El expresidente brasileño Jair Bolsonaro está un poco más cerca de quedar apartado, al menos durante un largo tiempo, de la política. El Ministerio Público Electoral de Brasil, una especie de Fiscalía para los asuntos electorales, ha pedido que la justicia le inhabilite por ocho años al entender que cometió abuso de poder al criticar el voto electrónico en una polémica reunión con embajadores el año pasado, cuando aún era presidente.
Era julio de 2022 y Brasil estaba ya en precampaña. Bolsonaro convocó entonces a decenas de embajadores de varios países para alertarles sobre el supuesto peligro que suponían las urnas electrónicas —que son utilizadas en Brasil desde hace más de 20 años—. El expresidente pasó todos los meses previos a la cita electoral atacando ese sistema electrónico y advirtiendo a sus seguidores de que, si se mantenía, los comicios no serían seguros. Esa tesis le sirvió de base para no reconocer abiertamente su derrota frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Uno de los partidos que entonces estaban en la oposición, el Partido Democrático Trabalhista (PDT), denunció el acto con los embajadores y ahora la Fiscalía le ha dado la razón.
En la acusación, el partido argumentaba que Bolsonaro usó la estructura de su residencia oficial, el Palacio de la Alvorada de Brasilia, para atacar la integridad del sistema electoral. Además, retransmitió el acto la estatal Empresa Brasileña de Comunicación (EBC), lo que, según la acusación, reforzó la idea de que el líder de la ultraderecha abusó de su posición de presidente para propagar su teoría de la conspiración.
“El sistema es totalmente vulnerable […]. Sé que ustedes quieren estabilidad y esta sólo será lograda con transparencia”, dijo sin titubear Bolsonaro ante una platea formada por diplomáticos de EE UU, varios países europeos y del resto del mundo, que en general asistieron atónitos a esta conferencia inédita. Bolsonaro recurrió a una presentación de PowerPoint basada en una vieja investigación policial que detectó que unos piratas informáticos entraron en 2018 en el sistema de recuento del Tribunal Superior Electoral, aunque según las investigaciones no consiguieron modificar los resultados. Bolsonaro usó constantemente este y otros argumentos dudosos para intentar desacreditar el sistema de voto.
El entonces candidato a vicepresidente, el general Walter Braga Netto, que participó en la polémica reunión con los embajadores, también figuraba en la denuncia del PDT, pero la Fiscalía cree que no hay suficientes motivos para acusarle. El exministro de Defensa, uno de los más fieles aliados de Bolsonaro, fue el principal responsable de la implicación de las Fuerzas Armadas en la deriva autoritaria del expresidente.
En una nota recogida por el diario Folha de São Paulo, la defensa de Bolsonaro argumenta que no hubo “ninguna hostilidad antidemocrática al sistema electoral” y que las declaraciones del entonces presidente “están dentro de los límites de la libertad de convicción personal de un determinado player político”. Bolsonaro, de momento, no se pronunció públicamente sobre la petición de la Fiscalía. Ahora, el Tribunal Superior Electoral (TSE) deberá analizar la denuncia y decidir si condena o no a Bolsonaro, y aunque no hay una fecha fija se espera que haya una resolución en las próximas semanas o meses.
Si es condenado, el expresidente se convertiría en “inelegible”, es decir, no podría presentarse como candidato a unas elecciones. No obstante, no acabaría con todos sus derechos políticos. Podría seguir afiliado a un partido y votar, por ejemplo. De todos los casos abiertos que tiene el exmandatario, este es el que está más adelantado y más cerca de acabar con sus posibilidades de volver al poder.
Pero Bolsonaro acumula problemas en otros frentes. La semana pasada fue interrogado por supuestamente haber intentado apropiarse de forma indebida de joyas regaladas por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos que deberían haber ido a para al archivo de la Presidencia. Entre las diversas investigaciones abiertas la más grave es la que le acusa de haber instigado el movimiento golpista del 8 de enero en Brasilia, cuando una turba de miles de sus seguidores invadió de forma violenta el Congreso Nacional, el palacio presidencial y el Tribunal Supremo.
El expresidente regresó a Brasil el pasado 30 de marzo después de tres meses en Estados Unidos, y desde entonces ha mantenido un perfil bajo, con pocas apariciones públicas más allá de alguna visita de trabajo a la sede del Partido Liberal en Brasilia. Antes de ocupar la presidencia durante cuatro años, Bolsonaro fue concejal y diputado durante casi tres décadas, periodo en que siempre gozó del privilegio del político aforado. Esa protección ante la justicia ordinaria terminó el pasado 1 de enero.
