El presidente Andrés Manuel López obrador aprovechó la balacera del domingo en Zapopan para hacer una encendida defensa de la militarización en el país que esta semana pasará su prueba más dura. “Esto es muy importante subrayarlo, si no se permite al Ejército intervenir en asuntos de seguridad pública esa balacera, el Ejército no podría intervenir”, recalcó López Obrador convertido en el mejor publicista de una iniciativa que se someterá a votación este martes. “Antes, cuando no se le permitía al Ejército intervenir en temas de seguridad porque constitucionalmente estaba impedido, podían haber estado asaltando a una persona enfrente de un batallón y no participaban, porque legalmente estaban impedidos, ahora sí participan”, dijo.
El mandatario volvía a poner sobre la mesa uno de los asuntos prioritarios de su gestión para permitir que los soldados estén en la calle en tareas de seguridad hasta 2028 y que ha incorporado cambios en el dictamen como un mayor control y rendición de cuentas sobre las Fuerzas Armadas para ampliar su participación en tareas de seguridad pública, adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Un dictamen, no obstante, al que todavía le faltan las incorporaciones del secretario de Gobernación, Defensa Nacional y Marina.
“Sí aceptamos (… ) informes semestrales, comparecencias tanto del secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública e incluso el secretario de Gobernación; para temas específicos de la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública”, resumió Monreal. Según el presidente del senado también se estaría admitiendo la evaluación de la labor de las fuerzas permanentes de seguridad pública, así como la capacitación y revisión permanente de su actuación
Según fuentes de Morena consultadas por este diario, la incorporación de controles parlamentarios fue clave para destrabar el asunto. En concreto, la creación de una comisión bicameral que evaluará periódicamente los informes que le hará llegar la Secretaría de la Defensa con el desempeño de los soldados. “Ahora esto nos abre la oportunidad de regresar al principio: en lugar de ser una iniciativa, ahora puede ser una reserva”, apuntó también la semana pasada el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín en un gesto claro de diálogo.
Según Monreal, con el nuevo dictamen, se abre la posibilidad de que algunos senadores de la oposición voten en favor en el Pleno este martes y se puedan alcanzar las dos terceras partes necesarias por tratarse de una enmienda constitucional.
“Nos movimos de la posición original”, dijo el jefe de la bancada de Morena aunque reconoció que no transitaron los cambios propuestos por el PAN y otros grupos. El nuevo dictamen contiene informes semestrales, comparecencias además de la evaluación y el desempeño a la labor de las fuerzas permanentes de seguridad pública, y la presencia de capacitación y revisión permanente de su actuación. “Es decir, lo que en teoría constitucional llamamos controles parlamentarios o facultades de control parlamentario, del Legislativo sobre las Fuerzas Armadas, que no lo hay hasta este momento salvo en la Guardia Nacional, que es facultad exclusiva revisar el informe y aprobarlo, y la estrategia de seguridad pública que son facultades exclusivas del Senado mexicano”, señaló este lunes.
Desde su punto de vista, el nuevo dictamen lo hace más “atractivo” a ojos de los opositores. “Espero que podamos construir la mayoría calificada, pero no lo garantizo ni lo aseguro”, aclaró.
Hace dos semanas, por falta de votos, el dictamen que se había enviado al Senado se atoró en el pleno por falta de votos. La bancada del PAN pretendía que se elaborara una nueva iniciativa, pero decidió levantarse de la mesa. Por el contrario Movimiento Ciudadano, PRD y Grupo Plural están de acuerdo en los cambios introducidos que incorporan aportaciones de senadores del PRI.
Andrés Manuel López Obrador ya consiguió en 2019 un amplio consenso parlamentario para blindar en la Constitución la militarización de la seguridad pública hasta el final de su mandato. Ahora está en juego la presencia de los soldados en las calles durante cuatro años más, hasta 2028, bajo la justificación de que el Ejército es uno de los pocos cortafuegos de la corrupción y, por lo tanto, el mejor preparado para enfrentar el reto de la violencia del crimen organizado.
