La detención hace dos años de Emilio Lozoya, localizado en febrero de 2020 por la policía española en una urbanización de lujo, fue el primer golpe de México al caso Odebrecht. Tras la inacción de la Fiscalía durante el último gobierno del PRI, la captura internacional del exdirector de Pemex daba por fin entrada a la Justicia en la mega trama de corrupción vinculada a la constructora brasileña. Un escándalo que ya había provocado un tsunami político en países como Brasil, Colombia o Perú y que en el México de Andrés Manuel López Obrador se perfilaba ahora como el gran símbolo de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Dos años después y tras múltiples giros y cambios de guion, Lozoya está en la cárcel de modo preventivo sin que siquiera haya arrancado el juicio y ante la amenaza de que la judicialización del caso pueda tambalearse o acabar muy mermada.
Durante las últimas semanas se han acumulado las señales. La prisión preventiva decretada por un juez en noviembre, uno de los hitos del proceso, fue impugnada por los abogados de Lozoya. Y por dos veces el tribunal de apelación le dio la razón a la defensa: la decisión de encarcelarlo no estuvo bien justificada. El exdirector de Pemex vio como se le retiraba la medida cautelar para la primera de las causas que enfrenta, la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, conectada con los sobornos de la constructora brasileña y llevada por el mismo juez, Artemio Zúñiga.
La decisión acercaba de nuevo a Lozoya a la calle. Más todavía después de que el tribunal rechazara también un amparo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que pretendía desactivar el fallo. El exdirectror de Pemex ya solo tenía pendiente la prisión preventiva por los sobornos de Odebrecht y el balón volvía al juez Zúñiga. Esté miércoles, en una audiencia desarrollada por vías telemáticas que no dio pie a la intervención de las partes y se resolvió en apenas 10 minutos, el juez mantuvo la prisión preventiva.
Los tira y afloja suelen ser habituales en litigios de este nivel, pero también reflejan grietas en la construcción de la causa. Para Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “estos regateos judiciales pueden ser normales sobre todo cuando los abogados tienen experiencia y acceso a jueces y magistrados. Pero más allá de argucias y tecnicismos, pueden indicar que la acusación no esté bien planteada. La Fiscalía mexicana se ha caracterizado por no investigar bien ni defender apropiadamente los caso ante los jueces y ahí es donde vuelve a aparecer la sombra de la impunidad”.
Desde su extradición a México en verano de 2020, Lozoya no pisó la cárcel hasta hace apenas tres meses. El poderoso exjefe de la petrolera estatal había logrado esquivar cualquier contacto directo con la Justicia gracias a un acuerdo con la Fiscalía. Imputado de los delitos de lavado, asociación criminal y cohecho por al menos 10 millones de dólares, pasó a convertirse en una especie de testigo colaborador protegido. El acuerdo pasaba por aportar pruebas sólidas para incriminar a lo más alto del último Gobierno priista, incluido el expresidente Enrique Peña Nieto, a quien Lozoya acusó junto a su mano de derecha, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de ser los cerebros de la trama corrupta.
La paradoja de la Fiscalía
Tras infinidad y de prórrogas y dilaciones, el exdirector de Pemex no lograba amarrar por completo su parte del trato. En medio de crecientes críticas por el trato de favor, unas polémicas fotos cenando tranquilamente con unos amigos en un restaurante de lujo desencadenaron el giro radical en la estrategia de la fiscalía. El pacto saltó por los aires en la primera vista en persona de Lozoya ante el juez. Desde entonces, la Fiscalía considera poco menos que el acusado les ha estado mareando todo este tiempo para dilatar lo más posible su entrada a la cárcel.
“El caso ha estado lleno de privilegios, como el retraso injustificado de la prisión preventiva para Lozoya. Es preocupante que los avances han ido respondiendo más a los escándalos y a los intereses políticos que a la actuación de una Fiscalía independiente”, apunta la abogada Adriana Greaves, de la plataforma de abogados Tojil, que ha seguido de cerca el caso exigiendo transparencia.
El giro radical de la Fiscalía después de tantos meses de contemporización podría, paradójicamente, jugar en su contra. “Es perfectamente lógico y acorde a derecho que los abogados de Lozoya hayan ganado la apelación contra la prisión preventiva. ¿Qué cambió para que fuera impuesta? El riesgo de fuga y el riesgo de entorpecer el proceso, las justificaciones que marca la ley, eran las mismas hace dos meses que hace un año y medio”, explica Greaves, que tampoco entiende la decisión de este miércoles de confirmar la medida cautelar para el caso Odebrecht: “Si se la quitan para la primera causa también deberían habérsela quitado para la segunda, porque están conectadas y las circunstancias son las mismas para las dos”.
Con las últimas decisiones judiciales, la fase de investigación está ya a punto de agotarse. El siguiente paso es crucial para que el caso tenga el recorrido necesario y se pueda llegar al fondo del asunto. Hay dos opciones: que se abra el juicio oral para dirimir unas acusaciones que alcanzan los 39 años de prisión; o que Fiscalía y defensa lleguen a un nuevo acuerdo y, a cambio de declararse culpable, Lozoya enfrente unas penas mucho más reducidas. “En ese caso”, añade la abogada de Tojil, “estaríamos ante otro caso de simulación de la justicia”.
