Resulta difícil señalar el inicio de la última temporada de horror en Morelos. Depende del interlocutor, unos apuntan a la foto de Cuauhtémoc Blanco con supuestos criminales divulgada este mes, otros al asesinato del activista Samir Flores a principios de 2019, otros más a la detención de La Jefa, cabecilla de un grupo criminal, a finales del año pasado, o a la decapitación en prisión de otro líder criminal meses atrás, o al ataque a balazos contra unos sindicalistas en el zócalo de Cuernavaca, la capital del Estado, a inicios de 2019… La lista es interminable.
Como ocurre en regiones a lo largo y ancho de todo México, Morelos vive pendiente de su relación con el crimen. Bisagra entre Guerrero y Ciudad de México, el territorio ha comunicado durante décadas zonas serranas productoras de marihuana y heroína con los nudos logísticos de la capital. La dinámica criminal respondía a este paradigma hasta hace unos años, pero la caída de precios de la marihuana y la amapola y la proliferación de opiáceos sintéticos como el fentanilo han cambiado la lógica.
También la fragmentación constante de los grupos criminales ha modificado el panorama. Rota la relación directa y excluyente entre el crimen y las drogas, quebradas las viejas alianzas entre delincuentes y autoridades, las mafias apuntan al ámbito municipal, muchas veces incapaz de enfrentar amenazas o extorsiones. En entrevista con EL PAÍS, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, constata la indefensión del ámbito local. Aunque han detectado esquemas en que la cercanía de los alcaldes con el crimen es buscada, predomina, asegura, “el método de plata o plomo”.
Carmona repasa sus años al frente de la dependencia, las sospechas por su cercanía con el antecesor de Blanco, Graco Ramírez y su enfrentamiento con el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, que surge en la conversación casi sin preguntar.
Pregunta. El mes que viene cumple cuatro años al frente de la Fiscalía del Estado. ¿Qué está pasando en Morelos?
Respuesta. Morelos es un Estado pequeño en medio de estados grandes, Estado de México, Guerrero, Ciudad de México, Michoacán, Puebla… Un centro de tránsito. Tenemos una población flotante muy importante, sobre todo los fines de semana. Hay mucho turismo. Importamos cosas buenas y cosas malas. Toda la comunicación entre estas entidades pasa por Morelos. Y en ese trayecto se quedan criminales, células delincuenciales. Sobre todo de Guerrero y de Ciudad de México.
La Fiscalía es autónoma desde 2018, ya no forma parte del poder ejecutivo. El gobernador no es jefe del fiscal. Eso genera que haya formas de antagonismo, porque a veces nuestras investigaciones o determinaciones incomodan a poderes públicos, caso del gobernador. Aquí hemos actuado en contra de servidores que son o fueron cercanos a él. Esa autonomía genera confrontación en el plano político. Y el gobernador ha escalado esta situación, por los señalamientos a partir de la foto en la que aparece con personas que pertenecen a grupos criminales.
Los políticos lo han cuestionado, señalado. Y un grupo de diputados locales solicitaron a la Fiscalía una investigación para saber el origen de la foto y si el gobernador tiene algún tipo de pacto con esas personas. Él acusa al gobernador anterior, Graco Ramírez, de que sigue operando para perjudicarlo. Y como yo fui designado cuando aún estaba él, Blanco asume que sirvo a sus intereses. Pero no es así.
P. Pero, ¿qué está pasando en el Estado?… Hay reportes de que en más de la mitad de los 36 municipios existe algún tipo de control de grupos mafiosos.
R. Es real, nada más que tenemos que dimensionarlo. Hay algunas organizaciones criminales, sobre todo en la parte sur del Estado. No es que dominen el territorio. Lo que tienen los delincuentes es que hay pugna por el control de actividades ilícitas, pero no tienen control sobre territorio o gobiernos, ni municipales ni estatal. Sí hay una infiltración del crimen en municipios. Ahí hemos tenido casos importantes, caso del presidente municipal de Amacuzac, procesado por secuestro, el tío de El Carrete [líder criminal de Los Rojos, detenido por el Gobierno federal]. Nosotros hemos detenido a los hijos de El Carrete por delitos graves.
