Hace poco más de 60 años en el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en México, no había baño para mujeres ministras, porque tampoco había mujeres ministras. La primera en llegar fue María Cristina Salmorán de Tamayo en 1961, solo seis años después de que las mexicanas pudieran votar por primera vez. Ahora, en un país todavía profundamente desigual, se está celebrando un avance histórico: una mujer va a presidir el máximo tribunal. “Me siento acompañada, respaldada, acuerpada por todas ellas y por todas nosotras. Me siento muy fuerte, porque sé que estamos todas aquí demostrando que sí podemos”, fueron las primeras palabras de Norma Piña tras ser nombrada.
Su llegada a la cúspide del poder judicial se ha convertido en un empujón esperanzador para las abogadas jóvenes y las estudiantes de derecho, pero también para las organizaciones feministas, ambientalistas, LGTB+ y de defensa de derechos humanos, que se sienten representadas por su marcado corte progresista. Pero la celebración de la figura de Piña no se debe solo a que sea una mujer, sino a que es una jurista de carrera, que empezó en la corte que ahora va a presidir como secretaria de Estudio y Cuenta, y que en los 30 años que acumula de trayectoria judicial fue magistrada antes que ministra y jueza de distrito antes de todo.
“Estamos todas hoy aquí a pesar de que históricamente hemos sido sometidas a situaciones de exclusión sistemática y estructural frente a los varones, enfrentando los retos adicionales, en nuestra incorporación laboral, estamos hoy aquí asumiendo las invisibles dobles y triples jornada, superando el desequilibrio en el balance trabajo y familia. Como diría el poeta: ‘Haciendo camino al andar”, dijo en noviembre al dar la bienvenida a las 87 nuevas juezas federales.
Abogada inteligente y sensible, ha terminado rompiendo lo que parecía un inaccesible techo de cristal. “La Suprema Corte lleva 200 años de existencia y ha tomado todo ese tiempo que una mujer la presida. Eso habla mucho de dónde estamos paradas. Tenemos igualdad formal ante la ley pero falta mucho para lograr una igualdad sustantiva”, señala Melissa Ayala, abogada feminista especialista en derechos sexuales y reproductivos.
Piña va a presidir hasta diciembre de 2026 no solo la SCJN. El cargo incluye también la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano de gobierno de todo el poder judicial federal y que cuenta con un presupuesto al año de unos 66.000 millones de pesos, más que todos los poderes locales juntos. Tiene cuatro años por delante en los que tratará temas claves en la agenda feminista, como el aborto, la regulación de la gestación subrogada o la violencia obstétrica, además de asuntos candentes en el país como la militarización o la prisión preventiva oficiosa.
Representación y conciliación
“Tengo una doble responsabilidad. Los represento a ustedes, ministros y consejeros, y al mismo tiempo, al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal, represento también a las mujeres”, dijo el lunes la jueza. Este es el aspecto que más destacan las expertas, especialmente en un gremio tan masculinizado y jerarquizado como el judicial. “Creo que es un gran logro de las mujeres y de los feminismos. Hemos tardado siglos en llegar, pero no hay vuelta atrás”, señala la socióloga Amneris Chaparro, que incide en la importancia de que tras este nombramiento histórico, Piña logre poner el pie en la puerta para que su caso no sea un hecho aislado: “Ojalá que más mujeres accedan a más espacios de poder. Tiene que abrirse la puerta para que no se cierre nunca más”.
En estos últimos cuatro años se han nombrado a 227 juezas de distrito —que equivale al 50% de las nombradas desde 1995—, sin embargo, ellas siguen siendo solo el 40% de las titulares de los juzgados. La brecha se hace todavía más amplia cuanto más se sube en los escalones. Por ejemplo, de los 11 ministros del pleno, solo cuatro son mujeres: Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, además de la ahora presidenta.
“En su proyecto de candidatura, Piña anunciaba que iba a buscar esta representación no solo en su figura sino en que muchas mujeres ocuparan espacios como secretarias de acuerdo, juezas, magistradas…”, explica Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos en Impunidad Cero. La abogada incide, además, en el papel que puede tener la nueva presidenta en empujar la conciliación laboral dentro de la Suprema Corte, además de seguir robustenciendo las unidades de género, los protocolos antiacoso sexual, las licencias de paternidad obligatorias. “No podemos pensar en un acceso a la justicia si el personal de justifica de la federación no están en espacios libres de violencia”, señala.
Su postura frente al aborto
Piña fue contundente en la histórica despenalización del aborto en septiembre de 2021, pero un año antes, cuando presidía la Primera Sala de la Suprema Corte votó en contra de un proyecto que pedía lo mismo en Veracruz. Esta decisión fue sacada a colación por el colectivo Brujas del Mar, que publicó: “A nosotras no se nos olvida”.
