Transportistas y habitantes de diversas comunidades de Guerrero protagonizaron ayer en esta ciudad una nueva jornada de violencia. El pasado jueves y durante el fin de semana exigieron la libertad de dos sujetos ligados al grupo criminal Los Ardillos. Ayer la demanda fue por obra pública.
Este lunes fueron más de 5 mil las personas quienes bloquearon la Autopista del Sol, en ambos sentidos, y la carretera federal a Acapulco.
Además, se enfrentaron con policías, hirieron a varios elementos y robaron una unidad blindada conocida como Mamba Black, con la que irrumpieron en el Congreso local y Palacio de Gobierno, este último donde está la oficina de la gobernadora Evelyn Salgado.
La gobernadora Salgado dijo en redes sociales que su gobierno no iba a reprimir la manifestación y envió a su secretario de Gobierno, Ludwig Reynoso, a negociar con los manifestantes. Sólo les aceptó un pliego petitorio.
Reynoso dijo que se trató de una protesta sin razón y resultó inusitada la cantidad de personas convocadas. Confirmó que, al cierre de esta edición, 13 personas, entre policías, guardias nacionales y funcionarios, estaban retenidas. Tras cinco horas, las carreteras fueron liberadas alrededor de las ocho de la noche.
En conferencia, aseguró que se investiga a quienes encabezaron la protesta y se analiza fincar cargos por los daños causados, la toma de carreteras y la privación de la libertad de funcionarios. Incluso, señaló que si los funcionarios retenidos son llevados a otro lugar “ya no vamos a hablar, vamos a actuar”.
El pasado jueves y durante el fin de semana hubo protestas similares. En aquella ocasión líderes de transportistas exigían la libertad de Jesús Echeverría Peñafiel y Bernardo Chávez Cruz. Ambos fueron detenidos el 5 de julio pasado, en la población de Petaquillas, en Chilpancingo, Guerrero.
La Fiscalía General de la República (FGR) dijo ayer mismo que dichos sujetos son miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), brazo armado del grupo criminal Los Ardillos.
Explicó que un juez de distrito ya los vinculó a proceso penal por delitos contra la salud y posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Además les dictó prisión preventiva y los dos estarán en una cárcel federal.
En la protesta de ayer, los protagonistas exigieron servicios como agua potable, drenaje y construcción de escuelas.
No obstante, los hechos se dan en medio de una escala de violencia en el estado. Y es que, en lo que va de 2023, hay un incremento de 30 por ciento en el número de homicidios dolosos con relación a 2022, revela el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Según las cifras oficiales, la tendencia al alza en la incidencia de delitos como el homicidio doloso ha sido constante a partir de octubre de 2021 cuando la morenista Evelyn Salgado asumió la gubernatura.
Los datos refieren que en el periodo enero-mayo de 2023 asesinaron a 569 personas y en el mismo lapso de 2022, asesinaron a 438.
Acapulco y Chilpancingo son los municipios con mayor número de homicidios dolosos. Junto con Iguala, Zihuatanejo y Coyuca de Benítez, concentran 65 por ciento de los crímenes en la entidad.
La ola de violencia incluye narcomensajes y amenazas contra la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y su familia, así como contra la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez.
En el caso de la alcaldesa Hernández Martínez, hace unos días fue exhibida en fotografías y un video, reunida con Celso Ortega Jiménez, líder de la organización criminal Los Ardillos. Días antes colocaron un narcomensaje: “Saludos presidenta Norma Otilia, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de que veniste a buscarme, con cariño tu amigo”.
