El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha logrado progresos importantes en el combate a la inseguridad y la violencia, uno de los mayores lastres de México, que en diciembre cumplirá 20 años de la guerra contra el narco. El crimen organizado ha mutado en múltiples fenómenos delictivos, cuya atención por parte de las autoridades ha dejado resultados muy desiguales. Algunos crímenes ceden, como los llamados “de alto impacto”, según cifras oficiales, mientras otros, caso de la extorsión y las desapariciones, se arraigan con fuerza. A dos años del inicio de la actual Administración, México registra reducciones históricas en los homicidios, estadística que ha traído consigo otro fenómeno positivo: la disminución en la percepción de inseguridad entre los ciudadanos en más de una década.
Sheinbaum introdujo un cambio cualitativo en el enfoque de seguridad pública para atender la criminalidad, principalmente la relacionada con los grandes carteles y sus brazos regionales. En los hechos, su Gobierno ha marcado una ruptura con el paradigma de “abrazos, no balazos” instaurado por su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), que se caracterizó por el rol más bien pasivo de las autoridades frente a las organizaciones delictivas.
Las dependencias que conforman el Gabinete de Seguridad, con Omar García Harfuch a la cabeza, han desarticulado redes de complicidad política y se han asestado duros golpes a los carteles, más allá de la captura o asesinato de capos y líderes regionales por parte de las fuerzas de seguridad (el Gobierno mantiene un asedio a la jefatura del Cartel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho, mientras aprieta a la estructura operativa del Cartel de Sinaloa y sus dos facciones principales, Los Chapitos y La Mayiza).
El Gobierno ha hecho un corte de caja este martes de los saldos positivos de la estrategia. Según las cifras oficiales, el promedio diario de homicidios a nivel nacional ha bajado 50% respecto de 2024 y se ha situado a niveles de 2015. Ha habido también una reducción del promedio diario de robo de vehículo con violencia de 2025 a la fecha (25% menos), secuestro extorsivo (29% menos), robo a negocio con violencia (13% menos) y lesiones por arma de fuego (12% menos).
Como correlato, también disminuyó el porcentaje de la población que se siente insegura en su ciudad: se situó en 58% en septiembre, la cifra más baja desde que se tiene registro, 2013. La circunstancia actual representa una reducción de casi 20 puntos respecto de 2018, cuando hubo el pico más alto de percepción de inseguridad (77% de la población). Los especialistas coinciden en que esto refleja un avance, pero advierten de que la estadística homologa la realidad en ciudades donde la violencia no cede. Por ejemplo, de acuerdo con la encuesta más reciente del INEGI, en Irapuato (Guanajuato), nueve de cada diez personas se sienten inseguras. En otras siete ciudades de Guerrero, Sinaloa, Morelos y Tamaulipas, más del 80% de la población expresó la misma preocupación.
Otra medición del INEGI revela que, entre empresarios, la percepción de inseguridad empeoró ligeramente (era de 69% en 2024 y pasó a 71% este año). El investigador Víctor Manuel Sánchez Valdés, especialista en crimen organizado, afirma que la reducción global de fenómenos delictivos pone al descubierto excepciones tanto regionales como por segmentos productivos. “Mientras el homicidio está cayendo de forma importante, las extorsiones no necesariamente están cayendo en el mismo sentido, de hecho se han mantenido estables en el tiempo; quiere decir que sí hay menos muertes pero que el crimen organizado sigue cobrando derecho de piso”, indica en entrevista. La información oficial expone que las denuncias por extorsión se han duplicado entre 2015 y 2025, sin considerar las miles de víctimas que no acuden a las autoridades a reportar este delito.
Otro resultado de la política de seguridad de Sheinbaum ha sido la detención de más de 74.000 personas presuntamente relacionadas con delitos, asunto que las organizaciones civiles miran con recelo por las posibles violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Según un informe de Data Cívica, esto ha provocado un aumento del 18% de la población penitenciaria nacional en los dos años del Gobierno de Sheinbaum. La especialista en materia de seguridad pública Catalina Pérez Correa alerta por el hecho de que muchas de esas personas —el 42% de acuerdo con Data Cívica— están en prisión preventiva sin haber sido sentenciadas. “Esto es problemático porque se castiga a las personas, se les incapacita y se les pone en la cárcel simplemente por sus perfiles raciales o porque son sospechosos de algún delito. Y esto significa utilizar el aparato punitivo del Estado, que según la Constitución tendría que servir para rehabilitarlas, simplemente para prevenir delitos, y de manera muy discrecional”, afirma.
Pérez Correa precisa que aún se debe explorar si la inseguridad obedece estrictamente a la comisión de delitos por parte de personas “o si la estrategia misma también genera cierto sentido de inseguridad”. Si bien es positiva la baja de homicidios, dice la investigadora, “para nada estamos en niveles que sean aceptables”, y ejemplifica con el hecho de que las mujeres indican sentirse más inseguras que los hombres (64% contra 51%, respectivamente). Sánchez Valdés confía en que la estrategia es perfectible y se va a profundizar en sus alcances. “Debemos entender que la solución a problemas de seguridad pasa por la gradualidad, estrategias que vayan haciendo conquistas parciales pero incrementales en el tiempo. No podemos esperar que se resuelvan en unos meses”, sostiene.