Aquel proyecto venía del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. A través de un amparo de inconstitucionalidad se propuso señalar al Congreso de Veracruz, que había sido omiso en quitar las sanciones al aborto en las 12 primeras semanas de gestación y así presionar para que hiciera efectiva la despenalización. “El amparo no era la vía para resolver este tema porque no se trataba de una omisión legislativa, es decir era un tema de la forma y no del fondo”, explica Rebeca Ramos, directora de GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida).
Piña fue de las ministras que dijo que la discusión no debía seguir ese curso, aunque respaldara el derecho al aborto. “La Corte no tenía la facultad de obligar al Congreso de Veracruz a legislar. Aún cuando queramos ser los más progresistas en términos de derechos humanos, si no cuidamos la forma, eso también puede ser utilizado por grupos antiderechos”, incide la abogada Melissa Ayala, que valora lo formalista que es la nueva presidenta: “Cuida lo institucional, pero una vez supera las reglas del proceso, tiene una vocación progresista”.
Se comprobó un año después durante la discusión de la acción de inconstitucionalidad sobre la legislación de Coahuila respecto al delito de aborto. Aquella decisión del alto tribunal acabó sentando el precedente sobre la despenalización del aborto en todo el país. “Ella fue de las pocas ministras que propuso quitar absolutamente una ley de plazos porque implica una fiscalización sobre el ejercicio de la sexualidad de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, por ejemplo y sostuvo que el aborto voluntario no debía ser considerado un delito”, remarca Rebeca Ramos. “Es una mujer que respeta mucho las formas y el proceso y eso puede de pronto ser cuestionado, porque a veces pensamos que el fin justifica los medios y que hay que obviar el procedimiento. Creo que ahí la ministra Piña ha tenido una posición muy congruente con su formación académica”, señala Kara Micheel Salas, abogada feminista y defensora de derechos humanos.
Vientres de alquiler y violencia obstétrica
En junio de 2021, la Suprema Corte abrió la puerta a que los Estados decidan si se debe pagar o no por los vientres de alquiler y eliminó las disposiciones de la ley de Tabasco que prohibían a personas del mismo sexo o extranjeras acceder a la gestación subrogada. En esa ocasión, Piña en línea con los votos de la mayoría, argumentó que la inseguridad jurídica en que se encuentra esta cuestión empuja a la clandestinidad, así como al abuso de las mujeres contratadas para esta práctica y deja en desprotección a los menores. La Corte llamó al Congreso y a los Estados a que legislaran “de manera urgente y prioritaria” sobre el tema.
Salas considera que el posicionamiento de la ministra respecto a ese tema resultó “nebuloso” y carente de información. “Es una juzgadora que no está formada desde el feminismo. Resalto sus cualidades de escucha y diálogo, pero en general los hombres y las mujeres de la Corte son sumamente liberales cuando hablamos de vientres de alquiler o de trabajo sexual”, agrega la abogada, que apunta a que se necesita “un pronunciamiento de fondo” sobre este tema. “Creo que la ministra Piña fue consistente con cómo entiende los principios de autonomía, el derecho a la libertad, a la libertad reproductiva y estas categorías que pueden ser discriminatorias en una legislación”, añade Ramos.
En otros temas claves, Piña fue ponente de la primera sentencia de la SCJN donde se habló de la violencia obstétrica como violencia de género. A raíz del amparo de una mujer que fue esterilizada contra su voluntad en un hospital del IMSS de Jalisco, la ministra determinó que se trataba de un caso de violencia institucional. “Hizo un desarrollo precioso sobre cómo la violencia psicológica durante todo el proceso del parto también es violencia, sobre la jerarquización entre los médicos y las pacientes, sobre cómo el cuerpo de las mujeres ha sido visto como inferior y cómo otros toman decisiones sobre nuestra vida reproductiva”, señala Ayala, que hace hincapié en que en las reparaciones del daño, Piña no señala solo la atención psicológica sino que obliga al Estado a garantizar técnicas de reproducción asistida para la víctima.
Esta irrupción presagia, para las expertas, tiempos de cambio, muestra la congruencia de sus pares, que votaron por ella, y pone el dedo en el renglón de unas leyes que siguen teniendo prejuicios y normas que discriminan a las mujeres. “Creo que vienen cosas buenas para la SCJN”, resume Melissa Ayala, “esto no quiere decir que no vayamos a ser críticas con su presidencia, vamos a seguir señalando si se toman decisiones equivocadas”.
