El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer, por mayoría de nueve votos a dos –estos últimos de las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel–, la totalidad del segundo paquete de reformas electorales, conocidas como plan B, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la sesión, los ministros señalaron que tanto diputados como senadores de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, a la hora de legislar el plan B, incurrieron en al menos siete violaciones graves al proceso legislativo que, en su conjunto, tienen “un potencial invalidante”.
La sentencia tiene efectos inmediatos, y con ella se reactiva la vigencia de la ley en materia electoral de 2014, la cual regía hasta antes del 2 de marzo pasado, cuando entró en vigor la reforma invalidada, y ésta no podrá ser modificada en puntos fundamentales para su aplicación en la elección presidencial de 2024.
Esta decisión se tomó al analizar la segunda parte del paquete de reformas electotales, en este caso a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la General de Partidos Políticos, y la creada Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Dichas normas, entre otras cosas, adelgazaban la estructura del Instituto Nacional Electoral, limitaban al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y retrasaban el proceso electoral 2023-2024, para que iniciara la tercera semana de noviembre y no en la primera de septiembre.
La primera parte del plan B se invalidó el 8 de mayo; entonces hubo una votación similar. Aquella ocasión se invalidaron las reformas a las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
Ayer, los ministros avalaron el proyecto del ministro Javier Laynez –quien, en marzo, concedió la suspensión definitiva de la reforma–, que, entre otras cosas, evidenció siete fallas graves en el proceso legislativo de la segunda parte del plan B.
Por ejemplo, dijo que no se publicó ni distribuyó la iniciativa con anticipación; se sustituyó la que se publicó en la Gaceta Parlamentaria por una modificada de última hora, una vez que ya había iniciado la discusión; no se dio un plazo razonable para discutir y votar la iniciativa, que implicaba reformas a 500 artículos y que se aprobó en cuatro horas.
Las ministras Ortiz y Esquivel defendieron la actuación de los diputados de Morena. Ortiz pidió deferencia al Legislativo y no hacer un alto nivel de escrutinio a sus procesos internos. Esquivel acusó que la SCJN pretende invalidar la reforma con un mero “examen superficial”, sin analizar el fondo del asunto.
La respuesta vino de Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara, quienes dijeron que los procesos parlamentarios son esenciales en la democracia.
“Si no es ley, no tengo por qué estudiar ningún fondo; no son simples formas, lo aclaro, son las reglas de la democracia constitucional”, aseguró Pérez Dayán.