Es decir, existe, pero no sobredimensionemos. No es que estén dominados los gobiernos, pero hay gente de esas estructuras muy cerca de las autoridades. No necesariamente es un tema de voluntad, a veces se ven obligados. Los municipios son más vulnerables ante los delincuentes, son gente del pueblo, tienen oficinas sencillas, del escritorio a la calle hay un paso. Hay manera de acercarse físicamente. No es como acercarse al gobernador, que es prácticamente imposible [sonríe].
P. Por su experiencia, ¿qué impera, el esquema extorsivo o el colaborativo?
R. Yo creo que el primero. La amenaza. Tan es así que luego denuncian. Y hemos tenido detenciones a partir de esas denuncias. Es improbable que haya un presidente municipal que lo haga voluntariamente.
P. Mencionaba el caso de El Carrete, donde ahí si había una voluntariedad, ¿no?
R. Ese sí.
P. El otro día, el excomisionado de seguridad estatal, Alberto Capella, decía que El Carrete aprovechó la posición de su tío en Amacuzac para hacerse con el dominio de la obra pública municipal, empleando el mismo esquema en otros pueblos del entorno.
R. En Amacuzac en ese periodo, sí. Pero es que nosotros no podemos hablar más de lo que tenemos acreditado. Hay cosas que sabemos, pero que no podemos acreditar. En el caso de Amacuzac, ese presidente municipal ganó las elecciones estando interno en la cárcel, en 2018. Hizo su toma de protesta por control remoto. Se llama Alfonso Miranda. Y sí, traía una pugna con Capella, que tenía visos de tema politico.
P. Hablando de El Carrete. Enfrenta cuatro procesos del orden federal, ¿del común no hay nada?
R. No, no tenemos ninguna carpeta todavía
P. ¿Ningún indicio? Porque los reportes es que tenía presencia en todo el sur del Estado.
R. Si, tenemos declaraciones de gente detenida que ha mencionado trabajar para él. Pero bueno, los casos de delincuencia organizada son del ámbito federal.
P. ¿Ni homicidios?
R. No… Están los procesos en materia federal. En el estado, su nombre brinca en las investigaciones, pero no tenemos ninguna orden de aprehensión vigente.
P. El otro día el gobernador hablaba en una entrevista de los dos grupos criminales principales del Estado, Los Maya y el grupo de El Señorón. ¿De dónde vienen?
R. Lo que tenemos documentado es que a partir de la muerte de Arturo Beltrán, su grupo se fracciona y estas dos personas, El Señorón y Abel Maya, parece que son una derivación de ese grupo. Lo que hemos detectado es que ahora son antagónicos. Y hay muchos homicidios atribuibles a ambos grupos. Y tenemos detenciones, procesos y sentencias por homicidio, feminicidio…
P. Estas dos personas no son en todo caso las que aparecen en la famosa foto del gobernador. ¿Cómo entendemos ambas situaciones? Por un lado, estos dos. Por otro los de la foto…
R. Así es. Mira, si estaban juntos en esa foto y no por accidente, quizá no eran adversarios, ¿no? Probablemente estaban en una tregua, ¿no? Sería demasiada coincidencia que estuvieran en el mismo lugar, en el mismo momento tres líderes delincuenciales de grupos antagónicos, ¿no?
P. Lo que me queda claro es que cuando detienen a unos siempre llegan otros. ¿Hay forma de acabar con el crimen mafioso?
R. Sí, y no es difícil: abatir la corrupción. En eso estoy de acuerdo con el presidente. La corrupción es la que permite que haya violencia, carteles, porque si las autoridades permiten el desarrollo de actividades ilícitas, los delincuentes pelean por esa actividad porque está consentida.
