El juicio contra Genaro García Luna se acerca a momentos decisivos. La Fiscalía dio un golpe de timón al anunciar que prepara la declaración de un último testigo estelar y que no llamará a más personas a la corte después del próximo lunes o martes. El giro de las autoridades estadounidenses cambia todo lo que se tenía previsto: recorta los tiempos que se tenían programados, sacude el debate político y obliga a las partes a tomar decisiones importantes. La recta final de los interrogatorios llega marcada por dos incógnitas principales: quién será el llamado as bajo la manga de los fiscales y qué decidirá el exsecretario de Seguridad Pública sobre la posibilidad de defenderse en el estrado y responder a las acusaciones por sí mismo.
“Es una decisión de él”, dijo César de Castro, que lidera la defensa, en una breve entrevista afuera de la Corte del Distrito Este de Nueva York el pasado miércoles. De Castro explicó que el equipo legal analiza cuál será la estrategia y dio a entender que, aunque la supiera, no iba a adelantar nada a los medios de comunicación ni a sus rivales. En Estados Unidos es poco común que un acusado declare en un juicio penal en su contra porque lo expone a las preguntas de la Fiscalía y lo deja en una posición vulnerable bajo el riesgo de cometer perjurio. Sin embargo, otra lectura es que el acusado vea la posibilidad de hablar como una oportunidad para inclinar el jurado a su favor y mandar el mensaje de que las autoridades no tienen un caso sólido. Con todo, si García Luna da su testimonio en la corte sería una sorpresa mayúscula.
No ha habido audiencias el jueves, el viernes ni el fin de semana. Tras bambalinas hay una pelea entre las partes sobre lo que se va a admitir como evidencia y sobre los temas que se permitirá tocar a los testigos. En el escenario de que García Luna declarara, la defensa quiso limitar los temas que pueden preguntar de los fiscales. “Tengan cuidado sobre las puertas que quieran abrir”, les dijo el juez Brian Cogan, que tiene la última palabra como administrador del juicio. Cogan ha limitado mucho del material que la Fiscalía quería presentar a la corte, como voces que dieran contexto sobre la guerra contra las drogas y líneas generales sobre el narcotráfico porque ha considerado que algunos testimonios fueron repetitivos. El juez también restringió varios materiales sobre el lujoso estilo de vida del acusado después de dejar la administración pública en 2012. Eso precipitó que las autoridades descartaran a varios testigos en su lista y que muchas personas en México interpretaran que era una muestra de debilidad en el caso.
“De hecho, muchas veces es una señal de fuerza, no de debilidad”, explica Daniel Richman, exfiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York y profesor de Leyes en la Universidad de Columbia. Richman señala que la Fiscalía casi siempre tiene que calibrar dos cuestiones en su estrategia durante un juicio. Por un lado, se enfrenta a menudo a las presiones de los jueces para que el proceso vaya rápido y no sea tedioso para los miembros del jurado. “Siempre existen tensiones de este tipo entre el juez y los fiscales”, comenta. Por el otro, tienen que presentar evidencia suficiente para convencer al jurado. El académico alude a un refrán en inglés que es común entre los fiscales estadounidenses: thin to win [adelgaza para ganar]. “La idea es no plantear un caso que sea muy ‘gordo’ porque puede ser aburrido para los jurados. Si realmente quieres convencerlos, tienes que presentar un caso corto y poderoso”.
Las restricciones de Cogan sobre las pruebas que son admisibles en la corte también ha sido motivo de controversia en México. “No importa tanto que sea un caso de alto perfil o no. Más bien, tiene que ver con un conjunto complejo de reglas para la evidencia que tenemos aquí y que países donde no existe la figura del jurado no tienen”, señala Richman. El exfiscal señala que en el sistema estadounidense se cuida mucho la información que se presenta al jurado y cómo puede ser interpretada por ellos. Se busca que los testimonios sean creíbles y relevantes, pero hay mucha cautela del juez sobre partes de las declaraciones que puedan resultar confusas o distraer a los miembros del jurado. Se da un margen amplio de lo que se puede preguntar en los interrogatorios y contrainterrogatorios, pero también se exige a las partes que actúen de buena fe y que justifiquen sus preguntas. “De otro modo, se corre el riesgo de presentarles información terriblemente engañosa o falsa”, explica el académico. Sobre esas reglas se discuten un montón de excepciones y cada parte busca obtener fallos favorables en el desarrollo del juicio.
Aunque muchos de los documentos que detallan esta pugna están clasificados, otros escritos dan cuenta de que la Fiscalía quiere que el jurado vea fotografías de la riqueza que amasó García Luna cuando aún era funcionario. Parte de esas imágenes ya se han presentado a la corte, pese a las objeciones de los abogados del exsecretario. George Dietz, un investigador del Departamento de Justicia, describió el miércoles fotos que se hallaron en los dispositivos electrónicos del acusado, sobre todo de una residencia que tenía en Jiutepec, Morelos. La casa tiene una piscina, un amplio patio trasero y está rematada con una fachada blanca y un techo de teja. Héctor Javier Villarreal, extesorero de Coahuila, la recordó como “una hacienda” y dijo que había espacio para que aterrizara el helicóptero que solía transportar a García Luna.
Otras imágenes que la Fiscalía quiere mostrar en el tribunal son de la casa del exsecretario en Jardines de la Montaña, un exclusivo fraccionamiento al sur de Ciudad de México. También busca que se enseñen fotografías de varios coches Ford Mustang y motocicletas Harley Davidson. Sergio Villarreal Barragán, El Grande, declaró que Arturo Beltrán Leyva regaló a García Luna una de esas motocicletas y que a partir de ahí tuvieron varios encuentros para negociar protección a su grupo criminal a cambio de sobornos. Se pretende exponer además un cuadro que mandó a pintar el acusado, su colección de armas de fuego y un restaurante. Fue a través de un restaurante que el exfuncionario quiso justificar su solicitud de ciudadanía estadounidense en 2019, de la que se desprende el cargo por dar declaraciones falsas. La lista de peticiones de los fiscales se cierra con la invitación y fotos de la fiesta por su cumpleaños 50, para demostrar que la casa de Jiutepec le siguió perteneciendo después de 2012.
