Lorenzo Caraffi (Italia, 1971), actual jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, conoce bien el avance del conflicto en el país. En 2002 fue el jefe de la oficina de Saravena, (Arauca); regresó en 2008 a Bogotá tras la desmovilización de los paramilitares, como jefe de subdelegación en el centro-oriente del país; y ahora, como jefe de la delegación en Colombia, ha visto con preocupación cómo se han recrudecido conflictos entre grupos armados que dejan a la población civil en el medio.
Hasta el año pasado el CICR publicaba un informe anual, pero vieron que lo que está pasando en los territorios que sufren violencia cambia más rápido. Por eso ahora entregan uno cada seis meses. El último, presentado hace unas semanas, muestra que el presidente Gustavo Petro recibe un panorama crítico en lo humanitario. Caraffi habla del aumento de las víctimas por artefactos explosivos, el confinamiento de poblaciones enteras y la desaparición forzada. También, de la disposición del CICR a servir de facilitador, como ya lo hizo en el proceso de paz con las FARC, de cara a negociaciones de paz con grupos como el ELN.
Pregunta. Acaban de publicar el informe. ¿Cómo es el panorama humanitario que recibe el nuevo Gobierno?
Respuesta. Vemos que en el primer semestre de 2022 hubo una continuidad de las tendencias preocupantes que observamos en años pasados, porque desde 2018 el deterioro de la situación humanitaria ha sido muy evidente en aspectos como el desplazamiento, el confinamiento, las víctimas de artefactos explosivos, la desaparición de personas por causa del conflicto y de la violencia. Eso se concentra en particular en algunas regiones del Pacífico, en particular Nariño, Cauca y Chocó; partes de Antioquia; Sur de Bolívar;, la frontera con Venezuela en Norte de Santander; y Arauca, en particular este año. Además, en zonas del sur del país, como Putumayo, Caquetá o Guaviare, que son menos visibles porque tienen una concentración menor de población, pero donde estamos viendo también un deterioro. Como decía, es una tendencia.
P. ¿Cómo se configura el conflicto o los conflictos hoy en Colombia?
R. A partir del 2018 el agravamiento de la situación es muy claro. Eso debido a una reorganización y reconfiguración de los grupos armados, a una lucha para el control territorial entre ellos y a una lucha, naturalmente, contra el Estado, contra la fuerza pública.
P. ¿Cuántos conflictos existen hoy en el país?
R. El análisis que hicimos, que es puramente jurídico con base en los principios del Derecho Internacional Humanitario, del nivel de organización de los grupos y el nivel de intensidad de las hostilidades ― sin considerar cuáles son los objetivos de esos grupos, si son políticos o económicos ―, nos llevó este año a identificar la existencia de seis conflictos armados no internacionales en el país, de los cuales tres involucran al Estado y grupos armados no estatales como el ELN (Ejército de Liberación Nacional), las AGC o el Comando de Frontera, y tres involucran a grupos armados entre ellos.
P. ¿Un conflicto más frente a los que habían identificado el año pasado?
R. En realidad, el año pasado decíamos por lo menos cinco conflictos. Ahora precisamos que son seis.
P. ¿Y cuál era la duda concreta?
R. La duda era la evolución bastante rápida del contexto. Comparado con mi primera misión en Colombia (2002). Varía con mucha más rapidez. Actuamos con transparencia y todos los actores de esos conflictos fueron notificados de que están en conflictos con otras partes. Eso pone las bases para el diálogo que tenemos con los actores armados, bien sea del Estado o grupos armados, y que sea muy claro para todos qué está pasando en estos casos sobre el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Fuera de esos conflictos que tienen partes específicas, lo que se predica es el derecho internacional de los derechos humanos. Es una manera de delimitar la aplicación del DIH, identificar los conflictos y las partes involucradas.
P. ¿Cómo son, en detalle, esos 6 conflictos y sus dinámicas particulares en las regiones?
R. Los seis conflictos son: el Gobierno de Colombia contra el ELN; el Gobierno de Colombia contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); el Gobierno de Colombia contra las estructuras de las antiguas FARC-EP no acogidas al proceso de paz, las de Iván Mordisco; las AGC contra ELN; Segunda Marquetalia contra las estructuras de las antiguas FARC; y esas estructuras contra el Comando de Frontera.
P. En Colombia se piensa en conflicto vinculado a los objetivos políticos…
R. Tradicionalmente, en Colombia se identifica como conflicto aquél en el que las finalidades son políticas. Por eso es muy importante para nosotros decir que el análisis que hacemos es puramente jurídico, basado en dos principios: intensidad de hostilidades y nivel de organización. Nosotros no tenemos la responsabilidad de hacer una distinción entre actores políticos o no políticos, para preservar la percepción de nuestra neutralidad en la capacidad de dialogar con todos y de pedir que el DIH sea respetado.
P. Entendiendo su neutralidad, hoy se habla de la posibilidad de negociar con varios de los grupos que están en conflicto. ¿Esa definición jurídica podría ayudar a la apuesta de diálogo, sometimiento y negociación?
R. Eso lo dejamos naturalmente a las partes involucradas. Lo que nos importa en situación de conflicto es que, primero, el DIH sea respetado y que las consecuencias humanitarias sean mínimas. Y segundo, naturalmente, estamos muy contentos si hay acuerdos que permitan reducir estas consecuencias hasta que desaparezcan. En caso de acuerdos y su firma con quien en particular el Gobierno considera bueno, eso es una elección de carácter político que dejamos a las autoridades.
