Al día siguiente de que el Senado de México discutiera a favor de prolongar la presencia de los militares en las calles siete años más, nada cambió en Texcaltitlán, un pequeño pueblo del centro del país (Estado de México) señalado como uno de los puntos por donde el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pretende asaltar la Ciudad de México. En el mercado volvieron a colocarse los puestos de guayabas, chiles manzano, quesos y miel. El local de barbacoa volvió a vender consomé, tacos de maciza, espaldilla y costilla y en la plaza central, al pie de las enormes letras de colores con el nombre del pueblo, volvió a sentarse un hombre a fumar un cigarro. El pasado jueves, el día después de la tensa votación, el término militarización era más un agrio debate de la capital, que la aplicación sobre el terreno de la nueva estrategia de seguridad que ha convertido a la Guardia Nacional en soldados y a los soldados en policías hasta 2029. A dos horas y media en coche de los centros de poder de la capital, el debate más intenso que se vivía en este pueblo de 2.500 personas de mayoría matlatzinca, tenía que ver con el volumen de la megafonía para el teatro sobre la gesta independentista que se representaría más tarde con motivo del Grito. “No se oye al fondo. No ponga más sillas ahí que no hay visibilidad”, decía uno, “bájele, porque se acopla y no se escucha a Miguel Hidalgo”, exigía otro.
Y no es que aquí no pase nada. En el último año y medio, en la región de Texcaltitlán, en las faldas del Nevado de Toluca, se han producido varias matanzas y ataques contra organismos oficiales en la guerra que mantienen los carteles de la droga por hacerse con este estratégico pasillo que une Guerrero con la capital del país. En marzo del año pasado, 13 policías estatales fueron asesinados en una emboscada en Coatepec. En mayo de 2022, el edificio de la fiscalía de Sultepec quedó arrasado por las llamas, y hace tres meses, un enfrentamiento entre policías estatales y un grupo armado terminó con 11 muertos en la comunidad de Palo amarillo. Durante varias horas, los vecinos escucharon el ida y vuelta de las ráfagas de R-15 en un combate que terminó con los sicarios muertos alineados sobre el pasto de una de las casas de concreto que se ven desde la iglesia.
Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se refirió a ese asunto al día siguiente, la policía estatal se presentó en una vivienda para capturar a un capo local y fue recibido a tiros. “Se trató de un enfrentamiento con policías ministeriales que iban a ejecutar un orden de aprehensión y de acuerdo con el informe fueron agredidos. Hubo un enfrentamiento y perdieron la vida tanto personas de este grupo de la delincuencia como policías”, resumió el 14 de junio sobre una matanza que dejó más de una decena de muertos, siete detenidos y tres policías heridos leves.
“Aquí somos gente tranquila. Ahora sí, cada uno a los suyo”, dice la vendedora de fruta en referencia a una convivencia con el mal tan natural como las manzanas que tiene delante. “Pues la situación está… más o menos tranquila”, añade el vendedor de elotes moviendo la mano de lado a lado. “Da igual o no que esté el Ejército, porque aquí ya nos acostumbramos”, opina el taquero. “Serás recibido según los modales con los que llegues”, añade otro vecino más en la plaza, durante una enigmática conversación sobre carteles, violencia y soldados en el que habla de “los nuestros”.
Según un informe de la Fiscalía del Estado de México publicado por Milenio, a la pelea que mantienen entre ellos los carteles que operan en la Ciudad de México, se suma la guerra entre La Familia Michoacana y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del pasillo del sur del Estado de México (Edomex) en el tráfico de marihuana, cocaína y amapola. Según la Fiscalía, en municipios como este, el trasiego de drogas, la tala ilegal, la extorsión y secuestro están en manos de La Familia Michoacana, que mantiene una guerra abierta contra el CJNG lo que hace del Edomex el tercer Estado más violento del país con casi 200 personas asesinadas cada mes, según cifras oficiales.
Al día siguiente de la masacre de junio, 140 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional se desplegaron en el municipio. Para entonces, ya era un secreto a gritos en Texcaltitlán que el capo que la policía estatal iba a detener con la ayuda del Ejército, la marina y la Guardia Nacional, había logrado huir o nunca estuvo en la casa tiroteada.
-¿La gente está contenta desde que llegó el Ejército?
-Podría ser, responde en su despacho Jesús Mercado, secretario del Ayuntamiento de Texcaltitlán
-¿Podría ser?
-Bueno, es algo de la federación, nosotros no sabemos nada sobre eso, zanja con temor a hablar de más.
A dos horas y media en coche de la capital, el debate sobre la militarización es un tema que se habla en voz baja con más inquietud que entusiasmo. Los que están a favor, hoy no han visto un solo soldado en las calles, y los que están en contra de vez en cuando ven alguna patrulla.