Cada testimonio permite a la Fiscalía abrir una puerta para presentar evidencias. En este caso es durante la declaración de Dietz cuando los fiscales buscarán insinuar al jurado que García Luna tenía más bienes y propiedades de lo que su salario como funcionario podía pagar. Al margen de cuestionar el origen de su riqueza, también quieren presentar como evidencia que García Luna descargó documentos judiciales y siguió paso a paso los juicios de Joaquín El Chapo Guzmán y Édgar Veytia para argumentar que estaba al tanto de que podía ser detenido. El agente Dietz regresará al estrado el lunes para cumplir con la encomienda de ser un medio para presentar la mayor cantidad de pruebas posible.
Inmediatamente después se espera que sea llamado el llamado “testigo significativo”, como se refirieron a él las autoridades de EE UU. Las declaraciones de los testigos en los interrogatorios y contrainterrogatorios han tomado uno o dos días, por lo que es posible que la persona que declare sea el último disparo de la Fiscalía, según lo que se ha visto en estas semanas.
“Una de las partes más difíciles es cuando llamas a un testigo cooperante al estrado”, reconoce Richman. “La clave es que los jurados lo vean como realmente es. No como alguien que de repente se volvió ‘bueno’, sino como una persona que está declarando bajo presión, pero de una manera veraz”, agrega.
― ¿Y, normalmente, la última persona que llamas a declarar es tu mejor testigo?
― No, no necesariamente. A veces, a los fiscales les gusta irse con una bomba, pero otras solo buscan atar algunos cabos sueltos.
― ¿Como alguien que resuma lo que han dicho otros?
― Sí, puede ser. Puede ser algo que necesitas para tu caso o para tener una carga de prueba más sólida, aunque no sea tan interesante. En realidad, depende de muchas cosas.
Cuando la Fiscalía cierre, la pelota va a estar del lado de la defensa, que ha anticipado que no tiene intención de llamar a más testigos y que solo estudia el hecho de que hable su cliente. Hacia mediados o finales de la próxima semana, está previsto que las partes den sus alegatos finales: la última oportunidad que tienen de dirigirse al jurado antes de que el juez les explique las instrucciones para formular su veredicto y deliberen durante el tiempo que sea necesario. No hay un plazo fijo para que decidan si García Luna es culpable o no de los cinco delitos que se le imputan: tres por narcotráfico, uno por delincuencia organizada y otro por falsedad de declaraciones.
Conspiraciones y el dilema de los cooperantes
El asunto más polémico del juicio ha sido la decisión de los fiscales de basar su caso en las declaraciones de testigos cooperantes y protegidos, como criminales y exconvictos. Las tres acusaciones contra García Luna por narcotráfico se engloban en lo que se conoce en el sistema legal estadounidense como “conspiración”. Por ejemplo, conspiración para la distribución internacional de cocaína, el segundo cargo que se le imputa. “En muchos países no existe eso, las conspiraciones son un delito muy estadounidense”, afirma Richman. El académico explica que se parte de un marco muy amplio para llevar a la justicia a personas que se ponen de acuerdo con otras para cometer un crimen. Tiene que ver con planear un acto ilegal y llevarlo a cabo, más o menos como la autoría intelectual del delito.
En este tipo de cargos, los testimonios de cooperantes que participaron en “la conspiración” son muy importantes, sobre todo si se trata de entramados complejos, como los vínculos que se buscan demostrar entre García Luna y narcotraficantes prominentes. Se parte de la idea de que cada uno de los involucrados desempeñó un papel diferente y puede dar detalles sobre una parte específica de ese plan. Richman dice que la forma como se intenta probar este tipo de delitos varía mucho, pero suele darse mucho peso a lo que declaren algunos miembros de la conspiración. También se busca complementar sus dichos con pruebas físicas: fotos, documentos o comunicaciones interceptadas. “Las autoridades intentan corroborar el testimonio de los cooperantes todo lo que pueden, pero siempre va a haber cosas que solo se conocen porque las dijeron los cooperantes”, agrega.
Eso explica también, dice el académico, por qué los abogados de la defensa suelen atacar con todo a los cooperantes y por qué también supone un riesgo para los fiscales llamarlos a declarar: pocas personas conocen mejor a un criminal que sus cómplices. “No siempre sabes qué información tiene la defensa para atacar al cooperante, no te avisan por dónde van a ir y es posible que el otro bando lo conozca mejor que tú, porque partes del supuesto de que fueron socios en una empresa criminal”, explica.
Estos testimonios suelen obtenerse bajo la promesa de obtener beneficios, como sentencias reducidas o visas, aunque la última palabra es del juez. El sistema estadounidense se vale de estos acuerdos de colaboración para armar casos de alto perfil, aunque la estrategia no está exenta de cuestionamientos. “Los estadounidenses nos dimos cuenta de que es la única forma de llevar ante la justicia casos criminales serios”, dice Richman y asegura que otros países, como Brasil o Japón, que se resistían a este tipo de estrategias ahora están más abiertos a estos pactos, sobre todo para perseguir organizaciones criminales. “Por lo general, son acuerdos que valen la pena, aunque conllevan riesgos y es importante que los jurados, los fiscales y los jueces estén conscientes de ello y reparen en la credibilidad de varios testigos”.
