La batalla se antojaba durísima y finalmente se ha firmado una tregua. El grupo de Morena y sus socios no lograron este miércoles los apoyos suficientes para extender la presencia de los militares en las calles ejerciendo labores policiales, una de las columnas vertebrales de la estrategia de seguridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La reforma necesitaba el apoyo de un puñado de votos de la oposición. Todos los ojos estaban puestos en los senadores del PRI que, pese a haber mostrado su rechazo en días previos, han estado barajando su posición hasta el último momento. Entre fuertes presiones, finalmente Morena no ha conseguido la mayoría suficiente, dos tercios de la cámara, y ha optado por ganar tiempo devolviendo el dictamen a comisiones.
El grupo del partido oficialista ha hecho valer, no obstante, su mayoría simple para rebotar la iniciativa al paso anterior y continuar las negociaciones con el objetivo de sacar adelante la medida en las próximas fechas. En un plazo de 10 días, el dictamen habrá de presentarse de nuevo en el pleno. La iniciativa, que busca cambiar la Constitución para prorrogar la presencia de los militares en las calles hasta 2028, había sido presentada por el grupo del PRI en el Congreso.
La semana pasada avanzó el primer paso en la Cámara baja, con el apoyo de los priista, pero el histórico partido mexicano está roto por dentro y los senadores de la formación han optado de momento por el no. El resultado final de la votación trascenderá la ya de por sí polémica prórroga de la militarización de la seguridad pública, iniciada en 2019 por iniciativa del presidente por motivos excepcionales. De salir adelante abonaría el camino a la agenda de Gobierno y, a la vez, supondría la casi inevitable demolición de la alianza opositora.
Así lo han avisado los portavoces del PAN y el PRD, que entienden que el PRI está traicionando el sentido de su pacto -todos contra Morena- al presentar una reforma que coincide con las líneas maestras de la política de seguridad del Gobierno. Cada vez más voces opositoras sostienen que la lógica detrás de este movimiento es un acuerdo del presidente del PRI, Alejandro Moreno, con el que busca tanto blindarse ante las investigaciones judiciales que enfrenta, como frente a las propias presiones dentro de su partido por derrocarlo. Esta facción rebelde del PRI, en la que se encuentran numerosos expresidentes y cuadros veteranos del partido, tiene mucha representación en el Senado, lo que está dificultado la negociación.
Conscientes del reto, desde Morena han intensificando los contactos desde la semana pasada. Al frente de la operación está el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por orden directa del presidente. La semana pasada estuvo reunido con el coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, preparando la estrategia conjunta. El propio Monreal lanzó este miércoles un guante a la oposición al proponer que el dictamen volviera por consenso a comisión y profundizar el debate. La propuesta fue rechazada, pero Morena usó su mayoría simple para ganar tiempo.
