El pasado 3 de noviembre, una niña de etnia wichí de 12 años fue encontrada herida e inconsciente al lado de un camino de la provincia argentina de Salta. Tenía sangre en la cabeza y signos de haber sido violada y estrangulada. Aunque ha pasado ya una semana, se desconoce si el agresor actuó solo o en grupo. La familia teme que este abuso sexual, como muchos otros antes, quede impune.
Mientras la menor sigue hospitalizada, recuperándose de la agresión, un grupo de mujeres indígenas ha viajado desde distintas provincias de Argentina hasta Buenos Aires para denunciar la violencia que sufren y pedir medidas urgentes contra el “chineo”, como se conoce en el país a la violación grupal de niñas indígenas.
“Nosotras vivimos con miedo, con el temor a que nos lleven a nuestras hijas. Las violan, las matan y esto tiene que detenerse. Ya es tiempo de que nos escuchen como mujeres indígenas. Yo estoy aquí para ser la voz de aquellas mujeres que ya no pueden hablar por ellas mismas”, dice Fabiana Ibarra, de una comunidad vecina a la que sufrió el ataque de la menor. Ha recorrido los casi 2.000 kilómetros que separan Santa Victoria Este —casi en la frontera con Paraguay— de Buenos Aires para visibilizar lo ocurrido.
No se trata de un caso aislado. El año pasado, otras dos niñas indígenas de Salta fueron violadas por un grupo de hombres y asesinadas. Hay agresiones sexuales que no salen a la luz porque las familias deciden no denunciar; otras que quedan invisibilizadas porque no saben cómo llegar a los medios de comunicación.
“Para nosotras no hay justicia. Si queremos poner una denuncia se burlan, dicen que no nos entienden porque hablamos en nuestra lengua y no hay intérprete. Y la gente aunque sepa quién fue no lo va a decir porque tiene miedo. Los violadores, los asesinos, amenazan a la familia, a los hijos, a las mujeres y hasta a los maridos. Entonces no hay forma de que estos miserables sean juzgados”, agrega Ibarra, integrante del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir.
Referentes de esta organización ocuparon este miércoles la entrada del Banco Central de la República Argentina en Buenos Aires para ser escuchadas. Denuncian la permanente discriminación de estas comunidades y la impunidad de la que gozan quienes atacan a sus miembros y contaminan los territorios en los que habitan. “Aquí, en este lugar, se le pone presupuesto a la muerte, a las balas. Hace tan solo unos días una niña wichí fue violada, estrangulada, y está tratando de salvar su vida. Siguen violando a nuestras niñas y no le importa a nadie. Estamos acá para hablar con el presidente del Banco Central porque creemos que es tiempo para que se defina el presupuesto para la vida, para que construyan un modelo de país para la vida, no para la muerte”, expresó micrófono en mano la referente mapuche Moira Millán.
Millán recordó también que cuatro mujeres mapuches permanecen encarceladas en la Patagonia tras haber sido arrestadas por la policía durante el desalojo de los terrenos que ocupaban cerca de Villa Mascardi. “No nos iremos hasta que venga a dialogar el presidente del Banco Central. Si nos quieren reprimir, que nos repriman. Si nos quieren matar, que nos maten. La única diferencia entre nuestra muerte en los territorios y aquí es que allí ocurre en el anonimato, sin que nadie se entere”, advirtió la referente mapuche.
Según datos de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) de 2004-2005, hay 600.329 personas que se reconocen pertenecientes y/o descendientes en primera generación de pueblos indígenas.
