Justo cuando el Tratado de Comercio Libre entró en la fase decisiva de una revisión condicionada en modo EUEXIT, que exige replantear el modelo mexicano de desarrollo pospuesto desde 1994, la Secretaría de Economía de Marcelo Ebrard Casaubon sorprendió con la contratación de un despacho de asesoría extranjera para hacerse cargo de la implementación aquí del Plan México como Mexico’s Plan.
De nada sirvieron más de treinta años de experiencia desde la óptica de las necesidades mexicanas. Tampoco valió el famosísimo cuarto de al lado de empresarios vinculados al Tratado, porque esa habitación estratégica ha sido un mero cuarto de servicio. Menos aún echó mano México de una planta académica de más de cincuenta mil miembros del Sistema Nacional de Investigadores, que han tenido la función de reflexionar opciones prácticas para el desarrollo mexicano, y se demeritaron de un plumazo las funciones e instrucciones de la pomposa Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), de la científica y exsecretaria general de la UNAM Rosaura Ruiz Gutiérrez.
Nada local sirve ya. El UCL Institute for Innovation and Public Purpose/UCL Bartlett Faculty of the Built Environment de Inglaterra firmó un jugoso contrato con la Secretaría mexicana de Economía para —nada menos, pero nada más— “aportar la implementación de la agenda económica transformadora de México”. El proyecto está a cargo de la profesora Mariana Mazzucato y ya funciona con reuniones en México por encima del gabinete económico mexicano.
La asesoría extranjera fue contratada para implementar “la gobernanza”, orientada a modificar formas de gestión de los asuntos económicos públicos, pasando de las fallas en los mercados a corregir esas irregularidades. Y la tarea de la consultoría extranjera —que es más operativa que de asesoría— exige una coordinación interministerial —entre secretarías del gabinete presidencial— a gran escala.
Por primera vez, el Gobierno mexicano transfiere a una consultora extranjera funciones estratégicas de coordinación en asuntos que corresponden a la administración pública central y que, por mandato constitucional, son responsabilidad exclusiva del Estado mexicano.
La coordinación interministerial a gran escala por parte de la consultora extranjera maneja los polos de bienestar de México, “atravesando los mandatos de los secretarios de Economía, Hacienda, Medio Ambiente, Energía y Ciencia y Tecnología”. Es decir, de modo real se crea una especie de supergabinete de desarrollo mexicano coordinado por una consultoría extranjera. Y por si fuera poco, el trabajo de la consultora impondrá enfoques diferentes en la colaboración del sector público mexicano con el sector privado, una tarea que antes era de funcionarios mexicanos.
Con efectos buenos o malos —dependiendo de la investigación de que se trate—, el despacho encabezado por Mazzucato deja de ser un simple asesor para convertirse en una instancia de coordinación con una influencia inédita y directa sobre decisiones estratégicas del Gobierno mexicano.
Lo peor de todo fue descubierto ya por algunos analistas mexicanos: el propio despacho de Mazzucato llegó a la conclusión de que el Plan México no constituye todavía un plan de desarrollo, sino un listado de buenas intenciones, sin componentes indispensables para convertirse en una estrategia económica integral. Menos aún cumple con los requisitos de integración no sólo de oficinas públicas, sino de empresas privadas, y sobre todo de incorporarlas a los requerimientos de integración de cadenas productivas básicamente entre México y Estados Unidos.
Con la responsabilidad de haber tenido que ver con el Tratado en el sexenio de López Obrador como secretario de Relaciones Exteriores, y ahora directamente como encargado del proyecto económico del Gobierno mexicano frente a la revisión más delicada del Tratado con Estados Unidos, Ebrard debió haber creado una estructura nacional de estudios, aprovechando la experiencia de organismos mexicanos académicos, empresariales y, sobre todo, de políticas públicas.
El documento entregado por la consultora extranjera tiene un título apantallante, quizá por estar redactado en inglés: “Plan México: Impulsando Contenido Nacional y Financiamiento Estratégico para Pymes. ALIANZA DE ECONOMÍA ESTRATÉGICA. ESTUDIO DE CASO: IMPLEMENTANDO UNA ECONOMÍA GLOBAL JUSTA”. Y tiene como responsables a dos académicas mexicanas bajo la cobertura extranjera del Institute for Innovation and Public Purpose, pero con la circunstancia agravante de que la secretaria Ruiz recibió instrucciones directas de Palacio Nacional para reorganizar el sistema de producción académica según las necesidades reales de México para salir del subdesarrollo.
El 29 de mayo de 2025, un sonriente Ebrard apareció mostrando un contrato de varias centenas de miles de dólares que define sus objetivos: “asociación —no consultoría— para apoyar la implementación de la agenda económica del Gobierno de México”. Ni más ni menos.
En ese sentido, una consultora extranjera, vía Ebrard, es la responsable del Mexico’s Plan para el Tratado con Estados Unidos.
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