La Cumbre de las Américas promueve un acuerdo para facilitar la devolución de inmigrantes irregulares

La declaración del encuentro celebrado en Los Ángeles impulsa las vías legales y la inmigración temporal y aspira a frenar las ilegales

0
730

Más oportunidades para la inmigración legal y a cambio, compromiso para devolver a los inmigrantes irregulares a sus países de origen. Estados Unidos al fin prevé plasmar en un documento común una realidad que se ha vivido en la región en los últimos años. Es parte del contenido de la declaración de Los Ángeles sobre migración y protección que este viernes firmarán los líderes de los países americanos. Aunque el país anfitrión asegura que no quiere parar la inmigración, lo que sí pretende con la declaración que ha promovido es sentar unas nuevas reglas del juego sobre la base de lo que denomina “la responsabilidad compartida”, que es una moneda con dos caras. El resto de naciones, que ha dejado de ser solo expulsores para convertirse también en países de destino de inmigrantes, están de acuerdo con este nuevo sistema regional.

El primer compromiso es promover el desarrollo de los países de origen para desincentivar la migración. Casi todo el temario de la Cumbre de las Américas apunta, de un modo u otro, en esa dirección. Promover una democracia de calidad, evitando así refugiados y exiliados; cooperación económica para mejorar las oportunidades en los países más pobres; inversión privada y financiación de organismos multilaterales, mejora de los sistemas sanitarios; lucha contra el cambio climático y toda una serie de propuestas para que haya menos gente dispuesta a emigrar.

Se trata, sin embargo, de un remedio a largo plazo. Mientras, para controlar los flujos migratorios, lo que prevé la cumbre de las Américas es, por un lado, facilitar vías de emigración legales y, por otro, frenar las ilegales. “El presidente Biden pide a todos los Gobiernos que se encuentran en las rutas migratorias que faciliten la tramitación del asilo en sus países, reforzando de forma más eficaz sus fronteras, realizando controles y expulsando a aquellas personas que no reúnan los requisitos para el asilo”, explicó un alto cargo del Gobierno estadounidense.

Esta declaración llega en un momento donde la propia Administración de Biden busca reinstaurar un sistema de asilo destruido en los cuatro años del Gobierno de Donald Trump. Washington anunció en marzo una iniciativa para reducir un proceso que hoy toma de unos seis meses a varios años. También se abrirán otras vías legales de migración y de acogida de refugiados y se comprometerán a aumentar la protección de esos inmigrantes controlados.

Los Gobiernos que suscriban la declaración también deberán seguir la estela de Estados Unidos y Canadá, que han ampliado los programas de trabajadores temporales para hacer frente a la escasez de mano de obra, lo que está “haciendo subir los precios”, de acuerdo al alto cargo. “Esto es un win-win [en inglés, acuerdo beneficioso para ambas partes] para los países de Norteamérica”, añadió el funcionario.

Hace casi un mes, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento del Trabajo anunciaron 35.000 visas de este tipo para el segundo semestre del año. 23.500 eran para migrantes que ya se habían acogido al programa, pero las 11.500 restantes estaban reservadas para ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití, países que han incrementado su expulsión de migrantes al norte.

Habrá, además, compromisos concretos de acogida de refugiados. Canadá y España están entre quienes negocian estos acuerdos. Estados Unidos quiere, además, apoyar a los países de la región que acojan refugiados para que la población se asiente y se reduzca la inmigración de segunda ronda, como está ocurriendo con numerosos refugiados venezolanos en Colombia que buscan emigrar a Estados Unidos.

“La declaración de Los Ángeles demuestra el compromiso de toda la región de dar un paso adelante de forma colectiva para hacer frente a los retos que suponen los niveles históricos de migración”, explicó un alto cargo estadounidense. Al tiempo, la declaración pretende sentar las bases para frenar la inmigración irregular y “desbaratar y desmantelar las redes de contrabando de personas en toda Latinoamérica”.

Como ha adelantado en una entrevista con EL PAÍS Juan González, el asesor principal para Latinoamérica del presidente Joe Biden, se trata de reforzar las leyes para que haya “una forma organizada y digna” de devolver a sus países de origen a “las personas que están emigrando irregularmente y no tienen petición de asilo creíble”.

Preguntado sobre el modo en que se garantizará que los países cumplan con esos compromisos de acogida de refugiados, de inmigración temporal y, en particular, el de devolución de inmigrantes, el alto cargo señaló, por un lado, que los países asumirán algunos compromisos concretos este viernes y que, por otro, “esto es solo el principio”. Estados Unidos trabajará con los países que firmen la declaración para ir desarrollando y ejecutando el contenido.

En el caso concreto de Estados Unidos, algunas vías de inmigración regular como la reunificación familiar, requieren de cobertura legal. “Nos encantaría que el Congreso actuara al respecto. Creo que vemos la necesidad de ampliar los canales legales de migración. Eso sería bueno para nuestra economía, bueno para Estados Unidos, pero también tendría un impacto directo en la reducción de la migración irregular. Haremos todo lo que podamos dentro de nuestra autoridad ejecutiva”, ha señalado el alto cargo, que ha asegurado que Estados Unidos no será el único país que anuncie este viernes vías para expandir la migración regular.

Habrá también una iniciativa específica de apoyo a Haití: “Reconocemos la necesidad de legalizar a los migrantes haitianos (…) Anunciaremos decisiones para ayudar al pueblo ante el deterioro de la seguridad, la situación humanitaria y de seguridad en el país”. En los últimos meses, ha aumentado en cientos la presencia de ciudadanos del país caribeño en la frontera entre México y Estados Unidos. De hecho, junto a los pilares de desarrollo económico, de potenciar las vías legales de migración y acogida y de rechazar y devolver a los inmigrantes sin papeles, hay un cuarto pilar que es la respuesta a situaciones de emergencia.