P. Dentro del crimen, ¿qué es más importante para los grupos delictivos, controlar lo ilícito o captar lo lícito?
R. Son ambas cosas, para ellos es igual de relevante. Se reparten las actividades por eso son delincuencia organizada. Unos son grupos de choque, otros contadores, abogados, que se acercan a autoridades a tratar de hacer pactos, otros participan en temas de la política. O sea, no es solo el que transporta marihuana, sino que tratan de dominar, corromper… Son estructuras completas. Son empresas de delincuencia organizada.
Ese es el problema, que no tenemos facultades para perseguir ese delito. Es algo que otros fiscales del país y yo hemos pugnado por cambiar. Que haya una reforma para que en los estados podamos también combatir la delincuencia organizada. Porque si no, podemos investigar parcialmente, pero tenemos que remitir la información a la federación.
P. Hablemos del caso de Samir Flores. El mes que viene se cumplen tres años ya de su asesinato. Usted señaló a un grupo, el Comando Tlahuica, de estar detrás… ¿Lo hicieron por propia iniciativa o por orden de alguien más?
R. Tenemos un probable responsable vinculado a proceso, en prisión preventiva, como autor material, que no ha dado luces de momento sobre la autoría intelectual. Eso es lo que tenemos claro. Creemos que con él podemos alcanzar una sentencia. Hay otros autores materiales que no hemos podido detener.
En cuanto a los que lo ordenaron, sabemos que alguien lo hizo. No fue un asalto, ni nada personal. Debió ser derivado de sus actividades como activista. Pero no tenemos claro de dónde viene la orden para matarlo.
P. ¿Cómo supieron entonces que no era personal?
R. Por la información que manejamos. Hay cosas que sabemos, pero que no podemos revelar, hasta que no las tenemos documentadas. Muchas veces, por ejemplo, viene un testigo y dice algo, pero luego no quiere firmar su declaración. En este caso, tenemos una teoría del caso sólida, pero todavía no concretamos.
P. ¿Y el caso del asesinato de El Ray en prisión? Es uno de los que salió en la foto con el gobernador. Lo mataron en un motín, con saña, ¿qué avances hay?
R. Bueno, ahora en medios se dice que hay una relación entre esa imagen y la muerte de El Ray. Pero no hay… Lo que tenemos nosotros es que fue una riña y murieron seis internos. Y a él incluso le prendieron fuego. En la fiscalía anticorrupción hay una investigación por la posible responsabilidad del Gobierno en ese asunto. Tenemos identificados a los que lo hicieron, falta tomar declaración a varios sujetos para proceder en contra de ellos.
P. Sobre la foto en cuestión y lo que dijo el lugar y el momento en que se tomó, lo fortuito del evento, ¿le parece posible?
R. Todos sabemos que el 12 de diciembre de 2018, Blanco estuvo en otras actividades. Estuvo en una misa en Cuernavaca y luego en una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Es muy improbable que ese mismo día estuviera en Yautepec [donde el viario de la Diócesis de Cuernavaca dice que se tomó la foto]. Y además no hay reporte de prensa de que estuviera allá. Es muy conocido, los medios se habrían dado cuenta.
P. En prensa se ha escrito estos días que si esa reunión fue en diciembre de 2018 o a principios del año siguiente, algo habría pasado después para que trataran de matar a El Ray, allá en Cuautla, en abril, antes de que lo agarraran y por supuesto, antes de que l mataran finalmente en prisión.
R. Lo que nosotros sabemos es que hubo un ataque en un restaurante. Seis personas murieron, menores de edad. La Fiscalía detuvo a los autores y ya obtuvimos sentencia en contra de dos personas por más de 80 años. Ahí no supimos por qué pasó. Y las dos personas sentenciadas no han dado luces sobre este asunto.
P. Acerca de la reunión de Blanco y la famosa foto, se ha hablado de una persona, La Jefa, cabecilla de un grupo criminal, que habría organizado la reunión. Y por ella se habló de un senador, Angel García, como facilitador de los asuntos de ella. ¿Hay alguna investigación abierta en relación con el senador?
R. Del senador no. A partir de las publicaciones de fotos de ella con diputados locales si abrimos una investigación.