P. ¿Qué papel podrían jugar ustedes?
R. Así como hicimos en el pasado y gracias a la aceptación que tenemos en el territorio y el diálogo con los grupos, ofrecemos jugar el papel que tuvimos, por ejemplo, durante las negociaciones entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Es decir, de facilitador, de intermediario neutral. En el caso de esa negociación, por ejemplo, facilitamos la logística del traslado de los negociadores y, además, fuimos consultados sobre los aspectos humanitarios de los acuerdos.
P. Volviendo al panorama humanitario actual, habla de 377 casos de víctimas por minas y artefactos explosivos solo este año (En 2017 fueron 57 víctimas). ¿Estamos volviendo a minar en algunos territorios y que pasa con el esfuerzo de desminado humanitario?
R. Ese es uno de los elementos que hace que la situación en Colombia sea particularmente compleja, porque efectivamente hay un desminado humanitario que continúa con resultados y al tiempo hay territorios donde está aumentando claramente el uso de artefactos explosivos. Está aumentando porque han crecido la conflictividad y las acciones armadas de los grupos. Hubo un aumento en particular de artefactos de detonación controlada y artefactos lanzados, que es un síntoma de conflictividad.
P. ¿Los más comunes hoy son artefactos sofisticados o artesanales?
R. Hay de todo. Inclusive, explosivos de guerra que son verdaderamente armas, digamos, de carácter industrial, que se quedan ahí sin explotar después de un combate y que pueden tener exactamente el mismo efecto.
P. Se están usando también para confinar a las poblaciones. Según el informe se pasó de 45.000 personas el año pasado y en lo que va de este, 19.210.
R. Las cifras son absurdamente muy altas y aumentaron mucho también en los últimos años. Los factores que aportan al confinamiento son las órdenes de los sectores armados de no moverse como manera para controlar el territorio y la presencia de artefactos explosivos, que muchas veces reduce la posibilidad de los miembros de la comunidad de salir para cultivar o a pescar, por ejemplo. Hay toda una dinámica social que cambia a causa de eso. También desplazamiento de comunidades por la presencia de artefactos explosivos y por combates. No solo se afecta una víctima que pierde una pierna o la vida, sino que hay un impacto colectivo que se tiene que considerar.
P. También aumentó la desaparición forzada. ¿Qué está pasando puntualmente ahora para que se recurra a esa práctica y cuál es el patrón que observan?
R. Podemos hablar del número de casos que nos llegan (61 solo en 2022), no tenemos la pretensión de decir que son todos los casos de desapariciones que acontecen en Colombia. Desafortunadamente, como usted decía, es un patrón que existe en Colombia en términos de dinámica de conflicto hace mucho tiempo. A veces hay desaparición para enviar mensajes de temor a las comunidades; otras, porque alguna persona en contexto de combates, perdió la vida y no se manejó el cuerpo de manera que permita la identificación y nadie sabe dónde está.
P. Con tanta conflictividad, ¿cómo ha sido el manejo de estos casos con las Fuerzas Militares?
R. El CICR está en todos los rincones de Colombia desde hace 53 años. Todos los actores armados nos conocen muy bien y eso nos permite llegar a las comunidades más alejadas. Es una relación basada en la confianza. Y esta se alimenta del hecho de que cuando tenemos comentarios y casos de violaciones al DIH, las delegaciones lo presentan de manera bilateral y confidencial. Eso hace que cuando llegamos y presentamos casos son tomados seriamente. Con las fuerzas militares no es solo un trabajo reactivo, también hacemos prevención.
P. Según el análisis que ustedes hacen. ¿Cuál es esa región donde pueda ser más acentuada esa situación humanitaria de cara al futuro en el mediano plazo?
R. Hablando solo de este año sobresalen Nariño, Chocó, Cauca, Norte de Santander, Arauca. El desplazamiento individual en Arauca aumentó 1.300% frente al año pasado. En esos territorios no tenemos un particular optimismo para el futuro, si continúa la dinámica como está . Y no hay que olvidar el sur del país.
P. Muchas cosas de esos seis conflictos están ocurriendo en las fronteras. Pienso en el caso de Putumayo con los Comandos de la frontera. ¿Qué papel está jugando la relación con esos otros países limítrofes? ¿Qué tanto está generándose otro conflicto?
R. Eso lo dejaría a mis colegas del otro lado de la frontera. Pero claramente hay dinámicas transfronterizas en juego y eso hace que, digamos, entender lo que acontece y responder se vuelve más complejo que si fuese solo territorio colombiano.
P. ¿Cómo ha vivido usted los diferentes momentos del conflicto en los que ha estado en Colombia?
R. En 2002 fui el jefe de la oficina de Saravena. Entonces dormía con el conflicto, en el sentido de que estaba en la cama y escuchaba los combates y los disparos de granadas. Eso era una imagen muy clara de la situación que vivía el país en ese momento. Regresé a vivir a Bogotá en 2008, después de la desmovilización de los paramilitares, y había un cambio bastante grande en términos de la realidad, pero de todas maneras un porcentaje muy relevante del territorio colombiano seguía siendo afectado por los conflictos. Hoy en día, a diferencia de comienzos de los años 2000, no todo el país está afectado de la misma manera, las afectaciones se concentran en algunas regiones más alejadas del centro del país, pero la intensidad del conflicto en esos territorios es extremamente intensa.
