El entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, saluda después de hablar y recorrer una sección del muro fronterizo en Álamo, Texas, el 12 de enero de 2021. MANDEL NGAN (AFP)

Tras sucesivos reveses judiciales, por fin un pequeño respiro para Joe Biden. El Tribunal Supremo de EE UU ha fallado este jueves que la Administración demócrata no violó la sección 1225 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y los Memorandos del 29 de octubre del entonces Secretario de Seguridad Nacional constituyeron una acción válida de la agencia, lo que certifica la validez del fin de los Protocolos de Protección al Migrante (PPM), el burocrático nombre de un programa que en realidad obliga a la mayoría de los solicitantes de asilo a esperar la resolución de su caso en campamentos para inmigrantes en México. La iniciativa fue instaurada por Donald Trump, y Joe Biden hizo campaña prometiendo terminar con ella y reconstruir, en su lugar, una política migratoria más humana. En la única sentencia favorable a la Casa Blanca de las emitidas en las últimas semanas, Con una mayoría conservadora de seis jueces, frente a tres liberales, el alto tribunal valida la decisión de Biden de poner fin al programa, conocido popularmente como Quédate en México.

La sentencia del Tribunal Supremo llega horas después de que fueran encontrados 51 migrantes muertos al interior de un tráiler abandonado en San Antonio, Texas. La tragedia engrosa una larga lista de sucesos que subrayan los peligros que encaran decenas de miles de personas que migran, principalmente, desde México y Centroamérica con la esperanza de llegar al norte. El hallazgo fue registrado en Texas, el Estado que, junto al de Misuri, demandó a Biden por poner fin al programa PPM. Los Estados, ambos en manos de republicanos, se dicen afectados por el número de migrantes irregulares que han llegado en los últimos años.

La sentencia del Supremo ha constituido una sorpresa, a la vista de los precedentes. Un juez de distrito dio en agosto de 2021 la razón al Estado conservador en el caso conocido como Texas contra Biden. El juez Matthew Kacsmaryk aseguró que la Administración no argumentó de forma convincente por qué eliminaba el programa y que terminar con él violaba las leyes de inmigración. Estas, afirmaba el togado radicado en Amarillo (Texas), requieren que quienes cruzan ilegalmente al territorio estadounidense sean repatriados si el Gobierno no tiene los recursos para arrestarlos. El Supremo, no obstante, se negó, en el verano pasado, a intervenir tras la petición de Washington de levantar Quédate en México.

Los representantes de las dos partes acudieron al Supremo en abril pasado a presentar sus argumentos durante más de dos horas. Los jueces se mostraron públicamente contrariados por el predicamento que representa Texas contra Biden. Por un lado, las leyes indican que las autoridades de la frontera deben detener a los inmigrantes mientras el sistema estudia las solicitudes de asilo. El Ejecutivo argumentaba que esto era imposible pues el Congreso no asignó recursos suficientes para hacer frente al flujo migratorio. Tan solo en 2021 arribaron a la frontera más de 600.000 migrantes, pero los centros de detención migratoria tienen capacidad para 34.000 personas.

La jueza Elena Kagan, de la minoría liberal, subrayó entonces los roces que esta norma ocasiona con México, el país emisor de la mayoría de migrantes, pero también a miles de emigrantes de otras nacionalidades. “¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Enviar camiones llenos de migrantes a México y abandonarlos allí sin negociar con México?”, cuestionó. Después siguió: “Esto pone, esencialmente, a Estados Unidos a merced de México”, reflexionó entonces. “Si te damos la razón”, dijo al abogado de Texas, “México puede aprovecharse para pedir que el país haga 20 cosas para cumplir con los requisitos de la corte”.

Casi todos los jueces han mostrado cautela a la hora de entrar en temas de política exterior, en un tema que ha tensado las relaciones entre el Gobierno de Biden y el de Andrés Manuel López Obrador. “Esto está por encima de nuestras responsabilidades. Evitémoslo lo más que podamos”, instó el liberal Stephen Breyer, juez asociado de la Corte Suprema, a sus colegas.

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