Agentes de policía frente a un auto incendiado por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, en Zapopan, Estado de Jalisco (México), el 9 de agosto de 2022. FERNANDO CARRANZA (REUTERS)

México ha vivido de nuevo esta semana las consecuencias de su realidad violenta. A veces en forma de cuerpos despedazados o ausentes, el crimen ha preferido en esta ocasión organizar un pequeño caos, de consecuencias terroríficas para la población, espectadores presenciales o virtuales de la capacidad del crimen organizado para colocar mensajes. El motivo, un operativo fallido. El Ejército intentó detener a dos cabecillas del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), alias El Doble R y El Apá, y estos, en la huida, prendieron fuego a lo que pudieron.

Hacía cuatro años que el centro de México no vivía una situación como la de este martes. Los bloqueos, los vehículos incendiados, las tiendas atacadas, criminales construyendo una imagen de poderío frente a la nadería estatal. La última vez que Guadalajara y su zona metropolitana sufrieron una situación parecida data de 2018, cuando sicarios trataron de asesinar en el centro al exfiscal Luis Carlos Nájera. Los bloqueos entonces se quedaron en la capital tapatía y alrededores.

Para el investigador Carlos Flores, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, la tibieza de los gobiernos federales y estatal frente al crimen organizado causa situaciones así. “Es necesario que las autoridades tomen responsabilidad. El tipo de estrategias que manejan no tiene resultados positivos, solo generan incendios. Las organizaciones delictivas perciben cierta permisividad. No digo que haya acuerdos. Pero es el mensaje que manda la falta de acción del Gobierno. Los grupos reaccionan y no lo hacen de manera racional”.

Lo de esta semana en Jalisco y Guadalajara ha sido distinto de otras ocasiones. La reacción de los criminales comprendió un radio de más de 350 kilómetros, distancia que separa Ixtlahuacán del Río, al norte de Guadalajara, lugar del operativo frustrado, y Celaya, en Guanajuato, una de las poblaciones del Estado vecino donde se registraron incendios de vehículos y tiendas de conveniencia. La distancia sugiere diferentes posibilidades, las rutas de huida de los cabecillas reunidos, por ejemplo, pero también la capacidad de movilización de un grupo adicto a la viralidad.

Más allá de las cifras en bruto que ha ofrecido el Gobierno —16 detenidos, un presunto criminal abatido, armas y vehículos incautados—, llama la atención el goteo de información, emanada de la reunión del gabinete de seguridad de este miércoles, al que accedieron varios medios de comunicación. En la reunión, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, habría explicado, precisamente, que el caos del martes por la noche había sido cosa del intento de captura de Ricardo Ruiz, El Doble R, y Gerardo González, El Apá. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado que el caos fue cosa de una reunión entre los dos y el fiasco de su intento de captura.

Ambos alias son viejos conocidos de la prensa y del mismo general Sandoval. El secretario mencionó el nombre del primero hace poco más de dos años, después de otro esfuerzo publicitario del grupo criminal, que días antes había divulgado un vídeo de un extraño desfile, en el que decenas de presuntos integrantes del CJNG posaban frente a sus vehículos de guerra, camionetas modificadas que en México han adquirido el nombre de tanques artesanales. La falta de información oficial sobre El Doble R y su compinche El Apá ha favorecido la aparición de versiones en los medios sobre su posición en la jerarquía criminal. Incluso, sobre la naturaleza de la reunión. El diario Milenio ha informado de que la sucesión del líder del CJNG, Nemesio Oseguera, El Mencho, había sido uno de los temas tratados.

Sobre El Doble R, el diario Reforma ha recordado además que Sandoval lo ubicó como coordinador, líder o mando de un grupo de élite del CJNG, mandadero de El Mencho, supuestamente, en sus principales campos de batalla estos años, caso de las zonas centro y sur de Guanajuato y la región Sierra Costa de Michoacán. En Guanajuato, células vinculadas al CJNG han peleado con otra organización, denominada en los medios como Cartel de Santa Rosa de Lima, en ciudades como Salamanca, Irapuato, Celaya o Silao. En Salamanca funciona una de las refinerías de Pemex en el país. La región Sierra Costa de Michoacán ha sufrido estos años la pugna entre el grupo criminal y el remedo de viejas mafias locales, conocido popularmente como Carteles Unidos.

Para el investigador Flores, uno de los pocos académicos que ha estudiado el caso concreto del CJNG en México, lo ocurrido “refleja el tipo de estructura del grupo criminal, con un fuerte componente militarizado, y una capacidad de movilización bélica. Quizá no convencional, pero si de contrainsurgencia, que habla, además, de una presencia no clandestina”. Flores añade que el tipo de presencia y reacciones del CJNG responden además a la relación que mantiene con la población. “Ya no es solo el tráfico de drogas, es un tema de extracción de recursos a la población a través de extorsiones”, zanja.

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