investigación de la Superintendencia se basa en información recolectada luego de incautar celulares, computadores y recoger datos de estados financieros y balances de varios equipos. Apunta a que se “habrían fijado una tabla de salarios” según la cual, de acuerdo con la categoría en la que encajara la jugadora, “se determinarían los topes salariales a los que tendrían derecho como remuneración por sus servicios profesionales”.
La resolución no solo está dirigida a las instituciones deportivas, sino que acusa, con nombre propio, a nueve directivos: Fernando Jaramillo Giraldo, presidente de la Dimayor; Jorge Enrique Vélez García, expresidente de la misma institución y excongresista; Carlos Alberto Barato Méndez, director técnico y presidente de Fortaleza FC; Luis Eduardo Méndez Bustos, presidente de Santa Fe; Diego Fernando Perdomo Rojas, accionista mayoritario del mismo club; Carlos Mario Zuluaga Pérez, presidente ejecutivo de La Equidad; y Óscar Ignacio Martán Rodríguez, asesor de fútbol y expresidente de Cortuluá. Todos ellos son señalados de “haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado y/o tolerado la conducta imputada, que se refiere a violaciones a la libre competencia”.
Transmisión y falta de financiación
La Federación y la Dimayor han argumentado que el nivel de desarrollo del fútbol femenino en Colombia y el hecho de que solo se hace una liga cada año obedece a falta de recursos y financiación. Pero, según Melo, la SIC investiga “si a pesar de eso (…) se habrían negado a recibir los dineros públicos que el Gobierno ha ofrecido para promocionar el fútbol femenino en nuestro país. En las pruebas que hemos recaudado hasta este momento, presuntamente la razón que habría motivado esa negativa a recibir los recursos es que las instituciones investigadas considerarían que no es conveniente quedar sujetas a la fiscalización y la auditoría de los entes de control de Colombia”.
Finalmente, está el tema de la transmisión de los partidos de los torneos de la Dimayor. Según los acuerdos existentes con los canales de televisión, como mínimo se deben transmitir 10 competiciones masculinas y una femenina, pero existe una cláusula que permite que el partido de las mujeres sea reemplazado por uno masculino. De acuerdo con la Superintendencia, “esto implica que el contrato habilita que se transmitan únicamente partidos de las competiciones masculinas, que puede ser problemático para el desarrollo del deporte en Colombia porque la transmisión de estos eventos es un elemento fundamental para atraer la atención del público”.
La denuncia de la Superintendencia se desarrolla justo cuando las condiciones de las jugadoras de fútbol ha cobrado mayor importancia en todo el mundo. En España, Luis Rubiales se vio forzado a renunciar a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol luego de besar sin su consentimiento a la jugadora Jennifer Hermoso durante la celebración de la victoria de las españolas en el Mundial. El episodio trascendió a escala planetaria e incluso llegó a ser un tema de discusión en el Parlamento Europeo.
Luis Eduardo Méndez, uno de los señalados por la Superintendencia, explicó en la emisora La W que no hay tal acuerdo. “Hoy en Santa Fe hay salarios desde tres a doce millones. Esto es una empresa que tiene que planificarse y moverse de acuerdo a unos presupuestos que se manejan. No he tenido problemas con ninguna jugadora” dijo, y advirtió que ante la delicada situación financiera del cuadro capitalino, una multa al equipo podría llevar a su liquidación.
Esta investigación podría llegar a alterar la agenda futbolística, tanto femenina como masculina, de los próximos meses. Genera especial incertidumbre ya que el país no solo acogerá el Mundial femenino Sub-20 en 2024, sino que en unas semanas, entre el 5 y el 21 de octubre, será sede de la Copa Libertadores femenina, que se realizará en Bogotá, Cali y Palmira.
