Esta semana el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador concedió 24 visas para agentes de la DEA que se desempeñarán en México. Para el staff presidencial fue un cabildeo sensible porque todavía hay fuerte malestar con la agencia antidrogas de EU en la cúpula militar. De hecho según pudo conocer LPO, hubo especial énfasis de parte de los oficiales para que entre los agentes que llegan a México no haya ninguno ligado al expediente del arresto del general Salvador Cienfuegos ni a la fallida captura de Ovidio Guzmán en Culiacán.
Pero en la óptica de EU este paso es solo el primero. La DEA va a pedir 50 visas adicionales para el 2022, así lo anticipan desde la embajada mexicana en Washington DC. Prácticamente la totalidad de esos agentes serán destinados a los estados del Pacífico.
Todavía no hay contrapartida para el Gobierno de López Obrador. El presidente pidió que EU autorice diez espías mexicanos en EU para investigar el tráfico de armas. El visto bueno llegaría en los últimos días de diciembre.
El punto más delicado del futuro inmediato pasa por una nueva ley emitida desde la Casa Blanca de Biden que dice que aquellos crímenes contra agentes de EU en el exterior del país deberán ser juzgados en territorio estadounidense. Este aspecto genera malestar en Palacio pero en principio sería concedido.
En octubre la DEA había presentado una lista de peticiones al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, para reactivar la cooperación incluido el que sus agentes pudieran participar en operativos, el tomar en serio las extradiciones de criminales y tener más acceso a inteligencia mexicana anticrimen.
Tras las restricciones impuestas por el Gobierno mexicano a la actuación de agencias extranjeras en su territorio, el subjefe operativo de la DEA, Matthew Donahue, declaró en mayo que las operaciones contra los grupos transnacionales de narcotráfico entre ambos países estaban congeladas.
Para relanzar la cooperación anticrimen, México y EU anunciaron en octubre un nuevo acuerdo binacional conocido como Acuerdo Bicentenario para sustituir a la llamada Iniciativa Mérida, por la que EU transfirió más de 3 mil 300 millones de dólares en entrenamiento, equipamiento y asesorías desde 2007.
