La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México salió en defensa de los acuerdos reparatorios que Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), la empresa constructora del magnate Carlos Slim, firmó con las víctimas de la tragedia de la Línea 12 del metro. “Dichos acuerdos son históricos y sin precedentes, dada la temporalidad, alcances y sensibilidad para las partes”, afirmó la fiscal Ernestina Godoy en un mensaje a medios, después de que EL PAÍS revelara esta semana el contenido de los convenios. Las autoridades confirmaron que ocho de cada diez personas afectadas llegaron a un arreglo con Grupo Carso, que accedió a desembolsar cientos de miles de pesos a cambio de que las víctimas desistan de futuros pleitos legales.
Los acuerdos reparatorios se promueven para que dos partes enfrentadas en un conflicto lleguen a un arreglo sin tener que irse a juicio. La idea es que quien cause un daño se ponga de acuerdo con la víctima para compensarla. Después de que la parte imputada cumple con ese compromiso, la ley señala que se extingue la acción penal y los afectados ya no pueden continuar con ese pleito legal.
Los convenios que firmó CICSA con la mayoría de las víctimas del colapso en la Línea 12, que dejó 26 muertos y alrededor de un centenar de heridos el pasado 3 de mayo, tienen la particularidad de que la empresa acepta hacer el pago de esa reparación, pero no reconoce que sea la responsable de la tragedia. “No implica, ni debe interpretarse, considerarse o tenerse, como reconocimiento de responsabilidad alguna”, se lee en el documento. No se conoce tampoco ninguna acusación formal contra la constuctora de parte de la Fiscalía.
Godoy celebró la voluntad de la compañía de acercarse a los afectados para evitar un juicio que, en sus palabras, hubiera sido “largo y desgastante”. “Reconocemos la voluntad expresa de CICSA para que conociendo el estado procesal en el que se encuentra el caso, se han ofrecido a atender los daños causados a las víctimas, así como la disposición de la mayoría de las personas afectadas por aceptar el acuerdo”, señaló.
A raíz de que los acuerdos salieran a la luz, sin embargo, han surgido dudas sobre las implicaciones que estos acuerdos pueden tener en la investigación de la tragedia y qué pasará si el resto de personas afectadas no llegan a un arreglo. También han detonado cuestionamientos de abogados privados que asesoran a ese grupo de víctimas, que critican que la Fiscalía y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la capital hayan mediado en la firma de esos convenios. Esos representantes legales alegan que la compensación no es suficiente para cubrir los daños morales y físicos, así como los ingresos que las víctimas y sus familiares perdieron a raíz del derrumbe, y acusan que se quiere “dar carpetazo”.
Un precedente es el pago que ordenó la Suprema Corte al hotel Mayan Palace por 30 millones de pesos a favor de los padres de un niño que falleció en un accidente en sus instalaciones. “Buscaremos un pago de decenas de millones de pesos”, dijo, por ejemplo, Cristopher Estupiñán, que representa a una veintena de damnificados, en una entrevista con este periódico el año pasado. “No representa ni garantiza los gastos para resarcir los daños y continuar con una vida libre de complicaciones”, dijo Teófilo Benítez, que defiende los intereses de 14 víctimas, a la revista Proceso.
La Fiscalía y el Gobierno de Ciudad de México creen, en cambio, que el pago es justo y niegan que haya habido presiones para obligar a los afectados a pagar. “Representa un avance sustantivo para las familias que ahora cuentan con herramientas y recursos para afrontar una situación dolorosamente inesperada”, declaró Godoy. Una persona cercana a las negociaciones dijo que las compensaciones van desde los 400.000 hasta los seis millones de pesos, alrededor de 20.000 a casi 300.000 dólares, en función del grado de afectación. Ni CICSA ni las autoridades han confirmado ni desmentido que esas hayan sido las cantidades.
Aunque los acuerdos son confidenciales, han despertado un enorme interés público porque involucran al consorcio de Slim, el hombre más rico de México y un contratista importante del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con participación en obras insignia como el Tren Maya. Un mes después de la tragedia de la Línea 12, López Obrador, Slim y la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, tuvieron una reunión en el Palacio Nacional. Unos días después, el presidente anunció que Grupo Carso iba a asumir los costos de la reconstrucción y rehabilitación de la línea, y pidió no buscar culpables. “Independientemente de si estuvo bien o mal construido el metro”, dijo el mandatario a finales de junio, “él va a pagar todo”.
Para octubre, Carso hizo oficial que iba a absorber los costos de la reconstrucción en un comunicado publicado por la Bolsa Mexicana de Valores. “CICSA no causó ni es responsable del lamentable evento del pasado 3 de mayo en la Línea 12 del metro”, señaló la empresa en ese momento, en una fórmula similar a la que siguió para hacer el pago a las víctimas. Algunos de los documentos a los que tuvo acceso este diario se firmaron apenas el mes pasado.
En los convenios, el conglomerado de Slim también deja de manifiesto que se reserva el derecho de demandar a quienes resulten legalmente responsables del colapso y exigir que sean ellos quienes cubran el pago que ya se hizo a las víctimas. En diciembre, la Fiscalía imputó a 10 exfuncionarios por los delitos de lesiones, daño a la propiedad y homicidio culposo en la tragedia de la Línea 12. La investigación oficial determinó que las causas del colapso fueron fallas en el diseño y en la construcción de la estructura, así como una calidad inadecuada de los materiales utilizados. Carso también dejó constancia por escrito de que el resultado de sus peritajes no coincide con los de la fiscalía.
Esta misma semana, CICSA, que no se pronunciado sobre los acuerdos reparatorios, informó de pérdidas en el cuarto trimestre de 2021 como consecuencia de los costos de rehabilitación de la Línea 12, aunque Grupo Carso tuvo un aumento de sus ingresos del 31,9%, mientras que su utilidad neta creció el 90,5% durante el año pasado, de acuerdo con su último reporte financiero. El Gobierno de Ciudad de México ha señalado que está previsto que los trabajos de reconstrucción concluyan a finales de 2022.
